4 billones pierde el país cada año por la corrupción

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Contrario a la creencia generalizada, la corrupción no está más extendida en las costas que en el resto de las regiones. En el Eje Cafetero proliferan denuncias sobre tráfico de subsidios del programa presidencial Familias en Acción, que incluso se ha prestado para la suplantación de beneficiarios. Por ejemplo, en Salamina, Caldas, la Oficina de Desarrollo Comunitario ha certificado pagos mensuales a familias que aún no han recibido un peso, y entidades bancarias tienen registradas las operaciones de pago.

También ha hecho carrera la idea de que la corrupción está más extendida entre funcionarios del Ejecutivo y de que en esa rama del poder se presentan los casos más graves. No es cierto. Los jueces no escapan al fenómeno. Por ejemplo, 11 de los 32 alcaldes del Chocó se han quejado ante el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia porque por cuenta de embargos decretados por jueces que reconocieron obligaciones inexistentes de sus municipios con particulares, carecen de recursos de inversión.

Tampoco la corrupción es mayor en municipios alejados de los grandes centros urbanos o de regiones apartadas. En Bogotá, por ejemplo, cursan medio centenar de investigaciones penales y disciplinarias contra el llamado "cartel de los embargos", una red de la que hacen parte jueces, abogados litigantes y particulares para apoderarse de cuantiosos recursos públicos. Y en Santa Marta, la juez segunda Civil Magaly Esther Suárez Ariza, destituida a comienzos de septiembre por el Consejo Seccional de la Judicatura, figura en la lista de 10 funcionarios judiciales involucrados en un fraude por 20.000 millones de pesos al ISS. El saqueo se produjo mediante el cobro de deudas y títulos inexistentes. Además de jueces, en el fraude intervinieron directivos del Instituto, y la Fiscalía indaga si los hilos de la trama fraudulenta eran movidos desde la cárcel por el ex congresista Miguel Pinedo Vidal, recientemente puesto en libertad dentro del proceso de la 'parapolítica'.

Alto riesgo

Una de las más recientes mediciones de Transparencia Internacional (2006), indica que 16 de los 32 departamentos presentan riesgos de corrupción entre 'medios' y 'muy altos' en el manejo de los asuntos públicos. El promedio de riesgo en los gobiernos departamentales pasó de 50,47 a 59,64 por ciento entre 2003 y 2006 (ver mapa).

Por otra parte, un estudio sobre las sanciones disciplinarias por corrupción entre 2004 y 2008 y su impacto regional, hecho por el procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales Carlos Augusto Mesa, y el gerente de Información Misional de la Procuraduría Gabriel Jaime Dávila, revela que el campeonato se lo llevan la Orinoquia y la Amazonia, las mismas regiones que, según Transparencia, presentan los índices de riesgo más altos, junto con el Magdalena. Cundinamarca y Bogotá, en cambio, registran el menor número de sancionados, aunque proporcionalmente el volumen de quejas es superior.

La Procuraduría contrastó su información con la de la Fiscalía y encontró proporciones similares en el número de procesos penales activos. En Guanía, 79; en Arauca, 23, y solo 12 en Bogotá (ver gráficos). Sin embargo, un investigador de la Procuraduría advierte que "la medición revela también un hecho sobre el cual no hemos llamado suficientemente la atención, y es que los órganos de control y de administración de Justicia han mirado más hacia la periferia que hacia el centro". En otras palabras, que Procuraduría, Fiscalía y Contraloría deberían concentrar más esfuerzos en los centros de decisión, que es donde estaría más enquistada la corrupción.

Basado en la información obtenida de fuentes oficiales y de reportes de corresponsales, CAMBIO trazó un mapa de la corrupción y pudo establecer que las regalías siguen siendo el principal botín de los corruptos, pese a medidas como su congelamiento y el control sobre la transferencia de recursos. Y confirmó que las normas sobre contratación pública se han convertido en rey de burlas y que, mediante esguinces a la ley, los corruptos hacen su agosto.

Orinoquia

Los réditos de la explotación de los 30 pozos petroleros del piedemonte llanero de los últimos 10 años, habrían alcanzado para resolver los problemas sociales que agobian a Casanare, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Diecisiete obras públicas, cuyos costos oscilan entre 2.000 y 10.000 millones de pesos, están abandonadas.