La Seguridad Democrática en crisis

Medellín, agosto de 2009, comuna noroccidental: el ajuste de cuentas entre bandas ha incrementado los homicidios en este sector de la ciudad. Foto: Reuters

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Los resultados de 2009 indican que la política de Seguridad Democrática ha empezado a declinar. Tuvo su punto más alto en 2008 cuando fueron extraditados 14 jefes paramilitares, se produjo la muerte de tres miembros del Secretariado de las Farc, se realizó la 'Operación Jaque' que trajo a la libertad a Íngrid Betancourt y a otros 14 secuestrados, y se redujo el tráfico de drogas. 

Fue el momento cumbre de un proyecto que a lo largo de seis años había reducido los homicidios, los secuestros y el asedio de los grupos ilegales a los grandes centros de población y producción, mediante un gran esfuerzo del Estado y del sector privado que llevó a un aumento de más del 70 por ciento de los efectivos de la Fuerza Pública y a uno similar en los gastos de defensa.

Los impactantes resultados de 2008 generaron una gran euforia en el Gobierno y en la opinión pública y llevaron a pensar a muchos sectores que los paramilitares eran asunto del pasado y que las guerrillas estaban en su momento final.

Sin embargo, el balance de las acciones y de la presencia de los grupos ilegales en 2009 muestra un panorama distinto. Una nueva generación de  paramilitares -llamados por el Gobierno 'Bacrim', bandas criminales- está extendiéndose de manera acelerada por todo el país  y sus acciones han logrado un récord que supera la suma de las actividades de las Farc y el Eln.

Especial atención merece el caso de las ciudades. Medellín ha regresado a una situación muy parecida a la de 2003. Las bandas y los 'combos' se han reactivado y han logrado que este año la cifra de homicidios se acerque a 2.000: una tasa de 73 por cada 100.000 habitantes. Bogotá está empezando a vivir una preocupante presencia de grupos armados y mafias en las principales entradas y salidas de la ciudad, que acuden a la violencia y al sicariato para apoderarse de negocios lícitos e ilícitos. Y en otras 13 ciudades también se siente la proliferación de grandes bandas herederas de los paramilitares.

En cuanto a la guerrilla, después de sus graves derrotas en la cordillera Oriental, se ha atrincherado en lugares clave de la cordillera Central y en las zonas fronterizas de Venezuela y Ecuador,  y ha iniciado con éxito un proceso de reorganización de sus fuerzas y relanzamiento de sus actividades. Hasta octubre 20, las Farc registraban 1.429 acciones, cerca del 30 por ciento más que en 2008. Han vuelto a atacar bases fijas y a incursionar en cascos urbanos con resultados muy negativos para las Fuerzas Militares y la Policía. El Eln, a pesar de su marginalidad y su baja actividad en los últimos años, muestra ahora un incremento considerable en sus filas y una mayor actividad de sus estructuras en Cauca, Nariño y Arauca.

Las Fuerzas Armadas están afrontando una dura prueba. El asesinato de 12 jóvenes oriundos de Soacha en un lejano paraje de Norte de Santander a manos de una unidad del Ejército, sacó a la luz pública una inmensa cadena de ejecuciones extrajudiciales que tienen a la Fuerza Pública en graves aprietos ante la Justicia y ante la comunidad internacional. Se conoció entonces que la Fiscalía tiene en procesos a más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas y que 476 están presos.  Esta situación, ligada al desgaste natural que traen siete años de ofensiva continua sobre las guerrillas, ha llevado a una pérdida de iniciativa de las Fuerzas Militares en algunas zonas del país.

La visión de que ha comenzado el declive de la seguridad democrática emana del informe anual del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris. Sobre la base de fuentes oficiales de la Vicepresidencia de la República, el seguimiento de la prensa regional, estudios monográficos en regiones y ciudades, y un diálogo intenso con otros centros de investigación y con fuentes de inteligencia militar, los investigadores de Arco Iris han logrado una radiografía de la situación de los grupos irregulares y del estado de la confrontación en el país, y señalan que es urgente un cambio en las estrategias que parta de reconocer los nuevos desafíos de la criminalidad en las ciudades y el reacomodo de las guerrillas. Que tenga en cuenta también la reducción de los gastos en el conflicto interno que vendrán con la crisis económica, el recorte de los dineros del Plan Colombia y la atención de la crisis con Venezuela.

Una gráfica que recoge una larga línea de tiempo de las acciones del Estado y de los grupos irregulares puede ilustrar el momento en que nos encontramos:

En su afán de esconder las limitaciones y fallas que se presentaron en la negociación con los paramilitares, el Gobierno ha insistido en deslindar los grupos que ahora se cobijan bajo las denominaciones de Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Paisas, Nueva Generación, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, Oficina de Envigado, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, etc., de las fuerzas que estuvieron en la mesa de conversaciones en Santa Fe Ralito. Y también ha intentado minimizar el alcance de las acciones de estas organizaciones.