Octubre 29 de 2008
¿Qué gana y qué pierde Uribe con la decisión de destituir los 27 militares?
El presidente le pone el pecho a la violación de los Derechos Humanos.
Incluso para un presidente como Álvaro Uribe, que ha acostumbrado a los colombianos a realizar acciones inesperadas y audaces, la purga militar que anunció este miércoles en la mañana tiene connotaciones históricas. Llamar a calificar servicios a tres generales, 11 coroneles y 13 oficiales y suboficiales más, es un hecho nada usual y aun menos en uno de los períodos más exitosos del Ejército. Están frescos en la memoria contundentes golpes a las Farc y, no por coincidencia, la imagen positiva de las Fuerzas Armadas está en 85 por ciento.
En consecuencia, la purga significa que el escándalo generado por el asesinato de 11 jóvenes de Soacha que fueron presentados por el Ejército en Ocaña como muertos en combate con la guerrilla, estaba creciendo demasiado.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, conoció el lunes los resultados de la investigación hecha por una comisión creada el pasado 3 de octubre por el Gobierno, y al constatar la gravedad de las conclusiones pidió de inmediato una cita con el Presidente. Uribe lo llamó al martes a las 9:30 p.m. y lo convocó a su despacho junto con el comandante de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla y otros miembros de la comisión.
El encuentro fue breve. Al conocer los resultados de la investigación -originalmente planeada para 10 días pero luego ampliada a tres semanas-, Uribe reiteró que la legitimidad de la política de Seguridad Democrática depende del cumplimiento de los Derechos Humanos, y les recordó el discurso que pronunció el 15 de agosto de 2002, cuando hizo el reconocimiento de las Fuerzas Armadas como Presidente recién posesionado, en que insistió en principios como la confianza, la transparencia y la juridicidad que deberían garantizarse en la guerra contra las Farc.
Luego, sin pensarlo demasiado, acogió la propuesta que le hicieron los miembros de la comisión: hacer una purga. Tomada la decisión a las 11:00 p.m., el Presidente dio instrucciones para que el miércoles fuera convocada una rueda de prensa a las 7:00 a.m. en la que anunciaría su drástica decisión: el relevo de los 27 integrantes del Ejército.
Desde el punto de vista formal, las destituciones no tienen connotaciones penales o disciplinarias y en eso ha insistido el Gobierno. Esas consideraciones corresponden a la Fiscalía y a la Procuraduría. El Gobierno actúa con criterio político y toma decisiones administrativas, que son discrecionales. Por eso, la destitución de los militares no significa que sean culpables de los delitos asociados con los "falsos positivos": la muerte de los jóvenes presentados como dados de baja en combate. Se trata, más bien, de una sanción por negligencia o laxitud en el ejercicio de sus funciones, y el Gobierno considera que deben asumir la responsabilidad por no haber adelantado investigaciones satisfactorias en múltiples casos que se venían denunciando.
Las razones
Más allá del caso concreto de las 11 víctimas de Soacha, el presidente Uribe tuvo razones muy fuertes para tomar la trascendental decisión. La primera es que estaba afectando la imagen de la Seguridad Democrática. La percepción de que el Ejército asesina civiles puede borrar con el codo lo alcanzado con la larga cadena de victorias militares contra las Farc. Por eso Uribe ha buscado que salga a flote la verdad en casos de irregularidades cometidas por la Fuerza Pública, como Guaitarilla, Cajamarca y Jamundí.
Desde el punto de vista político, la buena imagen de la estrategia de Seguridad Democrática, columna vertebral de la amplia popularidad presidencial durante más de seis años en el poder, es un capital que no puede arriesgar.
La segunda motivación tiene que ver con la preocupación creciente de la comunidad internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia. La semana pasada, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, la delegación colombiana tuvo que improvisar numerosas respuestas sobre el aumento de las 'ejecuciones extrajudiciales'. Las más reconocidas ONG, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acaban de publicar preocupantes informes que critican la falta de acción del Gobierno colombiano.
