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En Bogotá, el alcalde Moreno ha tenido que lidiar también con denuncias contra el ex secretario de Educación, Abel Rodríguez, por la compra de un lote por un valor siete veces superior al avalúo, caso que ya le costó una condena fiscal por 1.200 millones de pesos impuesta por la Contraloría Distrital.
Además, la Personería abrió investigación disciplinaria contra la secretaria de Gobierno Clara López, por denuncias sobre maniobras para favorecer las aspiraciones de su esposo, el ex concejal Carlos Romero, a una curul en el Senado.
Región Caribe
Riohacha está expuesta a los embates del mar en épocas de marea alta y por esa razón, en 2007, la administración de José Luis González Crespo destinó 22.500 millones para la construcción de 12 espolones para contener las aguas.
Sin embargo, solo hay seis construidos, no todos en las zonas demarcadas en el proyecto, que se han convertido en focos de contaminación. Finalizar el proyecto cuesta 16.000 millones, algo así como el 20 por ciento de lo que valdría llevar agua potable a regiones que carecen del servicio.
En Magdalena, uno de los departamentos con los índices más altos de corrupción, según Transparencia, funcionarios judiciales y abogados han convertido los embargos a los recursos del Sistema General de Participaciones en fuente de enriquecimiento. El sistema recibe del Estado recursos para educación y salud, y pese a que no pueden ser objeto de medidas judiciales, son usados para respaldar deudas laborales reales y ficticias. Mientras tanto, profesores que trabajan sin contratos pero a quienes el Gobernador prometió incorporar a un régimen que les garantizaba estabilidad, llevan seis meses sin recibir un solo peso.