Toreando al Tío Sam

'Cesar' y 'Gafas', los carceleros de Íngrid, son objetivos de la Justicia de Estados Unidos. Foto: Efe

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La misión de trabajo que Kenneth Blanco, enviado especial de la Fiscalía General de Estados Unidos, cumpliría el miércoles 14 de enero en Bogotá, tenía el rótulo de urgente. Consistía en activar una estrategia jurídica, política y diplomática capaz de persuadir a la Corte Suprema de Justicia de Colombia de que modificara una posición doctrinaria que durante los tres últimos tres meses la llevó a negar solicitudes de extradición presentadas contra cinco guerrilleros de las Farc y el Eln acusados de conspiración, secuestro y otras conductas relacionadas con el apoyo a "organizaciones terroristas de carácter internacional".

Blanco, jefe del equipo de asistentes del fiscal de su país, interpretaba la sorpresa y preocupación provocadas en los altos círculos del poder de Washington por las determinaciones de la Corte colombiana. A su juicio, los obstáculos a esas extradiciones ponían en riesgo la posibilidad de que Estados Unidos pudiese juzgar a los responsables de los secuestros de nacionales suyos en Colombia. Entre ellos, los de los tres contratistas rescatados por las Fuerzas Militares el 2 de julio del año pasado junto a la ex candidata Íngrid Betancourt, en desarrollo de la operación Jaque.

La negativa de la Corte Suprema de darle vía libre a esas extradiciones era, desde la perspectiva de la Justicia de Estados Unidos, un fuerte golpe al principio de la extraterritorialidad en la aplicación de su ley penal que Washington ha considerado tradicionalmente como uno de los activos más valiosos de su política internacional. A su llegada a Bogotá ese día, Blanco se reunió inicialmente con el fiscal general, Mario Iguarán Arana. Lo hizo en compañía de Peter Vincent, jefe de la oficina jurídica de la Embajada en Bogotá y funcionario clave en la coordinación de los programas de cooperación y asistencia judicial entre ambos países. Más allá de una relación institucional, Iguarán, Blanco y Vincent eran amigos personales que cenaban e iban al fútbol en los intermedios de sus tareas oficiales. Esos encuentros informales les permitían hablar sin tensiones ni protocolos.

Iguarán les ayudó a entender a los visitantes la manera como la Sala Penal de la Corte ha interpretado los alcances de la extradición después de que esta comenzó a regirse por el Código de Procedimiento y después de los interminables tires y aflojes que dejaron sin aplicabilidad el tratado bilateral suscrito en 1979. Desde entonces, los dos países han tramitado las extradiciones por vía administrativa. El hecho de que la Fiscalía hubiese hecho efectivas de manera oportuna las órdenes de captura contra los guerrilleros requeridos por una Corte del Distrito de Columbia era asumido por los emisarios estadounidenses como una moción de respaldo a sus pretensiones. Pero no entendían las diferencias de posiciones, y de conductas, entre las dos instituciones clave del sistema judicial colombiano: la Fiscalía y la Corte.

Con los elementos adicionales de juicio, Blanco se dirigió después hasta el Palacio de Justicia. Allí se reunió informalmente con Sigifredo Espinosa, presidente de la Sala Penal y con el magistrado Julio Enrique Socha.  Los dos dignatarios del alto tribunal le explicaron al enviado de la Fiscalía gringa que las decisiones, adoptadas unánimemente por los nueve magistrados de la Sala, no correspondían a una simple postura doctrinaria, sino que se atenían a los límites señalados por la Constitución de Colombia y respondían estrictamente a los términos en que la Justicia de Estados Unidos había planteado las solicitudes.

Le recordaron que por mandato constitucional un nacional colombiano solo puede ser extraditado cuando los delitos que le fueran imputados por una autoridad foránea hubiesen tenido principio o fin en territorio del país solicitante. En caso contrario, prevalece el principio de la soberanía en la aplicación de la legislación penal colombiana.

El socio de 'Gafas'

A juzgar por los términos de la conversación, el primer caso que despertó la preocupación de Estados Unidos fue el del rechazo de la Corte al pedido de extradición formulado contra Vladimir Culma Sunz, un guerrillero de las Farc que pertenecía a la misma estructura armada de la que hacían parte Alexander Farfán Suárez (alias 'Gafas') y Gerardo Antonio Aguilar Ramírez ('César'), los dos carceleros de Íngrid, de los contratistas norteamericanos y de otras once personas, entre policías y militares, rescatadas durante la Operación Jaque.

De acuerdo con el inditement (acusación formal) que respaldaba la solicitud de extradición originada en la Corte para el Distrito de Columbia, Culma conspiró con otros miembros de la guerrilla para suministrar material de apoyo o recursos a una organización terrorista extranjera (las Farc).

El cargo principal en su contra estaba descrito en estos términos: "Ayudar a las Farc por medio de la creación y prestación de servicios personales como red de apoyo logístico y de suministros. La red fue estructurada para adquirir armas, municiones, dispositivos de alta tecnología, dineros y otros materiales y suministros para entregarlos, junto con otra mercadería, incluyendo rehenes, al grupo terrorista  internacional de las Farc".