Conversaciones que ratificarían vínculos del Presidente del Congreso con irregularidades en Etesa

Héctor Fabio Zamora / Cambio

(Página 1 de 4)

Jorge Monroy Cochez, mesero de un club social de Cartagena, ganaba el salario mínimo y redondeaba sus ingresos con las propinas de los clientes. Pero el año pasado en su cuenta de ahorros movió cerca de 500 millones de pesos, como consta en sucesivas consignaciones hechas la mayoría desde Bucaramanga, donde según decía tenía negocios que ocultaba a su familia. Una situación similar se registró en los movimientos financieros de Giovanny Parada García, un joven cartagenero que manejaba un taxi por turnos y que, según los vecinos del barrio San Francisco, vivía 'arrancado'.

Las contradicciones planteadas entre las historias de Monroy y Parada y los movimientos de sus cuentas, comenzaron a ser resueltas en junio del año pasado, cuando detectives comisionados por la entonces fiscal 304, Claudia Esther Pérez Duarte, destacada ante el DAS, pudieron establecer que los dos hacían parte de un grupo de personas que cobraban comisiones para que empleados de Etesa movieran las jugosas sumas que cobraban a operadores ilegales de casinos, máquinas tragamonedas y juegos de suerte y azar, a cambio de permitirles funcionar en forma clandestina.

Alexander Gómez Stevenson, entonces delegado de Etesa para los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y Vichada, apareció entonces como una de las cabezas visibles de la operación ilegal. Gómez, quien fue llevado al cargo por la entonces gerente de Etesa, Mery Luz Londoño, cuota del hoy presidente del Congreso Javier Cáceres, y de quien recibía instrucciones por celular. Además, decidió nombrarse un asistente, Wálter Enrique Caicedo García, pese a que el cargo no figuraba en la estructura de la entidad.

"Lo que encontramos fue vergonzoso -le dijo a CAMBIO uno de los investigadores-. Por medio de las líneas celulares 3145724571 y 3202304475 eran impartidas instrucciones sobre a quién y cuánto cobrar, y sobre el destino del dinero. Hubo meses en que los cobros ilegales alcanzaron los mil millones de pesos. Los operadores clandestinos pagaban sin problemas y todos ganaban en esa red de corrupción".

El descaro con el que actuaban Gómez y su asistente Caicedo los puso en evidencia, y el 17 de marzo de 2009 fueron capturados por el Gaula de la Policía en Bucaramanga por tentativa de extorsión, y recluidos en la cárcel Modelo de esa ciudad. Pero la prisión no les impidió seguir delinquiendo, y mediante teléfonos que creían seguros daban instrucciones sobre cobros, comisiones y remesas de dinero.

Ante el carcelazo de Gómez, Londoño lo reemplazó por el novio de la hija del detenido, Jaime Román Miranda Quintero, quien se posesionó el 25 de febrero de 2009 y el 26 ya recibía instrucciones desde la cárcel, como lo revelan conversaciones interceptadas por orden judicial. 

Sin embargo, una filtración a los medios de partes de la investigación estuvo a punto de dar al traste con ella. Gómez y Miranda decidieron buscar otras formas de comunicarse, pero la "cadena de la felicidad", como la llamaban algunos de los implicados, no se rompió. Los celulares se apagaron temporalmente y buena parte de las instrucciones para el manejo de las comisiones las daba Gómez por medio de su hija Vanesa, novia de Miranda.

Renuncia Londoño

En la medida en que avanzaba la investigación, fueron apareciendo nuevos nombres de comisionistas que prestaban sus cuentas para las operaciones más grandes. "Uno de ellos tenía un nombre que parecía hecho para la ocasión: Carlos Javier Cuentas Martínez -relata un investigador-. Era uno de los que más dinero movía y los secretos que nos revelaría su celular, el número 3145724571, nos llevó al convencimiento de que el asunto era más grande de lo que creíamos y que en él estaban comprometidos algunos personajes de mucho más peso que los mandos medios que teníamos en la mira".

Mientras los investigadores del DAS analizaban y cruzaban información de las centenares de conversaciones telefónicas interceptadas, la Fiscalía advirtió que otra fuga de información, esta vez hacia la propia Etesa, comenzaba a afectar la investigación. Según una fuente del órgano de control, curiosamente Londoño comenzó a anticiparse a los requerimientos de la Fiscalía y cuando una comisión del DAS fue enviada a inspeccionar las oficinas de la entidad, los documentos que figuraban en las órdenes de trabajo de los detectives aparecían como por arte de magia. Pero su contenido simulaba mal su apariencia de legalidad. Por ejemplo, las actas de inspección indicaban que las visitas a los operadores ilegales habían sido rigurosas y hasta anticipaban sanciones, pero las grabaciones de las conversaciones y las coletillas de las consignaciones probaban lo contrario: arreglos millonarios por debajo de la mesa.