Colombia se somete a examen ante el mundo en materia de Derechos Humanos

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Pero las ONG, en 10 páginas, tienen otra lectura: en los últimos cinco años hubo un aumento del 67,71 por ciento en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de Seguridad Democrática. Precisa el documento que entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002.

Añaden que entre julio de 2002 y diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas civiles perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, de las cuales 1.314 eran mujeres y 719 eran niños. De esas 13.634 personas, 1.477 fueron desaparecidas forzadamente, aspecto que no aborda en su documento el Gobierno de Colombia.

Frente a estos hechos, el Gobierno se defiende en su informe y admite que "motivo de gran preocupación han sido las denuncias respecto a presuntos homicidios cometidos por la Fuerza Pública en personas protegidas o por fuera de combate". En tal sentido explica que al 30 de julio de 2008 estaban vinculados a investigaciones penales 748 miembros de la Fuerza Pública, se habían expedido órdenes de captura contra 242 de ellos, fueron acusados 110 ante los jueces y se dictaron 14 sentencias condenatorias a 42 miembros del Ejército.

De otro lado, mientras el Gobierno insiste en el fin del paramilitarismo a partir de la desmovilización colectiva de 31.671 paramilitares, las ONG consideran que no ha sido desmantelado. En su informe para el EPU, el Gobierno presenta el fenómeno desde la perspectiva de nuevos grupos armados, "denominados bandas criminales emergentes". Pero para las ONG hay todavía por lo menos 9.000 paramilitares. Según un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, citado en el documento, entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 por lo menos 4.019 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas presuntamente a los grupos paramilitares.

En contraste con el Gobierno, las ONG insisten en que con la política de Seguridad Democrática se han desconocido principios básicos establecidos en la Constitución y "se ha circunscrito la seguridad a respuestas militares y policivas, ignorando con ello que debe fundarse en el respeto por los Derechos Humanos". Ahora la última palabra la tiene el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que luego de revisar los documentos formulará recomendaciones e iniciará un proceso de seguimiento a la situación en Colombia.

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