Seguridad ciudadana

La percepción es que los atracos se desbordaron.

La mejoría relativa de los índices de seguridad ciudadana de los últimos años, retrocede. Si bien las estadísticas no son todavía claras, los sucesos de Medellín, donde se reproduce un fenómeno de violencia social ya vivido, y la percepción de los ciudadanos de Bogotá sobre el deterioro de la seguridad, amén de la situación en Cali, Barranquilla, Pereira, Cúcuta y otras ciudades intermedias, llaman a la reflexión sobre la necesidad de identificar las causas del descenso y el repunte posterior de los crímenes violentos.

Muchos se preguntan qué sucedió con la política de seguridad democrática en materia de seguridad ciudadana. En primer lugar, debe aclararse que la política de seguridad enunciada en 2003 no se ocupó de la materia. Fue, ante todo, una política de seguridad del Estado, aunque no puede desconocerse que tuvo efectos colaterales importantes en la seguridad en general.

Puede entonces hacerse el ejercicio de formular unas hipótesis a partir de un hecho: la disminución de la criminalidad que se dio, principalmente, en homicidios urbanos. Si se hace este deslinde, la indagación puede dirigirse a la relación entre delincuencia organizada, violencia del narcotráfico y estructuras delincuenciales asociadas, y muertes violentas.

Para comenzar, un ensayo muy sugerente de Pablo Casas Dupuy y Paola González Cepero (Fundación Seguridad y Democracia, 2005), muestra en el área nacional un aumento excepcional del homicidio entre 1984 y 1991, ligado directamente al narcotráfico y factores conexos. A partir de este punto, puede argüirse que, desvertebrados los carteles de Medellín y Cali, vino un repliegue inicial y luego un proceso de reorganización del narcotráfico bajo esquemas descentralizados y de menor visibilidad. En esta etapa disminuye el homicidio funcional de las mafias, mejora la actuación policial y se tiende a la situación anterior a 1984.

El ensayo de Casas y González pone de cabeza la visión del descenso del homicidio como sui géneris y excepcional: lo excepcional es el aumento previo del mismo. Siguiendo este razonamiento, puede añadirse que hubo otra etapa en la cual los capos de la mafia estuvieron interesados en disminuir el homicidio funcional, particularmente en Medellín, ciudad que más contribuyó al aumento del fenómeno en los años ochenta y comienzos de los noventa.

Esta segunda etapa se caracteriza por la expectativa generada en los capos del narcotráfico -ya reorganizado y de nuevo poderoso- sobre la posibilidad de obtener la solución judicial de sus problemas y la legalización de sus bienes, mediante el expediente de negociar con el Estado en calidad de jefes paramilitares. Los sucesos posteriores llevaron a una fragmentación del poder en las estructuras de la delincuencia organizada con el consiguiente estímulo a la competencia violenta por el monopolio de las actividades ilegales más rentables.

En el plano de los delitos menores, lo más notable es la actitud de desconfianza en la actuación de las autoridades y la percepción ciudadana de que los atracos se han desbordado, además de un deterioro de los logros de las campañas que, sobre todo en Bogotá, mejoraron la conducta de la gente en el espacio público.

Finalmente debe anotarse que el conflicto interno ha cargado la actuación de las autoridades sobre el orden público. Los mayores recursos van por fuerza de las circunstancias a combatir a los grupos armados ilegales que ponen en peligro la seguridad en el ámbito del ejercicio normal de la autoridad del Estado. Pero un país urbanizado reclama la superación de la angustia cotidiana en las calles, en el transporte público, en el tránsito automotor, en los hogares y en los sitios de esparcimiento.

Por Armando Borrero, 
sociólogo, magíster en Seguridad.