Reforma a la salud: Cómo lo afecta a usted

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El ministro Diego Palacio sustenta su defensa en el argumento de que los decretos van a permitir que el sistema logre un equilibrio entre cobertura y financiación. En ese sentido ha asegurado insistentemente que por esta vía la unificación del subsidiado y contributivo ofrecerá un plan básico que no será menor al que actualmente tienen derecho los colombianos. Es decir, los afiliados no perderán.

Pero ese es precisamente el argumento que contradicen los críticos. La senadora liberal Cecilia López dice que en términos económicos solo es posible nivelar los planes de beneficios por lo bajo y no por arriba. Para ella, no es posible desde ningún punto de vista que el usuario, especialmente el de la clase media, deba pagar con sus ahorros por una responsabilidad que es exclusiva del Estado. Esa sospecha la han planteado también Juan Carlos Giraldo -de la ACHC-, Rodrigo Córdoba -presidente electo de las sociedades científicas- y el investigador de la Universidad Javeriana Fernando Ruiz. "El año pasado los ministros de Hacienda y de Protección dijeron que para cumplir con la sentencia de la Corte eran necesarios 6 billones de pesos, y el Gobierno no los tenía. Hoy, con los recursos que se pretenden recoger a través de los decretos, la cifra no alcanza", explica Giraldo.

Es normal que cuando se hace un ajuste las quejas provengan de los usuarios, y las exaltaciones, de quienes administran el servicio. Estos últimos consideran que las medidas adoptadas tendrán un impacto favorable en términos financieros y también en el mejoramiento de la atención y calidad de los servicios. El ex ministro de Salud Augusto Galán Sarmiento ha asegurado que tal como se concibieron los decretos se va a dar un respaldo estructural al modelo actual. Galán ha manifestado que mejorar el flujo de recursos del sector e incrementar su monto, hacer partícipe al afiliado a través del mecanismo de cofinanciación de los servicios -que permitirán un acceso racional a ciertas prestaciones excepcionales- y la autorregulación de los médicos son respuesta a la necesidad de sostenibilidad del sistema.

Una necesidad que Juan Manuel Diazgranados, presidente de la Acemi -gremio que reúne a las EPS del contributivo-, ha advertido que debe ser considerada en su extensión, toda vez que esa disponibilidad de dinero tiene que responder a unas necesidades básicas, donde la priorización de servicios y beneficios juega un papel fundamental para la sostenibilidad. Según él, las medidas eran necesarias y, en general, están bien orientadas.

Punto de vista con el que coincide Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI, al celebrar que la mayoría de los conceptos que enmarcan los decretos (fijar límites al POS y al 'no POS' y buscar recursos en las prestaciones extraordinarias, nuevos impuestos o liberación de recursos, por ejemplo) fueron planteados en la asamblea de su gremio el año pasado. "La prioridad es la sostenibilidad del sistema de salud y eso es lo que hay que proteger. Ya hay unas medidas que inyectarán 4 billones al sector y que, sin lugar a dudas, van a evitar el colapso", asegura.

Como quiera que sea, la polémica está encendida y solo se extinguirá cuando el Ministerio de la Protección Social establezca con absoluta claridad cuáles serán los alcances del nuevo plan básico de salud al que tendrán derecho los colombianos, qué servicios y medicamentos estarán incluidos y cuáles excluidos, y si la nivelación reducirá los derechos adquiridos por los contributivos, como se ha denunciado en diferentes escenarios.

Por ahora, la tarea prioritaria del Gobierno será responder al requerimiento de la Corte Constitucional, que le exige explicar al detalle cuáles fueron los argumentos del estado de excepción para declarar la emergencia social y posterior expedición de los decretos. Así mismo, antes del viernes próximo Palacio deberá entregar a este tribunal los documentos y soportes estadísticos que justifiquen las medidas expedidas por el Ministerio. La Corte definirá si las medidas adoptadas se ajustan a la Constitución y si las 'reformas por decreto' se debieron tomar a través del Congreso de la República.

El camino será largo. Es positivo que se le haya metido el diente a un asunto espinoso y políticamente sensible, más aún en plena campaña. La omisión ya se había convertido en una bomba de tiempo que iba a explotar y se necesitaba ajustar el cinturón o aumentar los ingresos. La reforma contiene decisiones en ambos sentidos, pero no se puede descartar la hipótesis de que el gran 'paganini' será el ciudadano común. Y en particular, los 18 millones de afiliados al régimen contributivo que serán tratados como los 24 millones que hacen parte del régimen subsidiado.