¿Qué gana y qué pierde Uribe con la decisión de destituir los 27 militares?

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Altos oficiales retirados sostienen que, en efecto, la moral de las tropas se puede afectar porque en medio de una cosecha de éxitos terminaron cuestionadas y volvieron a salir a flote conceptos que se habían superado con la Seguridad Democrática, como el síndrome de la Procuraduría. Es decir, la idea de que la ley hace imposible librar la guerra.

Finalmente, la purga puede ser, más que un golpe fulminante, el punto de partida de nuevos cuestionamientos en el país y en el exterior por violaciones de Derechos Humanos. Al fin y al cabo, destapa una situación inaceptable y gravísima sobre la cual hasta ahora solo se conoce la punta del iceberg.

GENERALES A RETIRO

GENERAL PAULINO CORONADO GÁMEZ
Desde hace 17 meses se desempeñaba como comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, con sede en Cúcuta, que hacía presencia en la región del Catatumbo y en Ocaña, en que fueron encontradas las fosas donde estaban enterrados los 11 jóvenes de Soacha presentados por el Ejército como dados de baja en combate.

GENERAL JOSÉ JOAQUÍN CORTÉS FRANCO
Desde hace 11 meses se desempeñaba como comandante de la Segunda División del Ejército, con sede en Bucaramanga,  y llevaba 34 años de servicio en el Ejército. Tenía bajo su mando las tropas de las Brigadas Quinta, con sede en Bucaramanga, Decimoctava, en Arauca, Trigésima, en Cúcuta, la Brigada Móvil 5 y el Comando Operativo 18, también en Arauca. El 11 de octubre de 2007 se graduó con otros 44 oficiales y suboficiales como gestor de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

GENERAL ROBERTO PICO HERNÁNDEZ
Desde hace dos años se desempeñaba como comandante de la Séptima División, con sede en Medellín, y llevaba 36 años en el Ejército. A su cargo estaban 34.000 hombres que hacían presencia en cinco departamentos, distribuidos en seis brigadas en 185 municipios de Antioquia, Córdoba y Chocó. Durante este lapso aumentaron los resultados operacionales en las distintas brigadas y se destacó  la baja de Gustavo Rueda Díaz 'Martín Caballero'.

VOZ DE ALERTA

Un cuadro escandaloso  y dramático de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia le está dando la vuelta al mundo. Una misión internacional reveló detalles sobre las estrategias a la que acudieron algunos miembros de la Fuerza Pública para conseguir las víctimas que luego fueron presentadas como combatientes dados de baja en combates.

El grupo de 13 juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en Derechos Humanos de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, sostiene que los casos de Soacha y Ciudad Bolívar, en Bogotá, y los que se destaparon a partir de estos hechos en distintas regiones del país, son una práctica persistente y sistemática. Esta visión coincide con la de 199 ONG de Derechos Humanos que hacen parte de la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, y que reveló -el miércoles pasado- un documento que contradice las estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales del Gobierno que da cuenta de 25 en lo que va de 2008. Según la 'coordinación',  ha habido 535 ejecuciones atribuidas a las Fuerzas Armadas y de Policía entre  enero de 2007 y julio de 2008.

Mientras que la misión internacional pudo constatar que hay regiones en las que incluso se pagan comisiones a algunos civiles para que ayuden a detectar futuras víctimas. "En Granada (Meta)  existen grupos de civiles que trabajan con el Ejército. Los militares les dicen que ellos necesitan presentar dos guerrilleros muertos. Este grupo se encarga de engañar a jóvenes del pueblo y los llevan hasta lugares retirados donde son entregados a los militares, quienes posteriormente los ejecutan y 'legalizan' como guerrilleros", indica uno de los testimonios. En otros casos, los militares acudieron a esa práctica para conseguir días de descanso. "Doña Rosa, nos vamos de permiso 10 días porque dimos de baja a un guerrillero", fue el testimonio suministrado a la misión en el caso de la ejecución extrajudicial de Daniel Esteban Garzón, ocurrida el 8 de febrero de 2007, en el departamento del Meta, según el informe.