Septiembre 16 de 2009
¿Quién controla al Contralor?
Más de 500 contratos de servicios por 12.000 millones de pesos sugieren que hay nómina paralela y exceso de gastos en viajes.
El contralor Julio César Turbay Quintero prepara maletas para viajar a Paraguay el 5 de octubre, donde dictará una conferencia sobre el manejo de los presupuestos públicos en el marco de la XIX Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), un organismo al que Colombia pertenece desde 2000, y del cual Turbay es su actual presidente. En la agenda de una semana también figuran una visita a las cataratas del Iguazú y un coctel en el Museo del Fútbol de la Confederación Sudamericana.
La invitación no cubre los gastos y, como ha ocurrido con sus frecuentes viajes, Turbay lo hará con cargo al presupuesto de la entidad, incluidos tiquetes, viáticos y gastos de representación para él y sus asesores.
El asunto causa inquietud entre algunos altos funcionarios de la Contraloría, porque por cuenta de la presidencia de Turbay de la Olacefs, sus gastos han triplicado el monto de las cuotas de afiliación que Colombia ha pagado en los últimos nueve años. De hecho, a 31 de diciembre de este año, los desembolsos serán superiores a 304 millones de pesos, mientras que las cuotas suman 126 millones.
En solo tres viajes recientes al exterior -Austria, Qatar y El Salvador- los gastos de Turbay y cinco asesores, exclusivamente en tiquetes y viáticos, fueron de 143 millones de pesos. Los asesores son externos porque el Contralor considera que los que tiene la Contraloría o no son idóneos para los requerimientos de sus misiones internacionales o no puede distraerlos de sus funciones habituales.
Según la oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Internacional de la entidad, los asesores del Contralor en este campo son seis: Juan Fernando Hernández, Natali Sefair López, Carla Rocío Bohórquez, Diana Pinzón, Juan Pablo Duque y John Fredy González. Están vinculados mediante contratos de prestación de servicios que oscilan entre nueve y 10 meses de duración, y el monto de estos es de 162 millones pesos.
De acuerdo con la oficina de Capacitación, son profesionales jóvenes o practicantes universitarios que trabajan bajo la supervisión de Paola Andrea Jiménez, asesora especial del Contralor y quien lo acompaña en los viajes internacionales. Jiménez tiene un contrato de prestación de servicios por 11 meses - el No. 001 de 2009- por 123,5 millones de pesos. En 2008 recibió 88 millones por el mismo concepto.
Lo grave es que no hay beneficios derivados de los viajes y el gasto en asesores, pues desde que Turbay asumió el cargo la Contraloría no ha recibido aportes -técnicos o de otra índole-, de la Olacefs. Los viajes tienen más carácter social que otra cosa.
¿Nómina paralela?
El criterio laxo con respecto a los gastos de viajes al exterior parece repetirse en el manejo de la nómina y el cumplimiento de las funciones de la entidad. CAMBIO constató en la Dirección de Recursos Físicos de la entidad, que en el primer semestre de 2009 se firmaron 508 contratos por 12.320 millones de pesos para la ejecución de tareas que realizan funcionarios de planta o que son innecesarias.
Por ejemplo, el contrato No. 666 de 2008 por 30 millones de pesos y 20 días de trabajo fue para hacer una encuesta en el Congreso "para evaluar la percepción y grado de satisfacción que los congresistas tienen sobre los productos y servicios que les viene entregando la Contraloría General de la República". Aunque el contrato figura como ejecutado, ninguno de los congresistas consultados por CAMBIO, incluido el presidente del Congreso Javier Cáceres, recuerda haber contestado la encuesta o haber recibido algún producto o servicio de la Contraloría dentro de un supuesto "proceso institucional de relaciones técnicas". Y resulta curioso que el contrato No. 075 de 2007, por más de 65 millones de pesos, fue firmado con el mismo contratista, Crecimiento Organizacional Ltda., para hacer una encuesta en el Congreso y con un grupo representativo de personas sobre el grado de aceptación de la labor de control fiscal de la Contraloría.
Por otra parte, y como una demostración del mal ejemplo que da la Contraloría en el uso de los recursos públicos, fueron desechados o archivados sin revisión no menos de 18 proyectos presentados por especialistas en control fiscal de la entidad, y en diciembre del año pasado fue contratado por 500 millones de pesos un consultor internacional que hasta la fecha no ha entregado los resultados del proyecto de ajuste del proceso de auditoría.
También abundan contratos de prestación de servicios y órdenes de trabajo con objetos similares, pese a que en la planta de la entidad existen 22 personas especializadas en auditoría. Entre ellos figura uno por cerca de 72 millones de pesos con Íngrid Judith Obregón, para asesorar a Invías en procesos de auditoría. Un caso que resulta por lo menos inquietante, pues no hay resultados visibles de la vigilancia sobre Invías, una entidad muy cuestionada.
