Enero 7 de 2009
'El referendo está contaminado': Edgardo Maya
El procurador general anuncia fallos trascendentales sobre la 'Yidispolítica' y apuesta por la independencia de la Corte Constitucional.
Tras ocho años en el cargo, Edgardo Maya Villazón entregará el próximo martes 13 las riendas de la Procuraduría General de la Nación al ex magistrado Alejandro Ordóñez, y en esta su última entrevista como procurador general hace un balance de su gestión y un corte de cuentas sobre algunas de las investigaciones más sensibles que han estado a su cargo, como las de la 'Yidispolítica' y los falsos positivos. Dice que hasta el último día de su gestión tomará decisiones. En el primer caso, las investigaciones están ya cerradas y listas para fallo, y en el segundo avanzan 920 procesos con 2.100 implicados.
También habla sobre sus planes futuros y cuestiona el referendo reeleccionista que, según él, está viciado tanto de forma como de fondo. Y en contra de los pronósticos de los amigos de la reelección, considera que si el proyecto pasa finalmente en el Congreso, no tiene asegurado el fallo de constitucionalidad de la Corte. Pronostica que, pese a su conformación predominantemente uribista, el alto tribunal demostrará su independencia del Ejecutivo.
CAMBIO: ¿Cuál es su balance de los ocho años al frente de la Procuraduría?
E.M. El de un mandato ejercido con autonomía e independencia. Le dimos un giro a la institución hasta convertirla en una Procuraduría social y preventiva, a pesar de que a la sociedad y a la prensa les interesa más la Procuraduría represiva, la que destituye, la que come funcionarios públicos. Aún así, descargamos con vigor la férula disciplinaria cuando fue necesario hacerlo.
Su mayor satisfacción...
Una de las grandes satisfacciones fue la forma como defendimos el patrimonio público. Un caso emblemático es el de Invercolsa: abrimos el camino para que la Nación recupere 45 millones de dólares, unos 90.000 millones de pesos, representados en acciones de Ecopetrol que habían sido sustraídas del patrimonio de la empresa mediante maniobras engañosas. Pero pese a que se trata de un asunto ya juzgado, no ha sido posible que el autor de esas maniobras (el ex ministro Fernando Londoño) devuelva las acciones, pero estoy seguro de que tendrá que hacerlo.
¿La Procuraduría dejó de ser el 'elefante blanco' del pasado, sobrecargado de procesos?
Sin duda. Recibimos la Procuraduría con 61.000 procesos disciplinarios y hoy tenemos 23.000. Hemos resuelto 38.000 procesos y eso que cada año ingresan 25.000 en promedio. Hemos producido 250.000 decisiones de fondo. En materia de derecho privado, en el campo civil derrotamos el síndrome de la conciliación que se generó a raíz del caso Dragacol, y por ese camino contribuimos a resolver no menos de 2.000 demandas contra la Nación.
¿En qué otros campos se declara satisfecho?
Pusimos puntos altos en materia de protección y promoción de los Derechos Humanos, y protección a desplazados y otras víctimas de la violencia. Lo logramos mediante un proceso de modernización que costó 20 millones de dólares, adelantado con la pulcritud del caso. Fuimos los operadores de 111 contratos con una sola declaratoria de caducidad.
¿Cómo resumiría la Procuraduría que deja?
Como una Procuraduría con un remozado talante democrático que se refleja en los más de 1.000 conceptos rendidos ante la Corte, de los cuales destaco 32 sobre defensa de los derechos fundamentales: fuero sindical, derecho al aborto y el tema de la población gay. Hemos desafiado modelos mentales del pasado para abogar por el respeto a la diversidad de las personas y de las minorías étnicas y culturales. Tenemos estudios de avanzada en educación y salud que van mucho más allá del diagnóstico. Sin falsas modestias puedo hablar de una Procuraduría de avanzada y garantista que debe seguir en esa línea.