De hecho, Uribe había adoptado hasta ahora una actitud defensiva frente a las denuncias que provenían de voces de la comunidad internacional. Fueron públicos sus enfrentamientos con Michael Fruhling, comisionado de la ONU, y José Miguel Vivanco, de HRW, quienes de tiempo atrás venían insistiendo en estas. En mayo de 2007, en Washington, ante una pregunta de una ONG, Uribe dijo: "Yo fui a la universidad pública y sé que una de las principales herramientas usadas por los terroristas es desacreditar al Ejército, desacreditar a la Policía, y yo no puedo aceptar ese truco". Y el 25 de julio del mismo año, en conmemoración de los dos años de la Ley de Justicia y Paz, afirmó: "Cada que se le dé una baja a la guerrilla, ahí mismo se movilizan sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial".
El cambio de posición del Presidente obedece a la fuerte presión internacional y a que la historia de Soacha se convirtió en la gota que rebosó la copa. Existen indicios graves y han sido revelados detalles macabros de los asesinatos y los hechos ocurrieron en el centro del país, en las vecindades de Bogotá, no en regiones alejadas. Y la guerra duele más mientras más cerca.
De otra parte, hay otro motivo que explica la contundencia de la purga ordenada por el Presidente esta semana. El problema de los "falsos positivos" no se limita a los muchachos de Soacha que aparecieron muertos en Ocaña, Norte de Santander: es mucho más grave. En la lista de oficiales que fueron retirados hay militares que venían operando en Antioquia, Chocó y Magdalena Medio, lo cual indica que en las investigaciones del Gobierno aparecieron irregularidades en esas zonas.
Hace tres semanas, CAMBIO publicó un informe de portada sobre 111 casos semejantes que investiga la Procuraduría y otras entidades de la Justicia, y esta semana el fiscal general Mario Iguarán revela en una entrevista (ver artículo siguiente), que el organismo tiene 820 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciadas entre enero de 2003 y septiembre de 2008.
Unas de cal...
Todo indica que el problema es mucho más generalizado de lo que se creía y que las advertencias que venían oyéndose de tiempo atrás estaban en lo cierto. Así que más allá de los casos de Soacha, lo cierto es que el problema tocó fondo. Hacia el futuro y de cara a una agenda internacional como la que viene, cuando el Gobierno se verá obligado a defenderse en foros como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y el propio Congreso de los Estados Unidos, el Presidente decidió ponerle el pecho a la situación y hacer la purga.
La destitución de los militares tiene consecuencias positivas para el Presidente. En primer lugar, lo separa de las irregularidades, le da argumentos frente a la comunidad internacional y produce un golpe de opinión ante los colombianos que aplauden sus audacias y sus actos de coraje. Y en segundo lugar, envía un saludable mensaje a las Fuerzas Armadas de que la guerra hay que ganarla en forma limpia y de que los miembros que se apartan de los métodos legítimos, la pagan.
Sin embargo, las audacias suelen presentar riesgos y la purga de los 27 militares no es la excepción. El retiro de casi toda la línea de mando de dos divisiones y una brigada del Ejército, puede generar fisuras dentro de las Fuerzas.
Aunque se trata de decisiones administrativas, las destituciones tienen sabor a castigo y, en consecuencia, para muchos implican una condena prematura, sin debido proceso y sin juicio previo. Al conocerse la noticia este miércoles, miembros y ex miembros del Ejército expresaron inquietudes en este sentido. "No se trata de solidaridad de cuerpo sino de exigir los mínimos derechos de defensa que tienen todos los ciudadanos, entre ellos, por supuesto, los miembros de las Fuerzas Armadas", le dijo a CAMBIO un alto oficial del Ejército en uso de buen retiro.
Por otra parte, desde hace tiempo es un secreto a voces que hay serias diferencias entre las dos principales cabezas de las fuerzas -general Fredy Padilla, comandante general, y el general Mario Montoya, comandante del Ejército- que tienen mucho que ver con sus posiciones frente al tema de los Derechos Humanos. Padilla es más purista e inflexible que Montoya, que tiene fama de tropero y cuya tarea es enfrentar al enemigo, en medio de un entorno que se caracteriza por la presión del Gobierno y de la opinión pública por resultados en la lucha contra las Farc.
La purga del miércoles puede acentuar ese distanciamiento en el que Montoya llevó la peor parte como lo demostró su gesto adusto durante la rueda de prensa con el Presidente y el ministro Santos. El General sufrió un duro golpe no solo porque 27 de sus hombres fueron sancionados con el retiro, sino porque el mensaje sobre que la guerra hay que ganarla por métodos legítimos, le compete directamente. Además, deberá ponerle el pecho a la brisa para recuperar la moral de una tropa que, como nunca, ha mostrado resultados en la lucha contra los grupos armados.
