¿Cuál es la salida?

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Por esta razón ha cogido fuerza la idea de que la Corte debe entrar a votar. Ya en otras ocasiones -en la selección de Gustavo De Greiff en 1991 y en la de Camilo Osorio en 2002- hubo votaciones en las que el voto en blanco fue mayoritario y la decisión final se dio después de varios intentos. Voces autorizadas como las del constitucionalista y ex ministro  Humberto De la Calle y el ex procurador Jaime Bernal, abogan por esta forma de poner fin al rifirrafe de manera institucional.

Los otros argumentos sobre la inviabilidad también tienen debilidades. El que tiene que ver con la preferencia porque los miembros de la terna sean expertos en derecho penal  puede ser fuerte desde el punto de vista de opinión, pero no está establecido en las normas ni ha sido la práctica desde que la Constituyente de 1991 escogió el sistema único y sui géneris de la fórmula para elegir al fiscal: que el Ejecutivo presente una terna y la Corte elija, como una forma de compartir la responsabilidad de la selección.
Finalmente, hay otras figuras importantes del Estado que se escogen de ternas de diverso origen: el contralor, el procurador y la Corte Constitucional. En los tres casos la Corte Suprema juega un papel, y nunca ha esgrimido la tesis de la inviabilidad. El pulso de ahora puede sentar un precedente inconveniente para el futuro.

Aunque estas reflexiones fortalecen la hipótesis de que la Corte debería entrar a votar, es poco probable que el clima político lo permita y por eso han surgido otras alternativas. El Gobierno podría hacer una consulta al Consejo de Estado, por ejemplo, pero esta fórmula no goza de simpatía en la Casa de Nariño.  Y algunos han sugerido acudir a una acción de cumplimiento para obligar a la Corte a elegir, pero no es claro que la receta pueda aplicarse en este caso.

Héctor Garzón Mafla, profesor de Derecho Procesal de la Universidad del Valle, sostiene que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia prevé que el cargo de fiscal general de la Nación no puede ejercerse en interinidad más de tres meses, y que como el actual fiscal encargado se posesionó el 1˚de agosto, debería ya dejar el cargo. "En estas circunstancias, el Gobierno podría designarlo por decreto", explica el catedrático.

Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry considera que la mejor opción sigue siendo que las partes se reúnan nuevamente y busquen un entendimiento. "Podría darse a partir de dos premisas -afirma-. La primera, que la Corte elija de los candidatos postulados, que someta a votación los nombres de la terna, y la segunda, que la Corte Suprema de Justicia le explique al Presidente de la República con absoluta claridad por qué le parecen inviables todos los postulados".

Está por verse si antes del 12 de noviembre, cuando vuelve a reunirse la Sala Plena del alto tribunal, ha cedido la polarización y se abre paso un proceso de reflexión constructiva, algo que por lo pronto no parece posible. Todo indica que la tensión sigue subiendo, los riesgos institucionales se multiplican y el choque de trenes se vuelve más peligroso.