Operación Magdalena

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Según el certificado de Cámara de Comercio, Polo constituyó la empresa familiar con su esposa e hijos el 19 de octubre de 2007, con un capital de cinco millones de pesos. Dos años después,  el edificio que está construyendo su sociedad familiar es  cuestionado porque presuntamente se apropió de terrenos de la Nación que le dan al edificio acceso directo a la playa.  Polo niega su participación en la sociedad:  "Es de mi hijo que está asociado con una empresa de Medellín -dice-. Cuando pase el lío de Agro Ingreso Seguro les hablo del tema".

El edificio de los Polo está a pocos metros de la sede del grupo Daabon, de los Dávila Abondano, una de las cuatro familias samarias que más subsidios recibió de Agro Ingreso Seguro el año pasado: más de 2.200 millones que invirtió, sobre todo, en proyectos en La Guajira (ver siguiente artículo).

Arrecian críticas

El programa Agro Ingreso Seguro está hoy bajo la lupa y ha sido blanco de muchas críticas, incluso de personas cercanas al Gobierno que han dicho que hacen falta explicaciones por parte de los responsables para despejar dudas. Por ejemplo, el ex ministro Juan Manuel Santos dijo en una entrevista con Yamid Amat: "Me parece un proceder indebido de los subalternos del Presidente. Deben una explicación al país porque lo ocurrido no tiene presentación". En principio, resulta escandaloso que tantos recursos terminaran en manos de tan pocos y tan poderosos, cuando uno de los objetivos era "devolver equidad al campo". Incluso la Contraloría General de la República dijo en un informe sobre el tema en julio de 2009, que hubo desigualdad en la asignación de los recursos del programa y advirtió que había un alto riesgo de estimular la concentración. 

 Sin embargo, no se puede negar que muchos recursos se invirtieron en proyectos que han generado empleo, aunque no tanto como alegan el ex ministro Arias y el ministro Fernández, pues no son intensivos en mano de obra o solo generan empleo temporal.

Hecha esta salvedad, una cosa es cierta y en ellos coinciden varios analistas: la falta de equidad del programa que, como señaló el ex ministro Juan Camilo Restrepo en su columna de El Nuevo Siglo y El Colombiano, "terminó beneficiando principalmente a los empresarios más ricos del campo (...)  Al gobierno del presidente Uribe le encanta regalar dineros públicos a los más ricos y cobrarles pesados impuestos a los más débiles".

Por su parte, el decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ex director del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, escribió en su columna en El Espectador, que en los "dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país". Y destaca que pese a que hay cuatro millones de desplazados y más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, "los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado, y con más de una 'oveja negra' en negocios ilegales".

Tanto el ex ministro Andrés Felipe Arias como el actual ministro Andrés Fernández insisten en la transparencia con la que han sido otorgados los subsidios de Agro Ingreso Seguro, pero a medida que salen a la luz nuevos detalles la situación lejos de aclararse se enturbia aún más.

No solo los requisitos del programa parecen imposibles de llenar por pequeños y medianos productores, sino que la presencia de subordinados del Ministerio en el IICA, como el señor Carlos Manuel Polo, ficha del ex congresista Luis Eduardo Vives, miembro de una de las familias que más  subsidios ha recibido, tiende un manto de duda sobre la transparencia de las adjudicaciones.

Negocio familiar

La familia Vives que recibió subsidios de Ingreso Agro Seguro en Magdalena, también los obtuvo en Cesar por más de 5.000 millones de pesos, por medio de empresas que desarrollan proyectos en ese departamento:

-  Construmundo S.A.: 464 millones
-  Vicala, S.A.: 462 millones
-  Vizu S.A.: 479 millones
-  Sanvi S.C.A.: 479 millones
-  Mevicala S.C.A.: 348 millones
-  Sovijila S.A.: 465 millones
-  Vicalavi: 438 millones
-  Banavica S.A.: 479 millones
-  Inmobiliaria Kasuma: 436 millones
-  Vibeych S.A.: 477 millones