Colombia se somete a examen ante el mundo en materia de Derechos Humanos

Las familias de las víctimas denuncian un grave deterioro en la situación de los Derechos Humanos. Foto: Archivo Cambio

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El pasado 21 de noviembre el vicepresidente Francisco Santos presentó ante la Comisión Europea, en Bruselas, un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, en el que con cifras argumentó por qué en los últimos cinco años la política de Seguridad Democrática ha contribuido a que existan grandes avances en esa materia, entre otras cosas por la ostensible reducción en los homicidios y secuestros.

Sin embargo, al término de esa reunión fue asediado por decenas de periodistas internacionales que lo cuestionaron sobre la cantidad de ejecuciones extrajudiciales por las que se investigaba a algunos miembros de la Fuerza Pública. Pero Santos fue tajante: "Sentimos vergüenza de que eso haya pasado" y anunció que el Gobierno ya había tomado los correctivos necesarios.

Pese a las críticas en esa materia, Santos es optimista de que el próximo 10 de diciembre, a las 8:30 de la mañana y con transmisión en tiempo real para todo el mundo a través de Internet, Colombia pase una prueba de fuego: el Examen Periódico Universal (EPU) que hace el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, a los 192 Estados que lo conforman. Dicha evaluación a la que se somete el Gobierno de forma voluntaria es considerada la máxima instancia de la ONU para revisar que los países miembros estén cumpliendo con los parámetros de respeto a los Derechos Humanos.

Pero pasarla no será tan fácil. El Examen Periódico Universal lo realiza un grupo de trabajo integrado por 47 países cuya  relatoría  estará a cargo de Italia, Burkina Faso y Bahrain. Allí se revisarán dos informes. El primero lo prepara el propio Estado que envía una delegación encabezada por el vicepresidente Francisco Santos y el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Carlos Franco. El segundo es el resultado de una combinación de documentos elaborados por distintas ONG, centros de estudios, defensores de los Derechos Humanos, organizaciones regionales e internacionales, y representantes de la sociedad civil del país.

La discusión se centra en cinco puntos: derecho a la vida, la integridad personal y la libertad; paramilitarismo y bandas emergentes; verdad, justicia y reparación; desplazamiento forzado y derechos económicos, sociales y culturales. Como era de esperarse, los informes del Gobierno y de las ONG -900 agrupadas en las plataformas y redes de Derechos Humanos y paz- no coinciden.

Mientras que el Gobierno centra su análisis en los logros alcanzados con la política de Seguridad Democrática durante los últimos años, el segundo presenta críticas a los resultados y evidencia de graves violaciones, la mayoría de ellas relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. 

La comparación de los dos informes demuestra que más allá de la disparidad de cifras existe un grave deterioro en la situación de Derechos Humanos que se evidencia no solo en las denuncias de los llamados "falsos positivos" atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, sino en el aumento de las cifras de desplazamiento forzado y en el rearme paramilitar tras la desmovilización de las autodefensas desde 2003.

A qué costo

El documento de 20 páginas preparado por el Gobierno -que ya está en manos de la ONU- indica que desde 2002, cuando empezó el primer mandato del presidente Álvaro Uribe, hubo 28.837 homicidios, para una tasa anual de 66 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero en 2007 la cifra llegó a  17.198 homicidios y una tasa de 36,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a una reducción del 45,2 por ciento.

Agrega que los homicidios colectivos disminuyeron de manera aún más pronunciada: de 115 casos con 680 víctimas en el 2002, a 26 casos con 128 víctimas al finalizar el 2007 para una reducción del 77,4 por ciento. Mientras que los atentados terroristas pasaron de 1.645 en 2002, a 387 y hubo una reducción del 87 por ciento en los secuestros.