Uribe: ¿Imparable?

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Pero aun si el referendo pasa la prueba constitucional, debe someterse al último fogueo de las urnas y conseguir los 7,2 millones de votos necesarios para que supere el umbral de participación, que es casi equivalente al apoyo que obtuvo Uribe en las elecciones presidenciales de 2006.

Aunque dura, la tarea no es imposible para un presidente con 68 puntos de favorabilidad y 71 de apoyo a su gestión. "Los colombianos reconocen que Uribe tiene un compromiso con el país -afirma Carlos Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría-. Es una razón de peso para seguir respaldándolo".

A esto se suman los datos de la encuesta Invamer-Gallup de mayo: 59 por ciento de los encuestados "definitivamente votaría ese referendo". Si hay en el país un político capaz de movilizar esa cantidad de respaldo en un día cualquiera y como plebiscito a su labor, ese es Uribe.

Si el referendo supera los escollos formales, otras situaciones podrían echar al traste con la segunda reelección. Las primeras son de índole político.

Mientras el escenario de la reelección siga abierto, continuará la incertidumbre y la zozobra irá in crescendo. "La reforma afectaría la estabilidad de las reglas del juego y, por lo tanto, la confianza que sobre tales reglas debe existir entre contendores políticos -asegura el historiador Eduardo Posada Carbó- La repetida candidatura del Presidente afectaría la rotación del liderazgo en el poder, necesaria para oxigenar la democracia".

El bloqueo que están experimentado tanto líderes uribistas con aceptación en las encuestas -el ministro Santos-, como independientes al estilo del ex alcalde Sergio Fajardo, confirma estas apreciaciones.

Por otra parte, si el referendo sigue avanzando le daría a Uribe un aura de invencibilidad que aumentaría el estado de polarización y confrontación, y afectaría la institucionalidad política.

"Los efectos políticos de la reelección serían más que los jurídicos: el debilitamiento de los partidos y el fortalecimiento de las figuras personales (presidente) frente a las figuras institucionales (movimientos y partidos)", afirma el constitucionalista Juan Manuel Charry.

Pero no sólo se vería afectada la institucionalidad política, también la jurídica. Si la Corte Constitucional avala el referendo, el fallo tendría que estar blindado, ser inmaculado, para evitar golpes a su credibilidad y autonomía.

De todas maneras, el eventual empujón del alto tribunal redundaría en un peligroso aislamiento de la Corte Suprema que lleva años de duros enfrentamientos con el Presidente y siente amenazada su independencia.

Además, el aura victoriosa del Gobierno podría empujar a la oposición a intentar judicializar temas políticos internos en escenarios internacionales.

En el exterior, un tercer mandato de Uribe también tendría consecuencias. "Minaría la confianza internacional en nuestro sistema democrático, que se identificará entonces desde afuera con el caudillismo que con frecuencia ha dominado los destinos latinoamericanos", asegura Posada Carbó.

El país entraría al club de los países andinos -Venezuela, Ecuador y Bolivia-, que emplean la herramienta del referendo popular para reformar las constituciones a su gusto.

Por último, en caso de no obtener los votos necesarios en el referendo, el Gobierno se arriesga a una potencial catástrofe: un mandatario que moviliza siete millones de votos a las urnas pero que no puede inscribir su candidatura.

Esto desembocaría irremediablemente en unas lánguidas elecciones presidenciales en 2010 con un puñado de aspirantes que no alcanzarían a igualar el respaldo popular del ocupante de la Casa de  Nariño. Las consecuencias de esa voluntad popular 'traicionada' serían impredecibles.

Si no es Uribe, ¿quién?

Si en teoría al referendo le quedan algunos retos por delante, en la práctica está definiendo el tono y los protagonistas de la campaña entre sus propias tropas y en las  huestes de la oposición.

En especial en estas últimas. A pesar de los vaticinios de un difícil 2009 para el Gobierno por el desgaste político de la reelección, los graves y continuos escándalos -DAS, 'falsos positivos', negocios de los delfines... -, y la crisis económica, la mayoría de los colombianos continúa apoyando a Uribe.

Jorge Londoño, gerente de Invamer-Gallup, sostiene que "pese a sus falencias económicas, la gente no lo castiga porque ve sus resultados en el campo de la seguridad".

Por su parte, Napoleón Franco, de Pisos-Napoléon Franco, dice que "cuando Uribe fue electo el problema era la guerra terrorista, y los colombianos sienten hoy que todavía el conflicto no ha terminado y temen que con un cambio de gobierno éste resurja".

Así las cosas, no parecería tener mayores consecuencias electorales el hecho de que, según la más reciente encuesta Invamer-Gallup, el 49 por ciento de los encuestados desapruebe la gestión económica del Gobierno, el 69 por ciento la forma cómo Uribe maneja el desempleo y el 64 por ciento, el costo de vida.

Aunque a primera vista estas cifras le darían a la oposición argumentos sólidos y ganadores para contrarrestar el referendo y un eventual tercer mandato de Uribe, la realidad es otra.

El Presidente barre en todas las encuestas y, en ausencia de su nombre, los primeros puestos los ocupan aspirantes uribistas y el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo.

Los líderes opositores -desde el liberal Rafael Pardo hasta el presidente del Polo Carlos Gaviria- no marcan el contrapeso esperado dado el lugar prioritario del referendo en la agenda pública. 

"Los colombianos perciben que no hay un candidato que tenga un posicionamiento en seguridad o en materia económica que le pueda hacer contrapeso a Uribe", dice César Valderrama, gerente de Datexco-Opinómetro.

Y Londoño señala que la gente no percibe "la crisis económica como un problema mundial y no solo de Colombia, y por eso no culpa a Uribe".

En otras palabras, lo mismo que 2002 y en 2006, seguridad mata economía y eso beneficia el apoyo popular al referendo. A esto se suma que los opositores, con excepción de algunos debates parlamentarios, no han logrado encarnar una apuesta creíble en materia económica y de política social.   

No obstante, el avance del referendo podría darle sentido y propósito a la oposición para la campaña de 2010. A medida que la segunda reelección presidencial vaya sorteando los obstáculos, la idea de un frente unido será más atractiva.

No sería extraño que el jefe del Liberalismo, el ex presidente César Gaviria, o el ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, desplieguen una campaña anti-referendo que, en el caso de este último, aumentaría sus activos como eventual candidato presidencial el año entrante.

En conclusión, ni la segunda reelección del primer mandatario es un hecho cumplido, ni existe la completa seguridad de que el referendo supere los variados escollos que le quedan.

Pero lo cierto es que la creciente posibilidad de tener al presidente Álvaro Uribe en campaña presidencial en 2010 está generando serias consecuencias políticas, jurídicas, electorales y de política exterior: el bloqueo de nuevos liderazgos, el desequilibrio del sistema democrático, el ingreso al club de las democracias plebiscitarias y la subordinación de las angustias económicas a la agenda de seguridad.