Altos oficiales retirados sostienen que, en efecto, la moral de las tropas se puede afectar porque en medio de una cosecha de éxitos terminaron cuestionadas y volvieron a salir a flote conceptos que se habían superado con la Seguridad Democrática, como el síndrome de la Procuraduría. Es decir, la idea de que la ley hace imposible librar la guerra.
Finalmente, la purga puede ser, más que un golpe fulminante, el punto de partida de nuevos cuestionamientos en el país y en el exterior por violaciones de Derechos Humanos. Al fin y al cabo, destapa una situación inaceptable y gravísima sobre la cual hasta ahora solo se conoce la punta del iceberg.
GENERALES A RETIRO
GENERAL PAULINO CORONADO GÁMEZ
Desde hace 17 meses se desempeñaba como comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, con sede en Cúcuta, que hacía presencia en la región del Catatumbo y en Ocaña, en que fueron encontradas las fosas donde estaban enterrados los 11 jóvenes de Soacha presentados por el Ejército como dados de baja en combate.
GENERAL JOSÉ JOAQUÍN CORTÉS FRANCO
Desde hace 11 meses se desempeñaba como comandante de la Segunda División del Ejército, con sede en Bucaramanga, y llevaba 34 años de servicio en el Ejército. Tenía bajo su mando las tropas de las Brigadas Quinta, con sede en Bucaramanga, Decimoctava, en Arauca, Trigésima, en Cúcuta, la Brigada Móvil 5 y el Comando Operativo 18, también en Arauca. El 11 de octubre de 2007 se graduó con otros 44 oficiales y suboficiales como gestor de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
GENERAL ROBERTO PICO HERNÁNDEZ
Desde hace dos años se desempeñaba como comandante de la Séptima División, con sede en Medellín, y llevaba 36 años en el Ejército. A su cargo estaban 34.000 hombres que hacían presencia en cinco departamentos, distribuidos en seis brigadas en 185 municipios de Antioquia, Córdoba y Chocó. Durante este lapso aumentaron los resultados operacionales en las distintas brigadas y se destacó la baja de Gustavo Rueda Díaz 'Martín Caballero'.
VOZ DE ALERTA
Un cuadro escandaloso y dramático de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia le está dando la vuelta al mundo. Una misión internacional reveló detalles sobre las estrategias a la que acudieron algunos miembros de la Fuerza Pública para conseguir las víctimas que luego fueron presentadas como combatientes dados de baja en combates.
El grupo de 13 juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en Derechos Humanos de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, sostiene que los casos de Soacha y Ciudad Bolívar, en Bogotá, y los que se destaparon a partir de estos hechos en distintas regiones del país, son una práctica persistente y sistemática. Esta visión coincide con la de 199 ONG de Derechos Humanos que hacen parte de la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, y que reveló -el miércoles pasado- un documento que contradice las estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales del Gobierno que da cuenta de 25 en lo que va de 2008. Según la 'coordinación', ha habido 535 ejecuciones atribuidas a las Fuerzas Armadas y de Policía entre enero de 2007 y julio de 2008.
Mientras que la misión internacional pudo constatar que hay regiones en las que incluso se pagan comisiones a algunos civiles para que ayuden a detectar futuras víctimas. "En Granada (Meta) existen grupos de civiles que trabajan con el Ejército. Los militares les dicen que ellos necesitan presentar dos guerrilleros muertos. Este grupo se encarga de engañar a jóvenes del pueblo y los llevan hasta lugares retirados donde son entregados a los militares, quienes posteriormente los ejecutan y 'legalizan' como guerrilleros", indica uno de los testimonios. En otros casos, los militares acudieron a esa práctica para conseguir días de descanso. "Doña Rosa, nos vamos de permiso 10 días porque dimos de baja a un guerrillero", fue el testimonio suministrado a la misión en el caso de la ejecución extrajudicial de Daniel Esteban Garzón, ocurrida el 8 de febrero de 2007, en el departamento del Meta, según el informe.
Descargue en Recursos Relacionados el documento: 'Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable' del Observatorio derechos humanos y derecho humanitario. Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos.