Octubre 29 de 2008
'El CTI advirtió sobre los macabros sucesos': Mario Iguarán
El Fiscal General habló con CAMBIO sobre la destitución de los miembros del Ejército por el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales y sobre sus implicaciones en la comunidad internacional.
El Fiscal General habló con CAMBIO sobre la destitución de tres generales y otros 24 miembros del Ejército por el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales y sobre sus implicaciones en la comunidad internacional. Habló también sobre los recientes casos de Alberto Santofimio, el Palacio de Justicia y el guerrillero que ayudó a la liberación de Óscar Tulio Lizcano. Además, el Fiscal anuncia que vendrán más verdades sobre el paramilitarismo en Urabá y el papel que jugaron algunos empresarios.
CAMBIO: ¿Cómo recibe la noticia del retiro del Ejército de 27 militares, entre ellos tres generales?
M.I.: En el supuesto de que los miembros del Ejército sean responsables en casos como el de Soacha, creo que la decisión del Gobierno lo pone a salvo frente a las normas que rigen a la Corte Penal Internacional, en lo relativo a las relaciones entre superiores y subordinados. Eso está contenido en el artículo 28 del Estatuto de Roma.
¿Por qué?
Porque si se comprueba que el reclutamiento forzoso y desaparición de inocentes es una práctica sistemática de un grupo criminal, estamos frente a un delito de lesa humanidad.
¿La Fiscalía ya estableció qué fue lo que pasó?
Hemos desplegado lo que se podría llamar una "operación avispa" de investigadores en varias brigadas del país para revisar el pago de recompensas y manejo de informantes. El afán por el positivo o el ansia por la recompensa, pueden estar generando episodios muy oscuros y graves, que es lo que los medios de comunicación han llamado ejecuciones extrajudiciales.
¿En cuántas regiones han detectado estas prácticas?
Por mencionar algunos, en Tolú Viejo, Sucre; en Chinchiná, Caldas; en Córdoba y en Atlántico. En Medellín se ha registrado un número creciente de casos. Por eso, en esta investigación no vamos solo por los reclutadores, sino por la organización.
¿Cree que hay un uso perverso de las recompensas?
Falta consolidar las investigaciones pero pueden darse casos en que desmovilizados contactan personal uniformado para ponerse de acuerdo en la presentación de informantes y el pago de recompensas. Todos los días nos llegan noticias nada halagadoras. En un año pasamos de 103 investigaciones a 690 y eso es muy preocupante. En las últimas hay 763 vinculados y contabilizadas 1.137 víctimas.
La Procuraduría no descarta la responsabilidad del CTI en los casos de Norte de Santander, pues al fin y al cabo los funcionarios legalizaron los informes del Ejército sobre los supuestos muertos en combate. ¿La Fiscalía qué tiene que decir ante esto?
Después de recibir información del Ejército, el CTI fue al lugar donde estaban los cuerpos y el mismo entregó un reporte que ha permitido adelantar la investigación con hipótesis judiciales como la de que esas personas no murieron en combate. En pocas palabras, el CTI es el que advierte sobre esos macabros sucesos.
¿Qué implicaciones pueden tener estos hechos en la comunidad internacional, a la luz del Derecho Internacional Humanitario?
A Colombia la comunidad y las Cortes internacionales la condenan no por los hechos que suceden, que ocurren en todas partes del mundo, sino por no hacer Justicia frente a esos hechos. Y en esta materia, la Fiscalía promueve y adelanta investigaciones, y muestra resultados en casos de ejecuciones extrajudiciales. Estamos esclareciendo casos como la masacre de Trujillo, reactivamos casos como el del exterminio de la Unión Patriótica, el magnicidio del profesor Correa D'Andreis y la masacre de El Salado, donde hemos encontrado más de 500 víctimas.
¿Durante el encuentro que tuvo este martes con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU qué temas trataron?
Muchos temas, y entre las preguntas que formuló una fue sobre la parapolítica regional, e hizo observaciones sobre la inconveniencia de la extradición de los jefes paramilitares.
Estamos haciendo la entrevista en Medellín. ¿Puede saberse a qué vino?
Vine a revisar el desarrollo del proceso de Justicia y Paz, ahora que la Corte Suprema nos permite las imputaciones parciales y cuando los jefes de las autodefensas no extraditados han expresado su voluntad de decir la verdad. Iniciaremos las jornadas para tomar muestras de ADN de todos los familiares de los desaparecidos, que son por lo menos 3.000. También estoy para hacer seguimiento directo de las investigaciones sobre los hechos que tanta vergüenza le han causado a la Fiscalía por la infiltración de la mafia en esta seccional.
Después de la salida de Guillermo León Valencia de la Fiscalía, ¿cómo quedaron sus relaciones con el Ministro del Interior?
Es hermano de Guillermo León y entiendo su sentir. Él es el Ministro de Justicia y yo un funcionario de la rama y por eso debemos, podemos y queremos tener las mejores relaciones.
¿Cómo va el proceso del ex fiscal Valencia?
Se ha dispuesto su traslado para La Picota en Bogotá, toda vez que la Fiscalía ya lo acusó por cinco delitos y el juicio será ante la Corte. Ninguno de nosotros puede estar por encima de la ley.
Volviendo al proceso de Justicia y Paz, en Medellín hablan de amenazas contra paramilitares y víctimas que quieren decir la verdad sobre las masacres y sus responsables.
Puedo decirle que vienen más verdades, razón por la cual vamos a atender la seguridad de los que van a presentarse a versiones libres y de sus familias, que han recibido amenazas para que callen.
Dice que vienen más verdades... ¿De quiénes?
No hemos llegado ni a la mitad de lo que se supone que debe saberse. Por ejemplo, lo que se refiere a los empresarios en Urabá y a los homicidios de miembros de la UP. Y hay algo muy importante: más que saber quiénes cometieron las masacres, queremos saber quiénes las propiciaron para su propio beneficio.
La reciente liberación de Santofimio no por un veredicto de inocencia sino por lo que podría llamarse duda razonable, dejó muchos interrogantes. ¿Falló la Fiscalía en la consecución de pruebas y en los testimonios que presentó en el juicio?
Debo recordar que no se trató de falta de investigación o de pruebas, sino de la apreciación y valoración de las mismas. Hicimos nuestro trabajo imputando, acusando y pidiendo condena. La posición de la Fiscalía no ha variado y por eso el fiscal del caso interpuso el recurso extraordinario de casación, que procede cuando el juez de instancia incurre en un error de hecho -por ejemplo, cuando no aprecia la prueba- o en un error de derecho, como cuando no aplica la norma. Eso es lo que debe sustentar el fiscal del caso y la decisión está en manos de la Corte.
Hablemos de la liberación de Óscar Tulio Lizcano, gracias a la colaboración de Wilson Bueno Largo, 'Isaza', el comandante que lo tenía a su cargo. ¿Es posible certificarlo como desmovilizado, evitarle un proceso judicial y que salga del país?
Puede certificarse como desmovilizado pero eso solo le resuelve el delito de rebelión, no el de secuestro. Nos encontramos frente a situaciones no previstas en la legislación y sobre las cuales estamos en mora de legislar, pero todo tendrá que definirse dentro de un proceso. Por ahora, lo mejor es dejar las especulaciones y que la Fiscalía oiga a los protagonistas. Esta tiene la voluntad de adecuar su situación a la normatividad existente, que permite no abrirle investigación y concederle beneficios por colaboración. Para que los secuestrados regresen a sus hogares, debemos promover un despeje jurídico y ello exige creatividad.
En fin, ¿qué podría pasar con él?
Hemos descartado el principio de oportunidad, porque el secuestro es un delito que atenta contra el Derecho Internacional Humanitario, y en eso la Fiscalía nunca va a ceder. Pero consideramos que puede dársele el beneficio de la detención domiciliaria en otro país mientras el proceso avanza en Colombia.
A propósito de deserciones, ¿cómo va el caso de 'Rojas', el hombre que asesinó a su jefe 'Iván Ríos' para ganarse una recompensa?
Algunos consideramos que obró bajo miedo invencible y que por lo tanto no debería acusársele por ese homicidio.
Entonces, ¿por qué está en la cárcel?
Primero, porque tiene otros procesos en la Fiscalía, y segundo porque no ha logrado convencer al juez de que asesinó a su jefe por miedo.
El Gobierno incentiva a guerrilleros para que se desmovilicen y entreguen secuestrados, pero cuando lo hacen acaban en la cárcel y enfrentados a procesos judiciales. ¿No hay una contradicción en esto?