Pero en la Contraloría no solo se ha vuelto costumbre realizar contratos de prestación de servicios con propósitos similares a los que cumplen funcionarios de planta, sino también los contratos con objetos confusos de difícil seguimiento. Por ejemplo, el objeto del contrato firmado el 26 de enero por Luz María Sinisterra por 88 millones, es un verdadero galimatías: "asesorar y apoyar al Contralor General de la República en las estrategias y acciones a seguir conducentes a exteriorizar interna y externamente las políticas, alcances, logros y objetivos en el ejercicio del control fiscal, materializando en un continuo y directo acompañamiento al señor Contralor General en sus compromisos a nivel nacional frente a las comunidades y entidades en general y a la revisión y estructuración de los contenidos de sus intervenciones y apoyo en la coordinación y manejo de su agenda y a las temáticas de las mismas".
Por otra parte, Íngrid Lorena Muñoz, Carolina Contreras, Maryory Mora y Verónica Álvarez trabajan junto con otros 29 abogados de nómina, y aunque hacen menos y tienen horarios privilegiados, ganan más que ellos. A las tres abogadas la Contraloría les paga 143 millones de pesos por lo mismo: "Asesorar y apoyar jurídicamente a la Gerencia Administrativa y Financiera, Dirección de Recursos Físicos en el trámite de los procesos precontractuales y contractuales que se adelantan como resultado de los requerimientos elevados por las diferentes dependencias de la entidad".
Pero los mejor pagados son aquellos que tienen acceso directo al Contralor y lo asesoran en forma esporádica, como Gustavo Antonio Dájer Barguel, que tiene un contrato por 110 millones de pesos y 10 meses de duración por "relaciones técnicas" con el Congreso, y Julián Eduardo Polanía, que firmó otro contrato por 102 millones para asesorar durante 10 meses a las contralorías delegadas "en los diferentes temas".
Dájer, hijo de uno de los promotores del referendo reeleccionista, acaba de retirarse de la Contraloría General para preparar su campaña como candidato al Congreso de la República.
"De hecho -dijo uno de los funcionarios de la entidad que mejor lo conoce- buscará sacarle partido político a las relaciones que el señor Contralor le ayudó a entretejer delegándole altas responsabilidades".
Aunque la Contraloría Delegada especializada en asuntos fiscales cuenta con el personal necesario para cumplir sus funciones, el contralor Turbay le otorgó un contrato por 290 millones de pesos a Douglas Enrique Lorduy para que vigile los procesos que cursan contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuya misión es "generar insumos para el análisis del impacto fiscal que dichas demandas, en caso de ser condenatorias, generan al país".
El vicecontralor Roberto Pablo Hoyos maneja su propia nómina. Por ejemplo, uno de sus asesores, Jorge Enrique Niño, cobra en promedio seis millones de pesos por revisar y organizar sus documentos. "Niño trabaja con él desde el 10 de febrero y goza de más atribuciones y autoridad que funcionarios de planta más antiguos", le dijo a CAMBIO uno de ellos.
Otra asesoría muy cuestionada es la que presta Miguel Antonio Serrano, asesor para la vigilancia del manejo racional de los gastos de personas de las entidades sobre las que tiene competencia la Contraloría. "Es uno de los contratistas externos mejor pagados y menos exigidos ¿asegura un funcionario de la Contraloría¿. Cobra 30 millones de pesos por cada ciclo de asesorías".
Por lo menos en el papel, la Contraloría fue una de las entidades del Estado que sufrió un drástico recorte de personal en los últimos 15 años, pero lo cierto es que la nómina paralela ha crecido más que las de algunos de sus organismos vigilados.
Carlos Ossa y Antonio Hernández Gamarra, antecesores de Turbay, pusieron en marcha programas de ajuste y profesionalización que en su momento fueron aplaudidos. Ossa, por ejemplo, tras haber sido sancionado por la Procuraduría por aceptar recomendaciones de parlamentarios, llevó a cabo un programa de ajuste que significó el recorte de 3.700 puestos. Y Hernández Gamarra, al terminar su período en 2006, dejó, por primera vez en la historia, más de 400 vacantes en una entidad que había sido una de las mayores fuentes de clientelismo.
En teoría, las vacantes se conservan y así lo comprobó el ingeniero Libardo Espitia, miembro de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, gracias a la respuesta a un derecho de petición que presentó ante el director de Talento Humano de la Contraloría, José Martín Hernández. Según este, "la 'nómina convencionada' (planta de personal) no ha aumentado".
¿Cómo se explica, entonces, la proliferación de contratos de prestación de servicios? Altos funcionarios de la Contraloría sostienen que hay "nuevas necesidades creadas porque se amplió el número de sujetos de control o entidades que son objeto de vigilancia". Mencionan, por ejemplo, que la Contraloría Delegada en lo social tiene ahora más responsabilidades porque debe controlar 88 nuevas entidades entre EPS, cajas de compensación y fondos de pensiones. "No es optativo ¿explicó uno de ellos¿. Corresponde a una reciente sentencia de la Corte Constitucional".
