Reforma a la salud: Cómo lo afecta a usted

Foto: Abel Cárdenas / Cambio

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Desde el viernes pasado, cuando el gobierno de Uribe publicó los esperados decretos de reforma al sistema de salud, no se habla de otra cosa. Al fin y al cabo son reformas que tocan a los ciudadanos comunes y corrientes, no importa el régimen al que estén afiliados. No es exagerado afirmar que así como en Estados Unidos, desde la posesión de Barack Obama hace un año, el debate sobre la seguridad social se tomó la agenda política, en Colombia la controversia ha desplazado, al menos por ahora, todos los demás temas.

El paralelo va más lejos. En ambos países -pese a las enormes diferencias de tamaño y desarrollo- se plantean dilemas entre metas deseables pero imposibles de lograr al mismo tiempo. En particular, la disyuntiva entre la necesidad de ampliar la cobertura o aumentar la calidad del servicio. Hacer ambas cosas al tiempo requiere de mucho dinero, y con frecuencia hay que escoger entre las dos y por eso el asunto es complejo y tiene profundas repercusiones políticas. Falta ver si el paralelo entre Estados Unidos y Colombia se extiende a sus efectos políticos. Allá el presidente Obama ha sufrido una caída vertiginosa de su popularidad, que se atribuye en buena medida a la reforma de la salud. En Colombia, algunos congresistas de oposición han planteado hacerle un debate de moción de censura a la figura visible y cerebro principal de la reforma: el ministro de Protección Social, Diego Palacio.

Los 16 decretos que Palacio ha defendido 'a capa y espada' -que se resumen, en sus agumentos centrales, en la columna exclusiva que escribió para CAMBIO- contienen decenas de detalles que apenas se están asimilando, pero también tienen una interpretación general, e incluso contienen también aspectos cuya definición está pendiente. Lo que queda claro es que desde hace tiempo se habían encendido voces de alarma sobre los problemas de financiación del sistema y si no se hacía nada la tendencia conducía a su quiebra. En consecuencia, hay medidas para aumentar los ingresos -los impuestos a la cerveza y otros alcoholes- y limitación de gastos. Esto último es lo más polémico porque implica, necesariamente, reducir servicios e incluso limitar los efectos de la tutela para quienes la utilizan para obligar a las EPS a prestar costosos servicios. Los decretos implican un recorte de las coberturas médicas de los planes obligatorios de salud (POS), el incremento de las barreras de acceso a los servicios especializados y las transferencias al usuario de ciertos costos asistenciales.

El debate tiene dos componentes. De una parte, si la fórmula adoptada es equilibrada o si hay sectores que concentran el mayor peso del ajuste. Y de otra, si lo que en la práctica es una gran reforma de la Ley 100 -de la que se había hablado desde hace muchos años pero que no se había podido realizar por razones políticas- se hizo por decreto. Es decir, por la puerta de atrás, sin un debate tan profundo como el que se ha dado en Estados Unidos durante un año, y sin una visión global coherente.

Los usuarios están inconformes. "No se sabe cuál será el futuro de la salud, no se ha pensado en el usuario, qué va a pasar con él", dice el presidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, y afirma que al priorizar la atención en salud de baja complejidad se restringirá aún más el acceso a los especialistas y limitará más la atención y los servicios. Según los críticos, el paciente difícilmente pasará del básico examen de medicina general porque para lograr una atención en mediana y alta complejidad la evaluación dependerá de una serie de variables que irán más allá de lo clínico, donde la relación económica costo-beneficio entrará a jugar un papel protagónico en la decisión asistencial. "Un país atendido con solo medicina general ¿en qué queda?", se pregunta Giraldo.

El dirigente se refiere al aparte del Decreto 128 que establece cómo los servicios por fuera del Plan Obligatorio -llamados ahora 'prestaciones excepcionales'- tendrán que ser financiados por los usuarios, quienes serán sometidos a una verificación de ingresos y de patrimonio, incluso familiar, para demostrar su capacidad de pago.

Según la norma, las 'prestaciones excepcionales' son "aquellas atenciones que exceden los beneficios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud que requieren de manera extraordinaria las personas afiliadas". En términos gráficos, un paciente cuyo tratamiento requiera un medicamento o un procedimiento que esté por fuera del POS deberá asumir parte del costo, o la totalidad, de acuerdo con su nivel de ingreso y de capacidad de pago. La fórmula incluye el uso de cesantías y de las pensiones voluntarias.

Se trata de una medida que tiene tanto de largo como de ancho porque, además de condicionar la prestación de un servicio al tamaño de la billetera del afiliado -que en dado caso puede necesitar atención de mayor complejidad-, su aplicación dependerá de una información que será el gran cuello de botella para acceder a la salud de calidad. Quién y cómo se medirá la capacidad de pago, los ingresos, el patrimonio personal y familiar, es la pregunta del millón y hoy nadie sabe la respuesta.

Camino de piedras

Esas inquietudes se integran a las dudas planteadas por los diferentes actores del sector (pacientes, prestadores, intermediarios, médicos) frente a los reales alcances y limitaciones de la prestación de los servicios, en la medida en que aún no se sabe cuáles serán los servicios y medicamentos a los que tendrán derecho los colombianos en el nuevo POS. Vale recordar que por orden de la Corte Constitucional -Sentencia T-760- el Gobierno tiene que unificar los planes de beneficios del régimen subsidiado y contributivo para garantizar el acceso equitativo a la salud, que según palabras de Palacio entrará en vigencia el 31 de julio, justo una semana antes del fin de la administración de Uribe.