Es bueno incentivar la entrega de secuestrados no solo mediante estrategias de guerra. No obstante, hay que advertir que cualquier decisión, jurídica o política, debe tener en cuenta que el que viola la ley internacional debe ser castigado.
Después de 20 años, el caso del Palacio de Justicia sigue abierto y en estos días el coronel (r) Alfonso Plazas, detenido por estos hechos, dijo que no hay desaparecidos porque sus restos están en la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional. ¿Qué sabe la Fiscalía de esto?
En la Nacional fueron identificados varios cuerpos y con otros no fue posible hacerlo porque estaban calcinados. Pero ni lo uno ni lo otro prueba que corresponden a los desaparecidos. Lo cierto es que hay evidencias testimoniales y documentales de que algunas personas salieron vivas, y es hora de que los oficiales y suboficiales sindicados o acusados de ser responsables de su paradero, nos digan si los cuerpos no identificados que están en la Nacional son de las personas que salieron con vida del Palacio, como afirmó el coronel Alfonso Plazas recientemente. Así sabremos si estamos frente a desapariciones u homicidios.
Hablemos de la parapolítica. Usted ha sido cuestionado por la lentitud y la falta de resultados en casos como los pactos de Pivijay y Chivolo en Magdalena. ¿Qué tiene que decir?
Que a nosotros no nos dan clase en parapolítica, que la iniciamos y la vamos a acabar. En Cesar, gobernadores, alcaldes y más de cinco congresistas han sido acusados por la Fiscalía. Lo mismo en Magdalena, donde hemos vinculado a 74 personas. Y en cuanto a los pactos que menciona le quiero decir que el propio Fiscal General es el que va y trae personalmente los expedientes archivados y empolvados en las regiones. Los fiscales que investigan el tema acaban de llamar a indagatoria a varios de los comprometidos en esos pactos. Así es como nosotros actuamos.
Según lo que se ha visto, ¿es posible afirmar que a los congresistas investigados por nexos con paramilitares les va mejor en la Fiscalía que en la Corte Suprema? ¿La Fiscalía es más benévola?
La parapolítica no involucra solo a congresistas. La Fiscalía lleva más de 400 procesos con más de 500 vinculados. Recientemente vinculamos al alcalde, al ex alcalde, a un candidato a la Alcaldía y a la mayoría de los concejales de Coveñas por vínculos non sanctos. Que no haga carrera que la Fiscalía es blanda con la parapolítica. Cuando se trata de un congresista, la Fiscalía incluso va más allá y hay dos que lo confirman. El de Ciro Ramírez, acusado no solo por concierto para delinquir sino por relaciones con el narcotráfico, y el de Luis Fernando Almario, procesado por concierto para delinquir y por homicidio.
¿Qué opinión le merece el reciente escándalo del DAS por ordenar seguimientos a miembros del Polo, que llevó a renunciar a su directora?
El Departamento encargado de la seguridad del Estado no está ni para seguir ni para perseguir a la oposición. Y quienes ordenaron, firmaron o ejecutaron esos seguimientos deberán absolver interrogantes sobre posible abuso de autoridad u otras conductas punibles. Es importante aclarar si quien firmó los memorandos actuó solo o no.
A propósito del DAS, parece olvidado el sonado y también escandaloso caso de otro director, Jorge Noguera. Algunos dicen que usted se equivocó en la instrucción de proceso que permitió a Noguera salir de la cárcel, para hacerle un favor al Gobierno.
Es una perversidad, no digo más. El proceso hablará por sí solo.
El Vicefiscal General adelanta la investigación contra los miembros del Gobierno involucrados en la llamada 'Yidispolítica'. ¿Sabe cómo va la investigación?
No es mi caso. Me declaré impedido no solo para pronunciarme judicialmente si también extrajudicialmente.
En círculos judiciales apuestan a que el ex ministro Sabas Pretelt saldrá "limpio" en el caso de la 'Yidispolítica', porque de alguna forma usted le debe a él su cargo.
Insisto, en el caso de la 'Yidispolítica' no me pronuncio. Y sobre quién me llevó a la Fiscalía, me pronuncio: me llevó Dios al permitir que la Corte me eligiera.
Como fue postulado por el Gobierno, las malas lenguas dicen que usted es el fiscal de bolsillo del Presidente. ..
Soy fiscal general no solo por postulación sino por elección. Revise las decisiones de mi administración y relea este reportaje, y podrá concluir si soy o no de bolsillo del Gobierno.