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Desde hace dos años, Red PaPaz, una organización de padres de familia que, entre otros aspectos, trabaja en el ámbito de la prevención de adicciones, viene exigiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto. "Es urgente que se haga claridad: que todos sepamos en qué medida es inconveniente el consumo de estas bebidas, que sea unificado el etiquetado de los envases y que el Invima haga cumplir la reglamentación", dice Carolina Piñeros, directora ejecutiva de la organización, quien se manifiesta de acuerdo con que su venta sea prohibida a menores de edad.
El debate es de largo aliento y, más allá de los intereses económicos, tiene aspectos que de seguro no pasarán de largo en la discusión: ¿Hasta qué punto el Estado debe entrometerse en las preferencias de consumo de la gente? ¿Prohibir estas bebidas para reducir los efectos del alcohol no resulta como la alegoría de sacar el sofá para prevenir la infidelidad? Nada de eso da para subestimar la natural preocupación por la salud de los más jóvenes. Después de todo, como dice la concejala Jiménez, "si uno ni siquiera le ofrece un tinto a un niño, mucho menos va a ofrecerle un producto de estos".