El fin de la historia

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Hacia una país incoloro, insaboro, indoloro e inodoro.

Con el fin del comunismo, Francis Fukuyama, pregonó a los cuatro vientos que habíamos llegado al fin de la historia y que el liberalismo económico y político se había consolidado en el firmamento mundial. En Colombia hoy parece estarse viviendo una situación similar con el anunciado comienzo del fin de las FARC. Las muertes de los comandantes militares de esa organización Tomás Medina Caracas, alias "El negro Acacio", Milton Sierra Gómez, alias "JJ", Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", Gustavo Rueda Díaz, alias"Martín Caballero" y de su fundador Pedro Antonio Marín, alias "Tirofijo" han suscitado un fervor inusitado entre los altos dirigentes del país y se da como un hecho el fin de una agrupación subversiva a la cual se le achacan la mayor parte de los males del país.

Igual entusiasmo suscitó en su momento las muertes de Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar y la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela, tras las cuales se avirozaba el debilitamiento de las redes dedicadas al narcotráfico y con ello toda la problemática social, económica, política y ambiental que generaba esta actividad ilícita.

Si nos atenemos a los hechos vemos que los grupos irregulares contribuyeron a que se pueda hablar del fin de la historia en Colombia, en la perspectiva de Fukuyama y hoy el liberalismo económico y político se consolide como la única vía para el desarrollo del país. Con ello, el capital nacional y transnacional tiene todo el camino listo para su reproducción. Veamos como operó este proceso:

Con la estela de muertes que dejaron a su paso narcotraficantes y guerrilleros el ciudadano promedio perdió sensibilidad ante la muerte y cuando se vino la racha de muertes propiciadas por los grupos paramilitares, poco le importó o incluso terminó justificándolas como actos de defensa, "limpieza social" o eliminación de personas sospechas de pertenecer a organizaciones de narcotraficantes o guerrilleros.
La arremetida paramilitar literalmente "barrió" todos los obstáculos que interferían la reproducción del capital: indigentes, campesinos, sindicalistas e intelectuales incómodos.

En el campo, los narcotraficantes hicieron parte de la tarea, al comprar o presionar la salida de muchos campesinos a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. Esta labor la completarían guerrilleros y paramilitares desde mediados de los noventa cuando arreciaron sus ataques contra poblaciones enteras y terminaron por generar el desplazamiento de cerca de tres millones de personas.

Reyes Posada (2008) calcula que de manera sistemática hacendados tradicionales, narcotraficantes y señores de la guerra se apropiaron de seis millones de hectáreas de tierra que ocupaban sectores campesinos.  En las tierras que ocuparon campesinos por varias décadas en el Urabá antioqueño y chocoano, el magdalena medio, en los Llanos orientales, hoy se abren paso varios proyectos agro-industriales para la producción de aceites y biocombustibles.

La buscada reforma agraria en el país anunciada y prometida desde la Ley 200 de 1936 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, revivida e igualmente incumplida en 1966 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, desembocó con el tiempo en una contrarreforma agraria, similar y de mayores proporciones a la que se dio en la década de los cincuenta  en las que también hubo apropiación de las mejores tierras de los campesinos en el Tolima, Valle del Cauca y la Costa Atlántica.

En el sector industrial y empresarial del país se dieron situaciones que permitieron el afianzamiento del gran capital nacional e internacional. La apertura económica de los noventa significó la quiebra de un número significativo de pequeñas y medianas empresas, la crisis del sector financiero, para esa misma época sacó,  de circulación prácticamente a la mayoría de cooperativas de ahorro y crédito constituidas con aportes de los sectores de trabajadores y le dejó el camino expedito a los grandes banqueros nacionales e internacionales.
La consolidación desde los noventa de los sistemas de contratación laboral temporal, la terciarización de la producción y los servicios y las empresas asociativas de trabajo propinaron un golpe fuerte a las organizaciones sindicales y por ende favorecieron los proyectos y leyes de claro beneficio a los grupos empresariales del país. La tasa de sindicalización del país fue reduciéndose paulatinamente, de un 13% en 1965 se pasó en la década de los noventa al 6% y en el 2000 a 5%.  Con un sindicalismo debilitado, reformas como el aumento de las semanas de cotización para poder acceder a la pensión, reformas laborales que disminuyeron los días de indemnización para los trabajadores despedidos, la formalización con el respectivo perjuicio de los trabajadores de la jornada laboral normal hasta las diez de la noche y la disminución de los porcentajes de recargo del trabajo en los días dominicales y festivos, pasaron sin mayor oposición.