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Vea los facsímiles de los contratos.
Algarrobo, un pequeño municipio del Magdalena de 1.358 kilómetros cuadrados y 12.000 habitantes, ha estado en las primeras planas de las noticias en los últimos días y no por la elección de alcalde que se llevará a cabo el domingo 18, sino porque allí tienen grandes extensiones de tierra los Dávila Jimeno, una poderosa familia samaria que ha recibido más de 2.200 millones de pesos en subsidios de Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura, el programa que está en el ojo del huracán porque solo en 2008 el 35 por ciento de los recursos adjudicados acabó en manos de unas pocas familias, entre ellas la Dávila Jimeno. Llegar a Algarrobo no es fácil. Con dificultad, y por 300.000 pesos, dos periodistas de CAMBIO lograron que un joven taxista, 'el viejo Richar', se le midiera a recorrer los 129 kilómetros de carretera que lo separan de Santa Marta, buena parte en mal estado.
Una vía polvorienta atraviesa extensos cultivos de palma africana, por la cual se llega a las dos fincas que los Dávila Jimeno tienen en los límites del pueblo: Campo Grande y La Faena, más de 1.500 hectáreas sembradas de palma. El objetivo era verificar si los recursos asignados para cinco proyectos de riego y drenaje -todos en Campo Grande- habían sido efectivamente invertidos y generado, como lo aseguró el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, más de 500 empleos. Algarrobo, que nació como municipio en 1999 y estuvo durante muchos años azotado por los grupos armados, es un pueblo pobre como la mayoría de los 30 municipios del departamento, de calles destapadas y sin servicio de agua potable, con un hospital y dos escuelas, que aún espera que se haga realidad la promesa que hace dos años les hizo el presidente Uribe de que pronto tendrían alcantarillado.
Su gente es cautelosa, teme hablar sobre la familia Dávila y sus propiedades porque cree que podría perder la única fuente de empleo que ha tenido en años en los cultivos de la palma. Y la Policía refuerza la vigilancia y los controles. Aun así, en medio de vallenatos que suenan a todo volumen, CAMBIO logró hablar con uno de los empleados que lleva 20 años trabajando en las tierras de los Dávila.
Con voz pausada, el hombre curtido por el sol cuenta que su patrón, Juan Manuel Dávila Jimeno, lleva muchos años trabajando la tierra, que ha sido un empresario exitoso y ha contribuido a generar decenas de empleos en sus dos haciendas. Sin embargo, no sabe qué es el programa Agro Ingreso Seguro, pero dijo que el año pasado su patrón invirtió en tuberías para riego en las plantaciones. "Aquí hay una parte de la finca que tiene riego, pero falta la otra parte por hacer", aseguró.
No obstante, cuando los periodistas preguntaron por los proyectos de la esposa de Dávila Jimeno, María Clara Fernández de Soto, y de sus hijos Juan Manuel y Ana María, que también recibieron subsidios no reembolsables del programa gubernamental, aseguró: "El único que ha generado trabajo es mi patrón, es el único que tiene fincas aquí y el único que viene, aunque de vez en cuando aparece su hijo 'don Juanchito'. Pero yo no he visto a las señoras que ustedes me mencionan, ni siquiera sabía que ellas tenían tierra aquí".
Y sobre la ex reina Valerie Domínguez, novia de Juan Manuel Dávila, y a quien le fueron aprobados 306 millones de pesos en subsidios para riego y drenaje, y a los que renunció tras el escándalo, el empleado de Dávila Jimeno dijo: "A ella sí la he visto pero en televisión. Aquí nunca se ha aparecido y que yo sepa tampoco tiene tierras".
Los Dávila Jimeno fueron los únicos beneficiarios de millonarios subsidios del programa Agro Ingreso Seguro para riego y drenaje en esa zona, y una de las cuatro grandes familias en el departamento. Y llama la atención la forma en que accedieron a los recursos. CAMBIO pudo establecer que los proyectos presentados por la familia Dávila y sometidos a evaluación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, operador del convenio Agro Ingreso Seguro para "riego y drenaje" del Ministerio de Agricultura, son idénticos en su forma y todo parece indicar que ocultan un fraccionamiento de tierras para hacer posible que la misma familia pudiera beneficiarse de más recursos públicos para invertir en las mismas tierras en el mismo año.
Juan Manuel Dávila Jimeno, propietario de las fincas Campo Grande y La Faena, a finales de 2008 recibió 445 millones de pesos en subsidios no reembolsables a título personal y por medio de su empresa Agroindustrias JMD y Cía. otro por 442 millones. Pero también recibieron subsidios su esposa María Clara (440 millones) y sus hijos Juan Manuel (435 millones) y Ana María (448 millones), todos para invertir en las mismas tierras. ¿Cómo lo hicieron? El 27 de febrero de 2008, Dávila Jimeno firmó contratos de arrendamiento de la finca Campo Grande con cada uno de sus tres familiares: a su esposa le arrendó 105 hectáreas por 1,5 millones pesos mensuales; a Juan Manuel 98,5 hectáreas por un millón de pesos al mes, y a Ana María 106,5 hectáreas por un millón de pesos mensuales.