Los enviados del Pentágono

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En segundo lugar, según concepto de Córdoba, también deberían considerarse los alcances del artículo 9o de la Carta, que dice que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional.

Otro de los puntos críticos tiene que ver con la inmunidad. Los negociadores de los dos países tienen discrepancias sobre su alcance. Estados Unidos quiere inmunidad frente a las autoridades judiciales colombianas para todos los miembros de la misión: militares y civiles. Su pretensión en este sentido responde a una vieja y arraigada posición de Washington que se niega a que sus nacionales sean juzgados por otros países o por organismos internacionales, que fue la razón por la cual no firmó el tratado que dio vida a la Corte Penal Internacional en 1998. Los dos países ya tienen pactos vigentes, que se aplican al personal estadounidense que participa en el Plan Colombia, que contemplan esa figura.

Los representantes estadounidenses se acogen a los artículos 5º y 11º de un tratado de cooperación militar entre los dos países, según los cuales su personal destacado en Colombia gozaría de los mismos privilegios e inmunidades que los funcionarios de los niveles administrativo y técnico de la Embajada en Bogotá. Pero los negociadores colombianos consideran que el alcance de la inmunidad no puede ser general e ilimitado, y que ese privilegio no debe cobijar ni a contratistas, empleados civiles y pilotos que adelanten operaciones esporádicas. Colombia exige que en caso de que miembros de la misión cometan delitos en Colombia, Estados Unidos quede obligado a informar periódicamente sobre el trámite de procesos y juicios y las decisiones tomadas por sus jueces.

Esta discusión no es menor, y fue uno de los puntos que justificaron la decisión de Ecuador de cerrar la base de Manta. La Asamblea Constituyente en ese país consideró que cerca de 300 hechos irregulares y delictivos -retenciones ilegales de bienes de ecuatorianos, robos, homicidios, lesiones y casos de paternidad responsable- atribuidos a militares estadounidenses, quedaron sin respuesta por parte de las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Un cuarto punto de discrepancia se refiere a una cláusula sobre posibles daños y perjuicios causados en desarrollo del acuerdo. Los negociadores estadounidenses intentan que las dos partes renuncien a cualquier reclamación de indemnización por daños, pérdidas, destrucciones o muertes causadas en desarrollo de las operaciones. Pero Colombia sostiene que no renunciará a derechos que pueda tener a la luz del Derecho Internacional para presentar reclamaciones mediante canales diplomáticos.

El acuerdo, pese a las dificultades mencionadas, está en la puerta del horno y cuando el presidente Uribe llegó a Estados Unidos había consenso sobre su duración: 10 años, lo mismo que el de Manta, pero no sobre las condiciones de una eventual prórroga. Estados Unidos quería que fuera automática y por el mismo período de tiempo. Colombia exige negociarla un año antes de que expire y que, además, pueda ser denunciado por cualquiera de las partes. El canciller Jaime Bermúdez ha insistido en que no habrá una base militar de Estados Unidos en territorio colombiano y afirmó que el tema no fue abordado en el encuentro entre los presidentes Uribe y Obama, pero reconoció que "los dos países están buscando cómo profundizan la lucha contra las drogas". No obstante, el acuerdo está cocinado y si bien en estricto sentido no supone trasladar la base de Manta con todos sus fierros, sí contempla una operación mucho más amplia desde cinco bases colombianas ya existentes. Una diferencia más que semántica que, lejos de marcar una nueva era en las relaciones con Estados Unidos en este campo, lo que hace es consolidar el status quo.

"Nada está acordado hasta que todo esté acordado"
General Fredy Padilla, ministro de defensa (e)

"Las condiciones bajo las cuales ha funcionado la base militar de Manta no se van a repetir en Colombia", responde el general Fredy Padilla de León, ministro de Defensa (e), cuando le preguntan si la base que ha funcionado en Ecuador desde hace 10 años va a instalarse en Colombia. Mientras examina una serie de documentos, explica que lo que está en ciernes es un acuerdo de cooperación entre Washington y Bogotá, basado en la confianza mutua y en resultados como la reducción del 18 por ciento de los cultivos de coca y del 28 por ciento de la producción de cocaína en el último año.

Reconoce que las delegaciones de Estados Unidos y Colombia se han reunido cuatro veces para analizar el tema, pero dice que "nada está acordado hasta que todo esté acordado" y anuncia que los próximos encuentros están programados para la última semana de julio o la primera de agosto. "Colombia tiene la necesidad y el compromiso regional de participar en la lucha contra el narcotráfico, dado que todos los males de delincuencia y terrorismo que hoy agreden al pueblo colombiano tienen su sustento en el narcotráfico -dice el oficial-. Se trata de refinar la colaboración entre Colombia y Estados Unidos en todos los frentes, incluyendo, por supuesto, a sus Fuerzas Armadas. Es decir, de consolidar la cooperación militar entre ambos países".