¿Qué gana y qué pierde Uribe con la decisión de destituir los 27 militares?

(Página 1 de 3)

Incluso para un presidente como Álvaro Uribe, que ha acostumbrado a los colombianos a realizar acciones inesperadas y audaces, la purga militar que anunció este miércoles en la mañana tiene connotaciones históricas. Llamar a calificar servicios a tres generales, 11 coroneles y 13 oficiales y suboficiales más, es un hecho nada usual y aun menos en uno de los períodos más exitosos del Ejército. Están frescos en la memoria contundentes golpes a las Farc y, no por coincidencia, la imagen positiva de las Fuerzas Armadas está en 85 por ciento.

En consecuencia, la purga significa que el escándalo generado por el asesinato de 11 jóvenes de Soacha que fueron presentados por el Ejército en Ocaña como muertos en combate con la guerrilla, estaba creciendo demasiado.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, conoció el lunes los resultados de la investigación hecha por una comisión creada el pasado 3 de octubre por el Gobierno, y al constatar la gravedad de las conclusiones pidió de inmediato una cita con el Presidente. Uribe lo llamó al martes a las 9:30 p.m. y lo convocó a su despacho junto con el comandante de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla y otros miembros de la comisión.

El encuentro fue breve. Al conocer los resultados de la investigación -originalmente planeada para 10 días pero luego ampliada a tres semanas-, Uribe reiteró que la legitimidad de la política de Seguridad Democrática depende del cumplimiento de los Derechos Humanos, y les recordó el discurso que pronunció el 15 de agosto de 2002, cuando hizo el reconocimiento de las Fuerzas Armadas como Presidente recién posesionado, en que insistió en principios como la confianza, la transparencia y la juridicidad que deberían garantizarse en la guerra contra las Farc.

Luego, sin pensarlo demasiado,  acogió la propuesta que le hicieron los miembros de la comisión: hacer una purga. Tomada la decisión a las 11:00 p.m., el Presidente dio instrucciones para que el miércoles fuera convocada una rueda de prensa a las 7:00 a.m. en la que anunciaría su drástica decisión: el relevo de los 27 integrantes del Ejército.

Desde el punto de vista formal, las destituciones no tienen connotaciones penales o disciplinarias y en eso ha insistido el Gobierno. Esas consideraciones corresponden a la Fiscalía y a la Procuraduría. El Gobierno actúa con criterio político y toma decisiones administrativas, que son discrecionales. Por eso, la destitución de los militares no significa que sean culpables de los delitos asociados con los "falsos positivos": la  muerte de los jóvenes presentados como dados de baja en combate. Se trata, más bien, de una sanción por negligencia o laxitud en el ejercicio de sus funciones, y el Gobierno considera que deben asumir la responsabilidad por no haber adelantado investigaciones satisfactorias en múltiples casos que se venían denunciando.

Las razones

Más allá del caso concreto de las 11 víctimas de Soacha, el presidente Uribe tuvo razones muy fuertes para tomar la trascendental decisión. La primera es que estaba afectando la imagen de la Seguridad Democrática. La percepción de que el Ejército asesina civiles puede borrar con el codo lo alcanzado con la larga cadena de victorias militares contra las Farc. Por eso Uribe ha buscado que salga a flote la verdad en casos de irregularidades cometidas por la Fuerza Pública, como Guaitarilla, Cajamarca y Jamundí.

Desde el punto de vista político, la buena imagen de la estrategia de Seguridad Democrática, columna vertebral de la amplia popularidad presidencial durante más de seis años en el poder, es un capital que no puede arriesgar.

La segunda motivación tiene que ver con la preocupación creciente de la comunidad internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia. La semana pasada, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, la delegación colombiana tuvo que improvisar numerosas respuestas sobre el aumento de las 'ejecuciones extrajudiciales'. Las más reconocidas ONG, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acaban de publicar preocupantes informes que critican la falta de acción del Gobierno colombiano.

De hecho, Uribe había adoptado hasta ahora una actitud defensiva frente a las denuncias que provenían de voces de la comunidad internacional. Fueron públicos sus enfrentamientos con Michael Fruhling, comisionado de la ONU, y José Miguel Vivanco, de HRW, quienes de tiempo atrás venían insistiendo en estas. En mayo de 2007, en Washington, ante una pregunta de una ONG, Uribe dijo: "Yo fui a la universidad pública y sé que una de las principales herramientas usadas por los terroristas es desacreditar al Ejército, desacreditar a la Policía, y yo no puedo aceptar ese truco". Y el 25 de julio del mismo año, en conmemoración de los dos años de la Ley de Justicia y Paz, afirmó: "Cada que se le dé una baja a la guerrilla, ahí mismo se movilizan sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial".