¿Quién controla al Contralor?

Foto: Diego Caucayo / Cambio

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El contralor Julio César Turbay Quintero prepara maletas para viajar a Paraguay el 5 de octubre, donde dictará una conferencia sobre el manejo de los presupuestos públicos en el marco de la XIX Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), un organismo al que Colombia pertenece desde 2000, y del cual Turbay es su actual presidente. En la agenda de una semana también figuran una visita a las cataratas del Iguazú y un coctel en el Museo del Fútbol de la Confederación Sudamericana.

La invitación no cubre los gastos y, como ha ocurrido con sus frecuentes viajes, Turbay lo hará con cargo al presupuesto de la entidad, incluidos tiquetes, viáticos y gastos de representación para él y sus asesores.

El asunto causa inquietud entre algunos altos funcionarios de la Contraloría, porque por cuenta de la presidencia de Turbay de la Olacefs, sus gastos han triplicado el monto de las cuotas de afiliación que Colombia ha pagado en los últimos nueve años. De hecho, a 31 de diciembre de este año, los desembolsos serán superiores a 304 millones de pesos, mientras que las cuotas suman 126 millones.

En solo tres viajes recientes al exterior -Austria, Qatar y  El Salvador- los gastos de Turbay y cinco asesores, exclusivamente en tiquetes y viáticos, fueron de 143 millones de pesos. Los asesores son externos porque el Contralor considera que los que tiene la Contraloría o no son idóneos para los requerimientos de sus misiones internacionales o no puede distraerlos de sus funciones habituales.

Según la oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Internacional de la entidad, los asesores del Contralor en este campo son seis: Juan Fernando Hernández, Natali Sefair López, Carla Rocío Bohórquez, Diana Pinzón, Juan Pablo Duque y John Fredy González. Están vinculados mediante contratos de prestación de servicios que oscilan entre nueve y 10 meses de duración, y el monto de estos es de 162 millones pesos.

De acuerdo con la oficina de Capacitación, son profesionales jóvenes o practicantes universitarios que trabajan bajo la supervisión de Paola Andrea Jiménez, asesora especial del Contralor y quien lo acompaña en los viajes internacionales. Jiménez tiene un  contrato de prestación de servicios por 11 meses - el No. 001 de 2009- por 123,5 millones de pesos. En 2008 recibió 88 millones por el mismo concepto.

Lo grave es que no hay beneficios derivados de los viajes y el gasto en asesores, pues desde que Turbay asumió el cargo la Contraloría no ha recibido aportes -técnicos o de otra índole-, de la Olacefs. Los viajes tienen más carácter social que otra cosa.

¿Nómina paralela?

El criterio laxo con respecto a los gastos de viajes al exterior parece repetirse en el manejo de la nómina y el cumplimiento de las funciones de la entidad. CAMBIO constató en la Dirección de Recursos Físicos de la entidad, que en el primer semestre de 2009 se firmaron 508 contratos por 12.320 millones de pesos para la ejecución de tareas que realizan funcionarios de planta o que son innecesarias.

Por ejemplo, el contrato No. 666 de 2008 por 30 millones de pesos y 20 días de trabajo fue para hacer una encuesta en el Congreso "para evaluar la percepción y grado de satisfacción que los congresistas tienen sobre los productos y servicios que les viene entregando la Contraloría General de la República". Aunque el contrato figura como ejecutado, ninguno de los congresistas consultados por CAMBIO, incluido el presidente del Congreso Javier Cáceres, recuerda haber contestado la encuesta o haber recibido algún producto o servicio de la Contraloría dentro de un supuesto "proceso institucional de relaciones técnicas". Y resulta curioso que el contrato No. 075 de 2007, por más de 65 millones de pesos, fue firmado con el mismo contratista, Crecimiento Organizacional Ltda., para hacer una encuesta en el Congreso y con un grupo representativo de personas sobre el grado de aceptación de la labor de control fiscal de la Contraloría.

Por otra parte, y como una demostración del mal ejemplo que da la Contraloría en el uso de los recursos públicos, fueron desechados o archivados sin revisión no menos de 18 proyectos presentados por especialistas en control fiscal de la entidad, y en diciembre del año pasado fue contratado por 500 millones de pesos un consultor internacional que hasta la fecha no ha entregado los resultados del proyecto de ajuste del proceso de auditoría.