'El CTI advirtió sobre los macabros sucesos': Mario Iguarán

Foto: Claudia Rubio / Cambio

(Página 1 de 2)

El Fiscal General habló con CAMBIO sobre la destitución de tres generales y otros 24 miembros del Ejército por el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales y sobre sus implicaciones en la comunidad internacional. Habló también sobre los recientes casos de Alberto Santofimio, el Palacio de Justicia y el guerrillero que ayudó a la liberación de Óscar Tulio Lizcano.  Además, el Fiscal anuncia que vendrán más verdades sobre el paramilitarismo en Urabá y el papel que jugaron algunos empresarios.

CAMBIO: ¿Cómo recibe la noticia del retiro del Ejército de 27 militares, entre ellos tres generales?

M.I.: En el supuesto de que los miembros del Ejército sean responsables en casos como el de Soacha, creo que la decisión del Gobierno lo pone a salvo frente a las normas que rigen a la Corte Penal Internacional, en lo relativo a las relaciones entre superiores y subordinados. Eso está contenido en el artículo 28 del Estatuto de Roma.

¿Por qué?

Porque si se comprueba que el reclutamiento forzoso y desaparición de inocentes es una práctica sistemática de un grupo criminal, estamos frente a un delito de lesa humanidad.

¿La Fiscalía ya estableció qué fue lo que pasó?

Hemos desplegado lo que se podría llamar una "operación avispa" de investigadores en varias brigadas del país para revisar el pago de recompensas y manejo de informantes. El afán por el positivo o el ansia por la recompensa, pueden estar generando episodios muy oscuros y graves, que es lo que los medios de comunicación han llamado ejecuciones extrajudiciales.

¿En cuántas regiones han detectado estas prácticas?

Por mencionar algunos, en Tolú Viejo, Sucre; en Chinchiná, Caldas; en Córdoba y en Atlántico. En Medellín se ha registrado un número creciente de casos. Por eso, en esta investigación no vamos solo por los reclutadores, sino por la organización.

¿Cree que hay un uso perverso de las recompensas?

Falta consolidar las investigaciones pero pueden darse casos en que desmovilizados contactan personal uniformado para ponerse de acuerdo en la presentación de informantes y el pago de recompensas. Todos los días nos llegan noticias nada halagadoras. En un año pasamos de 103 investigaciones a 690 y eso es muy preocupante. En las últimas hay 763 vinculados y contabilizadas 1.137 víctimas.

La Procuraduría no descarta  la responsabilidad del CTI en los casos de Norte de Santander, pues al fin y al cabo los funcionarios legalizaron  los informes del Ejército sobre los supuestos muertos en combate.  ¿La Fiscalía qué tiene que decir ante esto?

Después de recibir información del Ejército, el CTI fue al lugar donde estaban los cuerpos y el mismo entregó un reporte que ha permitido adelantar la investigación con hipótesis judiciales como la de que esas personas no murieron en combate. En pocas palabras, el CTI es el que advierte sobre esos macabros sucesos.

¿Qué implicaciones pueden tener estos hechos en la comunidad internacional, a la luz del Derecho Internacional Humanitario?

A Colombia la comunidad y las Cortes internacionales la condenan no por los hechos que suceden, que ocurren en todas partes del mundo, sino por no hacer Justicia frente a esos hechos. Y en esta materia, la Fiscalía promueve y adelanta investigaciones, y muestra resultados en casos de ejecuciones extrajudiciales. Estamos esclareciendo casos como la masacre de Trujillo, reactivamos casos como el del exterminio de la Unión Patriótica, el magnicidio del profesor Correa D'Andreis y la masacre de El Salado, donde hemos encontrado más de 500 víctimas.

¿Durante el encuentro que tuvo este martes con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU qué temas trataron? 

Muchos temas, y entre las preguntas que formuló una fue sobre la parapolítica regional, e hizo observaciones sobre la inconveniencia de la extradición de los jefes paramilitares.

Estamos haciendo la entrevista en Medellín. ¿Puede saberse a qué vino?

Vine a revisar el desarrollo del proceso de Justicia y Paz, ahora que la Corte Suprema nos permite las imputaciones parciales y cuando los jefes de las autodefensas no extraditados han expresado su voluntad de decir la verdad. Iniciaremos las jornadas para tomar muestras de ADN de todos los familiares de los desaparecidos, que son por lo menos 3.000. También estoy para hacer seguimiento directo de las investigaciones sobre los hechos que tanta vergüenza le han causado a la Fiscalía por la infiltración de la mafia en esta seccional.

Después de la salida de Guillermo León Valencia de la Fiscalía,  ¿cómo quedaron sus relaciones con el Ministro del Interior?

Es  hermano de Guillermo León y entiendo su sentir. Él es el Ministro de Justicia y yo un funcionario de la rama y por eso debemos, podemos y queremos tener las mejores relaciones.

¿Cómo va el proceso del ex fiscal Valencia?

Se ha dispuesto su traslado para La Picota en Bogotá, toda vez que la Fiscalía ya lo acusó por cinco delitos y el juicio será ante la Corte. Ninguno de nosotros puede estar por encima de la ley.

Volviendo al proceso de Justicia y Paz, en Medellín hablan de amenazas contra paramilitares y víctimas que quieren decir la verdad sobre las masacres y sus responsables.

Puedo decirle que vienen más verdades, razón por la cual vamos a atender la seguridad de los que van a presentarse a versiones libres y de sus familias, que han recibido amenazas para que callen.

Dice que vienen más verdades... ¿De quiénes?

No hemos llegado ni a la mitad de lo que se supone que debe saberse. Por ejemplo, lo que se refiere a los empresarios en Urabá y a los homicidios de miembros de la UP. Y hay algo muy importante: más que saber quiénes cometieron las masacres, queremos saber quiénes las propiciaron para su propio beneficio.