Los enviados del Pentágono

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La bahía de Málaga y la base naval ARC Bolívar de Cartagena serán centros de operaciones de barcos de interdicción en coordinación con aviones P-3 Orión, temidos por los narcotraficantes por su precisión para detectar e identificar blancos en altamar.

En cuando al número de personas destacadas a las diferentes bases, no hay por lo pronto nada claro, pero una de las cláusulas del acuerdo lo condiciona a la capacidad de las bases seleccionadas. ¿Serán más de las 270 personas destacadas en la base Eloy Alfaro de Manta, entre miembros de la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera, la Patrulla Costera y contratistas civiles? Es una pregunta sin resolver.

En principio, el acuerdo contempla que la utilización de las instalaciones militares colombianas será parcial y limitada a las necesidades de operaciones que, en su mayor parte, serán preventivas del delito. Sin embargo, los negociadores de Estados Unidos han hecho saber que si bien no pretenden interferir en el ejercicio del mando de los oficiales colombianos en las bases, harán valer la autonomía de los militares estadounidenses cuando las operaciones trasciendan las fronteras colombianas.

Polémica servida

Según lo que CAMBIO ha conocido con fuentes en Washington, lo que se ha negociado hasta ahora tiene aspectos que levantarán ampolla. A diferencia del convenio que autorizó la presencia militar estadounidense en Manta, el acuerdo en ciernes no limita su aplicación a las operaciones antinarcóticos en el Pacífico sino que la extiende también al Caribe, y además contempla la cooperación en la lucha contra el terrorismo, es decir contra la guerrilla, lo cual tendría un impacto en la seguridad interna.

Fuentes consultadas en Washington y Bogotá, sostienen que estos dos ingredientes establecen profundas diferencias frente al acuerdo de operación en Manta, porque entre sus objetivos está también llenar los vacíos que deje el eventual recorte de la ayuda para el Plan Colombia, que en 2008 fue de 527 millones de dólares.

El comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa (e), general Fredy Padilla de León, insiste en que las condiciones bajo las cuales ha funcionado la base de Manta (ver mapa haciendo clic aquí)-controlada por completo por Estados Unidos- no van a repetirse en el caso colombiano. Lo cierto, sin embargo, es que el acuerdo no será fácil de digerir para la opinión pública. Y es que si bien no será montada una instalación similar a la de Manta por parte de Estados Unidos, el acuerdo permitirá la utilización de cinco bases y extiende aún más la presencia militar de Estados Unidos en el país. "Colombia está en conversaciones con los Estados Unidos -ha reconocido el General-. La nación es responsable ante la comunidad internacional de facilitar una posibilidad de mantener esa lucha, que es de todo el mundo contra este flagelo del narcotráfico, pero Manta como tal no se repetirá en Colombia". Otros funcionarios aseguraron que se trata de un acuerdo de colaboración, pero que  "no será una, ni dos bases". No serán ni una ni dos: todo indica que las funciones se repartirán en cinco ya existentes, sobre ambos litorales.

Si el convenio para la utilización de Manta, firmado por el presidente Mahuad en 1999, causó malestar y repudio en varios sectores de la sociedad ecuatoriana, porque lo consideraron una entrega de soberanía y porque temían el posible uso de la base para operaciones del Plan Colombia, en el país se puede prever un debate. El tema es sensible, como se hizo evidente en 1994, a finales del gobierno de César Gaviria, cuando se conocieron los detalles de un plan para construir, por parte de Estados Unidos, una escuela en Juanchaco.

Escollos mayores

No obstante que el convenio está concebido en un marco de beneficios y responsabilidades compartidos, y que se apoya en por lo menos 10 instrumentos de Derecho Internacional -desde la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1962 hasta la Carta Interamericana de 2001, pasando por las convenciones sobre la lucha contra las actividades terroristas de la ONU y la OEA- hay asuntos muy sensibles.

En primer lugar, según especialistas consultados por CAMBIO, no faltarán quienes exijan que el acuerdo pase previamente por los controles que contempla la Constitución para el tránsito de tropas extranjeras, como un concepto del Consejo de Estado y la autorización del Congreso. Así lo advierte el ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño, quien se pregunta si sería suficiente con que se dé por sentado que no se trata de tropas en situación de hostilidad sino de unidades de un país amigo que trabajarán conjuntamente con Colombia en la lucha contra la delincuencia organizada. "Por ahora nuestras cortes no han hecho pronunciamientos exactos sobre acuerdos de esta naturaleza y los antecedentes jurisprudenciales son escasos", dice Córdoba.  El antecedente más próximo sobre un asunto relativamente similar -recuerda el ex magistrado- es la sentencia 863 mediante la cual la Corte Constitucional declaró parcialmente exequible el artículo 5o de la Ley 877 de 2004, que aprobó la convención de Nueva York sobre seguridad del personal de Naciones Unidas. Según la sentencia, el Estado permitirá el tránsito de funcionarios y asociados de Naciones Unidas, pero cuando se trate de tropas, así sean cuerpos de paz, el artículo 173 de la Constitución contempla un permiso del Congreso.