Pero quedan muchos temas pendientes de decisión, como el de los falsos positivos y la 'Yidispolítica', para solo citar dos de los más sensibles.
Mi periodo va hasta el 12 de enero y hasta ese día vamos a producir decisiones, varias de las cuales están en la fase final de revisión. En cuanto a los temas específicos que mencionan, el de los falsos positivos, a mi juicio el más sensible frente a la opinión internacional, tenemos en curso 920 procesos con más de 2.100 implicados. Los fallos, en ciernes, servirán para depurar ese pequeño sector de las Fuerzas Armadas que con sus acciones desquiciadas han enturbiado los formidables logros de las instituciones militares y de Policía. En lo que ustedes llaman la 'Yidispolítica', está decretado el cierre de investigaciones a las que están vinculados ministros de Estado y altos funcionarios de la Casa de Nariño. El país conocerá pronto una respuesta.
¿La 'parapolítica', proceso que tuvo para usted implicaciones personales, fue su papa caliente?
Fue un desafío grande que pude sortear con entereza y decisión. En lo personal, logré demostrar que era ajeno por completo a acciones atribuidas a personas de mi entorno familiar. En lo institucional, nadie podrá decir jamás que intenté condicionar o manipular alguna decisión en este campo. Respeté la autonomía de mis procuradores delegados y los instruí para que fallaran en derecho, independientemente de los nombres que estaban de por medio.
¿Cómo analiza el fenómeno de la 'parapolítica' que le ha tocado vivir tan de cerca?
La 'parapolítica' es tan solo una de las expresiones de la profunda crisis humanitaria que vive el país por causa de una violencia cuyo origen no hemos combatido. Si bien es cierto que la guerrilla es la campeona en la violación de los Derechos Humanos, seguida de cerca por paramilitares y grupos emergentes como las Águilas negras, los servidores públicos, llámense congresistas, militares o miembros de organismos de seguridad, tienen también una alta cuota de responsabilidad. Y las demandas contra el Estado por esta causa van a afectar más el presupuesto nacional que las relacionadas con reclamaciones pensionales. Las cifras hablan por sí solas: la Nación afronta demandas por 50 billones de pesos y ya ha hecho reservas para pagarlas por siete billones, el 5 por ciento del presupuesto nacional.
En medio de la crisis generada por el enfrentamiento con la Corte Suprema, el Presidente mencionó la existencia de 'roscogramas' en la Justicia y los órganos de control. ¿Se sintió aludido?
Mientras otros órganos del poder reciben críticas por la manera como se proveen las nóminas, por ejemplo en el servicio diplomático y consular, ninguna entidad oficial puede mostrar los resultados de la Procuraduría en cuanto a la provisión de cargos. En ocho años hicimos cinco concursos de méritos y por ese camino incorporamos a 1.600 personas a la nómina. Tenemos a la mano resultados sobre la eficiencia de nuestros funcionarios de carrera. Cuando llegué a la Procuraduría el promedio de evacuación de expedientes era de 1,2 por funcionario y hoy el promedio es de siete.
¿La Procuraduría es partidaria del ingreso automático a la carrera?
No, porque la incorporación automática rompe el principio de igualdad y favorece a los recomendados políticos. Por eso nos opusimos a un proyecto de ley que pretendía establecerlo y logramos que el Presidente lo objetara. Y acabamos de presentar una demanda contra los concursos internos, porque pensamos que deben estar abiertos a todo el mundo.
Algunos contradictores de su sucesor creen que el doctor Ordóñez podría darle reversa a decisiones y procesos que afectan a miembros o ex miembros del Gobierno.
No creo. Confío en el vigor institucional de la Procuraduría y espero que la tarea de mi sucesor sea superior a la mía por el bien del país.
¿Qué piensa de la propuesta de su sucesor de liberar a la Procuraduría de la facultad para investigar a los congresistas? ¿Qué pasará con procesos tan significativos como la 'parapolítica' y la 'Yidispolítica'?