Sin embargo, las tareas asignadas a los nuevos contratistas no corresponden a esa Contraloría Delegada, tienen que ver con las diferentes áreas o dependencias de la Contraloría.
Mientras la nómina paralela crece, los concursos de méritos disminuyen. El último fue en julio del año pasado y de 28.000 aspirantes solo fueron seleccionados 79, algunos de los cuales han tomado posesión de sus cargos. ¿Quién vigila al vigilante y le pone el cascabel al gato? ¿Quién ronda al Contralor General de la República?
Carros y fiestas de fin de semana...
El uso de carros oficiales para propósitos privados, prohibido por la ley, es otra de las malas costumbres que han hecho carrera en la Contraloría. La administración Turbay modificó las disposiciones que prohibían el uso de los vehículos los fines de semana y autorizó a los funcionarios de mayor nivel a usarlos todo el tiempo "bajo su exclusiva responsabilidad".
También modificó la exigencia de que los conductores guardaran sus carros al terminar la jornada de trabajo los viernes y amplió el plazo de parqueaderos hasta las 9:00 a.m. del sábado. Por esto no es raro que los viernes sean usados para llevar y traer a los funcionarios de sus fiestas y reuniones sociales o para hacer diligencias personales. La Contraloría reconoce, incluso, el pago de parqueaderos públicos de lunes a viernes.
Aunque la resolución No. 0060 prohíbe la realización de fiestas con cargo al presupuesto de la entidad, deja abierta la posibilidad de que se organicen encuentros, seminarios y eventos similares fuera de la sede de la entidad y que los gastos de alojamiento, viandas y bebidas sean cubiertos con recursos de caja menor.
La resolución mágica
La Contraloría parece tener la fórmula para hacer lo que otras entidades no pueden hacer en materia de contratación de personal. La Resolución No. 0060 de 2008, firmada por el contralor Julio César Turbay y conocida internamente como la "resolución mágica", habilita a la Gerencia de Gestión de Talento Humano para certificar la "insuficiencia de personal" y autorizar la contratación sin límites.
Las atribuciones conferidas a esa gerencia son tan amplias, que solo una de las disposiciones de la resolución dice que podrán celebrarse varios contratos con idéntico objeto, "cuando las necesidades del servicio así lo exijan". El único límite está establecido en el artículo 10º: "En los contratos de prestación de servicios profesionales que se celebren con personas naturales, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la Contraloría General de la República, no se podrán pactar honorarios por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Contralor General de la República".
Tal remuneración equivale a la suma de salario básico, gastos de representación, prima de alta gestión y demás bonificaciones.
"Ningún contrato es turbio o injustificado"
Julio César Turbay, Contralor General
CAMBIO: Más de 500 contratos de prestación de servicios por más de 12.000 millones de pesos permiten pensar que en la Contraloría hay una nómina paralela...
Julio César Turbay. No. Esos contratos se hicieron para cumplir y desarrollar un proyecto específico aprobado por Planeación Nacional, que hace parte de un proceso de reestructuración iniciado en 2000 y que surgió de la necesidad de enfrentar problemas de eficiencia y racionalidad internas y de hacer más eficaz el ejercicio de la vigilancia fiscal.
Hay por lo menos 150 contratos que llaman la atención por ambiguos y porque sus objetos parecen inoficiosos. Por ejemplo, el que se refiere a una encuesta para medir la satisfacción del Congreso con los productos que ofrece la Contraloría.
Ningún contrato es turbio o injustificado.
¿Qué beneficios les trae al país y a la Contraloría el que usted sea presidente de Olacefs?
Presidir la Olacefs, que reúne a los contralores y presidentes de tribunales y cortes de cuentas de 23 países para trabajar unidos en la lucha contra la corrupción, la modernización del control fiscal y el intercambio de docentes, es un reconocimiento internacional a la labor que ha desarrollado la Contraloría.
Es contradictorio que mientras la Contraloría castiga a entidades que violan las normas legales sobre manejo del presupuesto, usted haya dictado una resolución, la 0060 de 2008, que abre la puerta para la contratación directa sin mayores límites...
Esa resolución, que tiene fundamento en el Decreto 1337 de 1998, dice que los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. Nos hemos atenido estrictamente a ella.
¿Por qué permite el uso de vehículos oficiales en días y horas que no son de trabajo y que los funcionarios los usen incluso los fines de semana? Eso está prohibido por la ley.
La calidad de servidor público no se termina o suspende por el solo hecho de llegar el fin de semana, y los que tienen asignación de vehículos no están sujetos a horarios.