Octubre 21 de 2009
Dudas pendientes sobre las bases militares
La ola de indignación regional ya es irreversible, y no importa cuál sea el texto final del acuerdo. Por Sandra Borda Guzmán, profesora e investigadora.
El proceso que ha tenido lugar después de que se hicieron públicas las negociaciones sobre la presencia estadounidense en las bases militares colombianas, ha dejado muy importantes lecciones. Para empezar, queda claro que en materia de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia hay elementos de continuidad importantes. A pesar de que este tratado se empezó a negociar durante la administración Bush, no ha habido hasta ahora la voluntad política de frenar el proceso o de cambiarle de rumbo. Sin embargo, todavía está por verse cuán decidida está la administración Obama a meterle la ficha al tratado ahora que el panorama parece complicarse en Colombia. La decisión del Consejo de Estado que obliga al Gobierno a enviar el texto para aprobación del Congreso colombiano, puede o no impulsar un proceso análogo en Estados Unidos. Y si bien las cosas no estarán fáciles en medio del debate electoral colombiano, la verdad es que no lucen mucho mejor en medio de la batalla campal que están librando republicanos y demócratas en el legislativo estadounidense.
Es cierto que el Gobierno estadounidense ha dado muestras de apoyo importantes a favor de la firma del tratado, pero no es claro que el presidente Obama necesariamente vaya a traducir este apoyo retórico en otra pelea con sus opositores, especialmente cuando se trata de un tema que en definitiva no hace parte de las prioridades de su agenda exterior. En últimas cuentas, se trata de un proceso heredado de la administración anterior que finalmente parece no encajar del todo en su visión del papel de Estados Unidos en el mundo y en su aún por definir política exterior hacia América Latina.
Además, en un momento político en el que Obama y su zar antidrogas han hecho un llamado general para evitar el uso de la expresión 'guerra contra las drogas,' en el que se ha convocado una comisión bipartita especial para evaluar la estrategia antinarcóticos, y en donde el Presidente estadounidense ha dado la orden de dejar de perseguir y arrestar a aquellos ciudadanos que consumen marihuana por prescripción médica, la justificación estratégica antinarcóticos de la presencia estadounidense en las bases militares colombianas puede estarse debilitando.
Sería un acto de tremenda ingenuidad y tal vez el resultado de un análisis más guiado por el deseo que por la realidad, sugerir que se está iniciando el final de la guerra contra las drogas. Pero no es excesivo pensar que el convencimiento de que no hay otras alternativas al prohibicionismo extremo, puede estarse debilitando parcialmente en Washington. Existe entonces la posibilidad de que dicho debilitamiento se manifieste en una visión menos comprometida con sacar adelante el tratado bilateral de cooperación militar.
Del lado colombiano, es crucial volver a insistir en que la estrategia de comunicación oficial demostró, a lo menos, un error de cálculo inmenso, y a lo más, una actitud sintomática de la arrogancia frente a los pares de la región. Arrogancia que, por supuesto, se traducirá en un mayor aislamiento del país en su vecindario.
El gobierno Uribe le dejó a otros la construcción del libreto que explicaría su renovada cooperación con Estados Unidos: hoy el tema es presentado en términos de la instalación de bases estadounidenses en territorio colombiano y ya muy pocos están interesados en leer la letra menuda del acuerdo. Por más que Uribe prometa a líderes de la región que les mostrará el texto del tratado, el libreto escrito fuera y no dentro de Colombia, domina los términos del debate en América Latina y ha generado una ola de preocupación irreversible.
Adicionalmente, el debate se ha planteado en términos demasiado desafiantes y ha dejado muy poco lugar para la concertación y el trámite conjunto de preocupaciones. El Gobierno insiste en que tiene la potestad y la libertad de firmar este y cualquier otro tratado de carácter bilateral militar y que no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Este discurso que consiste en afirmar que 'Colombia tiene que ser firme' y que 'el país tiene que hacerse respetar' solo ha contribuido a alienar gobiernos más moderados de la región.
Seamos claros: la discusión aquí no es si Colombia puede o no puede firmar este tipo de acuerdos con Estados Unidos o con cualquier otro país. Las normas internas e internacionales dejan claro que esta decisión es absoluta potestad del Gobierno colombiano y por ello nadie ha argumentado que se trata de un acuerdo ilegal o que viola flagrantemente la soberanía de ningún Estado. Allí no es donde reside el problema. El inconveniente está en que el Gobierno colombiano no puede pretender decirles a los vecinos que firmó dicho tratado porque quiso, pudo y no le dio miedo, y luego sentarse a esperar que el argumento sea suficiente para calmar el justificado alboroto. El tener la capacidad y el poder de tomar una decisión es en muy pocos casos una justificación satisfactoria para quienes de una forma u otra, directa o indirectamente, se ven afectados por la misma. Todos, dentro y fuera del país, se quedaron esperando los argumentos y las explicaciones gruesas: ¿cómo contribuirá esta nueva forma de cooperación a mejorar los muy magros resultados de la llamada 'guerra contra las drogas'? ¿Cómo afectará la renovada presencia militar estadounidense la dinámica del conflicto colombiano? ¿Por qué siete y no más o menos bases? ¿De qué tipo de presencia militar estamos hablando?
Una presentación en detalle del tema, una vez se hicieron públicas las negociaciones, hubiese podido contribuir a un debate mucho más informado, más técnico y, de pronto, más correspondiente con las necesidades nacionales.
Pero se optó por una presentación politizada y desintonizada de las preocupaciones legítimas de los vecinos y de la región en general. En suma, una presentación muy típica de un gobierno que cree que sus altos índices de popularidad domésticos se traducen automáticamente en aquiescencia internacional y beneplácito regional. Lo más preocupante es que el Gobierno aún no cae en cuenta del daño que produjo y seguramente empleará la misma estrategia cuando otra coyuntura lo demande. No hay peores errores que aquellos de los que no se aprende.
Por Sandra Borda Guzmán,
profesora e investigadora.