Por iniciativa propia, que hay que reconocer y celebrar, Colombia decidió someterse al proceso de evaluación en DD.HH que adoptó recientemente la ONU y  que es ya conocido como "Examen Periódico Universal" (EPU). El 2008 es el primer año de este proceso de evaluaciones al que se llega -a diferencia de un mecanismo anterior- por decisión propia o por un medio aleatorio de selección entre los países miembros. En 10.700 palabras (no mas de 20 páginas) Colombia presentó el informe con sus anexos el 1 de septiembre, a la espera de que, coincidiendo con el Día Internacional de los DD.HH  se iniciara en firme, el 10 de diciembre,  el proceso de evaluación.

No es fácil exponerse a un escrutinio público de carácter internacional en materia de DD.HH. Muchos países, incluso con muchísimas menos situaciones críticas en materia de violencia o conflicto lo eluden sistemáticamente al amparo de los más variados argumentos. Que Colombia lo haga, y justo en un momento particularmente difícil de la situación de DD.HH, ha sido una decisión mas que conveniente. Si se le ha de poner la cara en el orden interno, ¿por que no hacerlo en el marco de un sistema de naciones, de donde pueden provenir tanto criticas como valiosa cooperación?

Nadie discute la gravedad de la situación actual de derechos humanos en Colombia pero igual seria absurdo desconocer los avances que se han obtenido. En medio de un debate político e ideológico intenso como el que vive el país, es fácil extraviarse entre los extremos de creer que "estamos bien" y el otro de que "no se ha hecho nada", todo lo cual ocurre en medio de una  extendida y compleja violencia atravesada por elementos tan perturbadores como los del narcotráfico, la degradación y la barbarie.

Tal vez como pocos, Colombia tiene un marco constitucional y un amplio desarrollo legal en materia de DD.HH. La Constitución de 1991 es un pacto alrededor de un Estado Social de Derecho cuya finalidad ultima  no es otra que la de hacer posible el respeto, la garantía, vigencia y disfrute de los Derechos Humanos. Colombia es además uno de los Estados que más tratados internacionales de DDHH y DIH ha ratificado, tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano. En el país opera una Oficina de la Alta Comisionada desde 1997, cuyo acuerdo ha sido prorrogado hasta octubre de 2010; hay 23 oficinas entre agencias,  fondos y programas de Naciones Unidas y una delegación del CICR.
 Es claro pues que no solo hay un marco político-jurídico de garantía de derechos sino también un amplio inventario de instrumentos nacionales e internacionales de observación, vigilancia y acompañamiento.

Son  grandes los avances pero mas lo son los desafíos. Las acciones cada vez más degradadas de los grupos armados ilegales, la incapacidad del Estado para controlar el territorio, las acciones u omisiones de agentes estatales y los efectos en la cultura ciudadana de la violencia, han producido una grave situación de violaciones a los DDHH.  Las estadísticas favorables no se pueden desconocer pero tampoco la  gravedad  de asuntos como los falsos positivos, el "rearme" paramilitar, el desplazamiento forzado o los cuestionamientos a políticas  en relación con las victimas, entre otras.

El  actual es un contexto de indudables y reconocidos  avances  en materia de DD.HH. y DIH  pero también  de persistencia de situaciones y hechos tan repudiables como inadmisibles. Y como en el caso de algunas enfermedades que la humanidad se ha esforzado en erradicar, la ocurrencia de un solo caso es en extremo grave. Así vale para una sola mal llamada "ejecución extrajudicial" o para una sola desaparición forzada.

Pero en Colombia estamos abocados a responder a estos desafíos de manera no solo decidida  sino también integral porque existen también otras dimensiones de los derechos humanos que la dureza y magnitud de los hechos que se originan en la violencia relegan a un segundo plano y que tocan con la pobreza, la exclusión y la discriminación. Por eso hay que animar a que también se tomen decisiones en otros frentes y una extraordinaria posibilidad la constituye que en el 2009 se concrete la adopción del "Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos".

En junio de 1993, Colombia, al igual que otros 171 Estados, suscribió, durante la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la "Declaración y Plan de Acción de Viena", los cuales llaman a que "cada Estado considere  elaborar un plan de acción  en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos". Pero el éxito de un empeño así pasa por reconocer, como lo plantea  ya un documento inicial, la integralidad de los derechos humanos y la dependencia recíproca entre los derechos a la vida y la libertad; los civiles y los políticos; los económicos, sociales y culturales;  asumiendo, en todo caso, como de gran importancia, la permanente concertación con la sociedad civil.