4 billones pierde el país cada año por la corrupción

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Pero no solo eso. Parte sustancial de las regalías son manejadas mediante intermediarios del mercado bursátil y terminan embolatadas o se evaporan. La Fiscalía investiga la forma como el alcalde de Arauca, William Alfonso Cadena, negoció cerca de 16.000 millones de pesos con Probolsa que, al parecer, le ofrecía excelentes rendimientos y una comisión personal. Presionado por los órganos de control, el municipio inició acciones para recuperar el dinero pero recibió 2.000 millones de pesos menos de lo que había entregado. ¿Y el resto del dinero? ¿Y los intereses? Los investigadores analizan versiones que van desde peculado masivo hasta presiones del Eln para hacer la operación.

Según seguimientos hechos por la oficina del zar anticorrupción Óscar Ortiz, las auditorías especiales a la Gobernación de Casanare y a la Alcaldía de Yopal sobre la destinación de las regalías, permitieron establecer que casi todas las obras públicas financiadas con esos recursos están abandonadas. Por ejemplo, el Museo del Hombre, un típico hato llanero con siete edificaciones que representarían los departamentos llaneros, proyectado como importante centro cultural, solo tuvo dos torres de las cuales una se desplomó y la otra amenaza ruina.

A la lista de 'elefantes blancos' se suman el parque recreativo y la planta de sacrificio de pollos de Yopal, y una vía que no lleva a parte alguna. Por estos hechos hay siete investigaciones por enriquecimiento ilícito aún no falladas, y solo hay dos detenidos de rango medio.

Amazonia

El 9 de julio, la Procuraduría ordenó suspender por tres meses al gobernador de Putumayo, Felipe Guzmán Mendoza, quien tiene el dudoso mérito de haber desarrollado por lo menos 19 formas de eludir la Ley 80 de contratación, como fraccionamientos, sobreprecios, desvío de recursos y favoritismos, entre otros. Una de las múltiples irregularidades tiene que ver con un contrato para la compra de juguetes de Navidad que nunca llegaron a los niños del departamento.

El día en que Guzmán fue notificado de su suspensión, les dijo a sus amigos que si no salía 'indemne', volvería a hacer política con los ahorros hechos en todos sus años de trabajo. Les puso de ejemplo a su amigo Félix Acosta, gobernador de Amazonas, quien pese a que fue condenado por la Corte Suprema por fragmentación de contratos, sigue moviendo los hilos de la política regional desde su casa. Allí, gracias a un dudoso certificado médico por un problema de diabetes, sigue purgando su pena y atiende no menos de 30 audiencias diarias.

La Licorera de Caquetá, una de las pocas empresas públicas rescatables del departamento, le confió la producción de 480.000 unidades de aguardiente Extra a la cuestionada Industria Licorera de Caldas, y por cuenta de ello los intermediarios sacan tajada y las transferencias a salud y educación se han reducido en más del 30 por ciento.

Región andina

Un funcionario del Programa Anticorrupción de la Presidencia que evaluó el nivel de moralidad administrativa en Antioquia, apeló a una fórmula coloquial para presentar su informe y dijo que en ese departamento, que se ha caracterizado por la eficiencia de sus empresas públicas, está extendiéndose la modalidad del MTC que, en buen romance, quiere decir "Miguelito también come".

Los ejemplos que dio no se referían a megaproyectos como hidroeléctricas o grandes vías y autopistas, sino a "proyectos creativos" como la llamada Patrulla Inteligente que quiere crear la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para combatir el hampa en Sabaneta.

El funcionario reveló que un ingeniero que quería participar en el proyecto, presentó evidencia de que un suboficial, miembros del comité de evaluación del proyecto, le exigió un porcentaje del contrato a cambio de meterlo en el negocio. Cerca de 75 denuncias como esta, relacionadas con procesos de contratación, llegaron este año a las Procuradurías departamental y provincial, de las cuales 14 fueron trasladadas a Bogotá dada su gravedad.

La Alcaldía de Bogotá también ha sido cuestionada por manejos dudosos de multimillonarios contratos. Luis Bernardo Villegas, primer secretario de Movilidad de la administración de Samuel Moreno, y quien fue destituido, estuvo a punto de abrir una licitación por cerca de dos billones de pesos para dotar a la ciudad de detectores electrónicos de infractores de tránsito, pero la Contraloría Distrital la paró porque descubrió irregularidades y posible favorecimiento a dos consorcios, uno de los cuales estaba integrado por empresas de amigos suyos.