¿Cuál es la salida?

Augusto Ibáñez (izq), Álvaro Uribe. Fotos: Felipe Pinzón / Presidencia, Rodrigo Sepúlveda / Cambio

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Los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del Presidente de la República en torno a la elección del fiscal general parece la repetición de lo que viene ocurriendo desde hace cuatro meses. El Presidente insiste en que los nombres de la terna cumplen los requisitos legales y la Corte Suprema insiste, por su parte, en que la terna sigue siendo inviable. Sin embargo, la repetición de los golpes entre las dos partes tiene un efecto acumulado, la crisis crece, sube el tono de la agresión y las consecuencias institucionales se hacen cada vez más graves.

La posición del Gobierno se ha radicalizado. Quienes conocen al presidente Uribe afirman que nunca lo habían visto tan furioso como el pasado sábado durante el consejo comunitario celebrado en Ibagué, cuando arremetió contra la Corte. Ya el jueves le había dedicado una alocución televisada al asunto. "¡Yo no sigo manejando el tema de la escogencia del nuevo fiscal en encerronas entre cuatro paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados!", afirmó el Presidente ante el estupor de los asistentes. Y fue más allá: "Es función constitucional exclusiva del Presidente de la República conformar la terna para elegir al fiscal general de la Nación y en el ejercicio de la misma no puede intervenir otra rama del Poder Público".

El lunes feriado, el ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia, leyó desde las escalinatas de la Casa de Nariño un comunicado en el mismo tono: "Cuando el Presidente de la República presenta la terna para elegir fiscal general no hay margen de discrecionalidad para la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión está condicionada únicamente por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución". Y remató su declaración en forma categórica y retadora: "Decir que la terna es inviable es quebrantar el orden institucional". Por su parte, el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, había declarado que "la Corte no responde ningún planteamiento que sea agresivo o contra la institucionalidad".

El choque de trenes cada vez es más peligroso. La interinidad del fiscal se prolonga, y lo peor es que las actitudes se polarizan sin que exista alguna entidad que pueda cumplir un papel de mediación o de arbitraje. Al fin y al cabo, se trata de un enfrentamiento entre las máximas instancias de los poderes Ejecutivo y Judicial: el jefe del Estado y la Corte Suprema.

La sinsalida se debe, al menos en parte, al clima político crispado que genera la intención del Presidente de buscar una nueva reelección, y a la distorsión que le crea a las instituciones diseñadas por la Constituyente de 1991 la prolongación de una misma persona en el poder. Todos los presidentes han enfrentado problemas derivados del ejercicio de sus funciones, en forma personal o en cabeza de miembros del Gobierno. César Gaviria vio procesados a varios ministros por cuenta de la fuga de Pablo Escobar con un fiscal elegido de una terna propuesta por él pero que no estaba entre sus favoritos. Igual situación enfrentó Ernesto Samper, que le tocó el proceso 8.000 bajo la administración de Alfonso Valdivieso; y Andrés Pastrana debió enfrentar el escándalo de Chambacú y el proceso de paz del Caguán durante la gestión de Alfonso Gómez Méndez como fiscal general.

Pulso de poderes

Uribe no es la excepción. Ha tenido que enfrentar el encarcelamiento de más de la mitad de su bancada por vínculos con grupos paramilitares, el juzgamiento del hermano de su Ministro del Interior y los escándalos de Fiduagraria, Agro Ingreso Seguro, Inco, Incoder, la Superintendencia de Notariado, la 'Yidispolítica', las 'chuzadas' del DAS y los 'falsos positivos', entre otros. La posibilidad de una nueva reelección y de que en el tercer cuatrienio el fiscal no tenga autonomía frente al Ejecutivo genera entonces una dificultad adicional. En el pasado, desde cuando fue creada esta figura, los mandatarios se entendían con fiscales elegidos bajo la influencia de sus antecesores, lo cual establecía un sano equilibrio institucional. Pero tal como están las cosas, si Uribe es reelegido tendrá un fiscal amigo.

El último acto del dramático choque de trenes tiene una complicación más. El impasse pudo haberse solucionado con la renuncia de Juan Ángel Palacio, el más cuestionado de los tres candidatos, y su reemplazo por el también consejero de Estado Marco Antonio Velilla. El Presidente consideró que ese cambio despejaba el camino para que la Sala Plena votara y fuera superado el problema. Así lo consideraron también el presidente de la Corte Augusto Ibáñez y el magistrado Jaime Arrubla, que sostuvieron un encuentro cordial con Uribe.

Sin embargo, la Corte en pleno asumió otra posición: la mayoría de sus miembros opinó que la renovación de un nombre de la terna no arreglaba el asunto  e insistió en el argumento de su inviabilidad. Así, al ser descartada por la Corte la que habría podido ser una tabla de salvación, se convirtió más bien en un agravante de la situación, pues desató la ira del Primer Mandatario y a la vez les dio argumentos a quienes sostienen que el máximo tribunal está actuando en forma irracional y con motivaciones políticas. Esa oportunidad se cerró rápidamente y la Corte pagó un precio en imagen.