En junio de 2007 respondí a esa pregunta en forma anticipada, cuando rechacé tajantemente un proyecto de ley en el que se proponía sustraer a los congresistas del poder disciplinario de la Procuraduría para entregárselo a una comisión de ética conformada por congresistas. Cuando eligen al procurador general, los congresistas simplemente cumplen con un deber que les impone la Constitución y la elección no condiciona para nada el ejercicio de las atribuciones constitucionales del procurador.
A propósito de temas políticos, ¿qué opina de la reelección presidencial?
Históricamente, las constituciones y los pueblos −me refiero a los que viven en democracia− han sido sabios al limitar las elecciones presidenciales. En 2005, cuando el asunto estuvo por primera vez a consideración de la Corte Constitucional, el concepto de la Procuraduría fue negativo, y lo fue no por razones políticas sino estrictamente constitucionales. La Procuraduría a mi cargo ha sostenido que la base de la democracia son las oportunidades.
Pero la reelección presidencial de 2006 y el actual proceso con referendo de por medio parecen distintos. Los partidarios de un tercer mandato de Uribe se apoyan en que la iniciativa es de origen popular.
Creo que el proceso que busca la reelección ha estado contaminado desde el comienzo por razones de forma y de fondo. Ni siquiera ha tenido claridad en la rendición de cuentas que sí existió en el proceso de la primera reelección, promovida por Fabio Echeverri, y hay dudas por el hecho de que las firmas fueron custodiadas por una empresa de propiedad de personajes que han defraudado a miles de colombianos. Además, el proyecto de referendo no fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, donde no obtuvo la mayoría calificada que requieren los actos legislativos. Francamente no entiendo esa suerte de artilugio o magia pseudoconstitucional que permitió que hiciera tránsito a la plenaria de la Cámara.
Algunos consideran que cualquiera que sea la fórmula para dar vía libre a la reelección, referendo o acto legislativo, el fallo de la Corte Constitucional será favorable porque es un tribunal en el que la mayoría de los magistrados son cercanos al Gobierno.
No lo doy por sentado. La Corte, que está en proceso de renovación, va a dar sorpresas por su independencia. Lo digo porque conozco el talante de sus nuevos miembros. Así que quienes le apuestan a una supuesta volubilidad del juez constitucional pueden estar perdiendo de antemano.
Al margen de lo jurídico y constitucional, ¿qué opina sobre la posibilidad de una segunda reelección de Uribe?
Creo que los analistas políticos de la Historia colombiana no tienen duda alguna de que, después de Núñez, un presidente en ejercicio durante tres periodos termina contrariando los principios democráticos de oportunidad de muchos colombianos que tienen la capacidad para regir los destinos del país. La rotación en el poder presidencial es necesaria en toda democracia.
¿En términos generales cómo califica la gestión de Uribe?
Sin vacilación alguna digo que Uribe ha sido un buen presidente.
¿El hecho de que el Partido Conservador se haya convertido en una especie de apéndice del uribismo puede significar el principio del fin de esa colectividad histórica?
Según el diccionario, apéndice es algo que sobra, a pesar de que les den toda la burocracia que exija para la supervivencia de sus líderes y militantes, y sobre todo a cambio de la aprobación de reformas legales y constitucionales.
¿Cree que el Partido Liberal perdió su vocación de poder?
Un partido que esté en sintonía con los progresos sociales, políticos y económicos de una nación en la cual ejerce liderazgo, nunca pierde su vocación de poder. La pierde si se va por otros caminos.
Algunos consideran que usted seria un buen candidato presidencial y la mejor carta de la Costa. ¿Le seduce la idea?
Solo después del 13 de enero, cuando deje de ser procurador, quiero escuchar los cantos de sirena. Y al respecto les cuento una anécdota: durante los siete años anteriores, mi celular era incapaz de recibir la cantidad de mensajes de feliz año. Este año solo recibí el mensaje de un amigo vallenato de toda la vida: Rodolfo Ortega Montero. Nada más.