¿Política democrática?

Hoy,  cuando el debate político de los candidatos a la Presidencia gira en torno a la continuidad y fortalecimiento de la política de seguridad democrática (PSD), es pertinente preguntarse: ¿Qué tan democrática es esta política? Para comenzar, es innegable que el país ha mejorado de manera sustancial en materia de seguridad desde 2003. Sin embargo, no centraré este artículo en los logros sino en algunas fallas que afectan el carácter democrático de esa política, con el ánimo de que se corrijan y se fortalezca así la seguridad de todos los ciudadanos.  

Primero, puede asegurarse que dada la personalidad del Presidente, la PSD es una política personal que no ha logrado institucionalizarse como debiera. Muchos ciudadanos consideran que sin Uribe esta política se acaba o por lo menos se debilita, idea que el Presidente ha sabido vender y que ha utilizado para su posible reelección.

Ese manejo personal y no institucional de la PSD se manifiesta en tres grandes problemas: uno, el desconocimiento que muchas veces hace el Presidente de las líneas de mando y dirección de las instituciones de seguridad, al dar órdenes directas a los mandos medios sin que las cabezas se enteren, lo que afecta la institucionalidad. Dos, la intromisión de funcionarios, distintos a los ministros responsables, que imparten órdenes y dan declaraciones en torno a la seguridad, como el caso de las famosas 'chuzadas'. Y tres, el desconocimiento de la responsabilidad constitucional y legal de los gobernadores y alcaldes en el manejo del orden público y como "jefes de Policía".

En la PSD los alcaldes y gobernadores no existen, así como no existe una política integral de convivencia y seguridad urbana que enfrente la inseguridad de los ciudadanos en las calles. 

Los resultados de la PSD se han estancado y comienzan a deteriorarse. Por ejemplo, los homicidios aumentaron 10,8 por ciento: pasaron de 6.833 en el primer semestre de 2008 a 7.410 en el mismo periodo de este año. El aumento se da, sobre todo, en Medellín (84,5 por ciento), Cali (23,3) y Bogotá (11,3 por ciento). Además de la violencia homicida, los ciudadanos sienten que la seguridad se deteriora y así lo demuestran las encuestas de los programas "Cómo Vamos", que reportan aumentos en la victimización y la percepción de inseguridad.

El estancamiento de la PSD y los crecientes problemas de violencia y delincuencia hacen evidente la falta de una política que atienda estos problemas en los centros urbanos, donde vive más del 70 por ciento de los colombianos. En este sentido, hay que definir una Política Nacional Integral de Convivencia y Seguridad Urbana, manejada por el Ministerio del Interior o por un nuevo ministerio que atienda estos temas y del que haga parte la Policía Nacional.

Una política nacional que fortalezca y apoye a los alcaldes y gobernadores para que asuman el papel que les corresponde como autoridades de Policía, para que desarrollen planes locales de seguridad y convivencia, para que los consejos y comités de seguridad sesionen todos los meses y las autoridades locales, además de fortalecer a la Policía con fondos locales de seguridad, promuevan políticas de apoyo a organismos de justicia como la Fiscalía, el sistema carcelario, así como a programas y proyectos de carácter preventivo.

Finalmente, se requiere una política de seguridad más democrática que les dé a los campesinos la seguridad que reclaman, que proteja a las víctimas y que reconozca que los paramilitares siguen existiendo bajo otros ropajes, y que en Colombia existe un conflicto armado que, además de solucionarlo mediante el uso legítimo de la fuerza, tiene que tener una puerta abierta para una salida negociada. 

Por Hugo Acero Velásquez,
consultor en temas de seguridad.