En plena asamblea de la ANDI, el presidente Uribe le dijo al presidente del gremio, Luis Carlos Villegas, que debió haber ido al túnel de La Línea para comprobar que el Gobierno está haciendo obras.
Pullas van y vienen
En plena asamblea de la ANDI, ante más de mil empresarios, el presidente Uribe le dijo al presidente del gremio de los industriales, Luis Carlos Villegas, que debió haber ido al túnel de La Línea para comprobar que el Gobierno está haciendo obras. Villegas le preguntó: "¿Y será que si quepo?". Poco después y antes de despedir a Uribe, Villegas lo invitó a la asamblea del año entrante en Medellín, cuando la ANDI cumple 65 años, y le dijo: "A usted no le gustan los discursos, pero creo que para esa fecha tendrá que echarse uno porque supongo que ya habrá definido si se queda o se va".
Más de la ANDI
La asamblea de la ANDI fue escenario de varios episodios anecdóticos. El protagonista de uno de ellos fue el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego. Cuando llegó a la vieja capilla del hotel Santa Clara, un salón decorado con largas telas que cuelgan del techo, para reunirse con el presidente de la ANDI, este lo recibió diciéndole: "Ministro, mire las sogas que hemos acondicionado para colgarlos... A los cuatro". La carcajada fue general. El Ministro iba acompañado por los directores del Inco, Invías y Aerocivil.
Quieto en primera
Hace dos semanas, el director de la división de Comunidades Afrocolombianas del Ministerio del Interior, Pastor Murillo, presentó renuncia protocolaria. El ministro Fabio Valencia Cossio estaba dispuesto a aceptarla pero se abstuvo de hacerlo por la petición que le hicieron algunos congresistas demócratas afrodescendientes gringos, entre ellos el influyente Gregory Meeks, que le pidieron mantener a Murillo en el cargo y no alterar la cuota de personas de color en el Gobierno. Algo parecido había ocurrido en tiempos de Carlos Holguín, quien pretendió relevar a Murillo pero los congresistas norteamericanos lo impidieron.
Amigos, amigos
Una fuerte y vieja amistad une al viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte. Cuando Orozco era magistrado del Consejo de la Judicatura, Ricaurte fue su magistrado auxiliar y luego, cuando fue profesor de la Universidad Sergio Arboleda, Ricaurte lo reemplazaba en sus ausencias. ¿Será que esa cercanía entre los dos funcionarios servirá para acortar las distancias entre el Gobierno y la Corte?
La apuesta de Samuel
El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, prepara un proyecto para definir el cupo de endeudamiento de la ciudad que piensa presentar al Concejo en los primeros días de septiembre. Moreno aspira a cuatro billones de pesos, el más alto de la historia de la ciudad: casi tres veces el que en su momento pidió su antecesor Luis Eduardo Garzón. Moreno está decidido a jugársela toda para poder sacar adelante sus propuestas de campaña, sobre todo el Metro, que es la que más expectativas ha creado y sobre la que varios conocedores del tema han expresado muchas dudas. Apuesta dura.
Con la zurda
Cuando hacía un recorrido en bicicleta con el alcalde Samuel Moreno, el secretario privado de la Alcaldía, Yuri Chillán, sufrió un leve accidente. Lo tumbó el "caballito de acero" y como el peso del cuerpo cayó sobre la mano derecha, esta se fracturó y debió ser enyesada. El percance no habría pasado a mayores de no ser porque es justamente con la mano enyesada con la que debe firmar las decenas de documentos que llegan diariamente a su despacho. Parece que lo más duro del golpe ha sido aprender a firmar con la izquierda.
'De paticas en la calle'
El hacinamiento en las cárceles está llegando a límites insostenibles. El problema es de tal dimensión, que en un espacio para no más de 50 detenidos hay que meter 800. Solo en Bogotá hay 10.145 presos y el cupo es para 5.548. Es decir, el déficit es de 4.497 cupos. Para reducir el hacinamiento, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, tiene previsto el uso de brazaletes electrónicos. La medida será puesta en práctica en diciembre y empezará con 2.200 presos que no presenten peligrosidad. Eso sí, deberán pagar de su bolsillo cerca de 25.000 pesos diarios si quieren estar 'de paticas en la calle'. Serán monitoreados mediante sofisticados sistemas y solo podrán moverse por rutas previamente establecidas.