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Francisco Antonio Coronel, quien fue alcalde y personero de Ocaña, recuerda sobrecogido la historia de la muerte de su sobrino Jair Julio. "Su cadáver apareció el 1º de mayo de 2007 en una zona rural de Las Chircas -cuenta-. A su lado había un arma recortada y tenía puestas unas botas militares que eran una talla menor que la suya".
Según un parte de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército, el joven fue dado de baja durante un enfrentamiento con las Farc. Curiosamente, ni sus compañeros de estudio, ni sus colegas de trabajo en las Empresas de Servicios de Ocaña, recuerdan que Jair militara en algún grupo político o ejerciera algún tipo de activismo.
Coronel y el padre de Jair, Rodolfo Julio, un electricista que vive en el barrio Camino Real, han desafiado desde entonces la verdad oficial que figura en el expediente. Según ellos, Jair salió la noche del 30 de abril a una discoteca próxima al cuartel del Batallón Santander y a la medianoche un grupo de desconocidos lo sacó de allí a la fuerza y lo subió a una camioneta oscura.
Cuatro meses después, Cristian Novoa Vega, un joven zapatero de Bucaramanga, corrió la misma suerte. Su madre, Mery Nacy Vega, afirma que la última vez que lo vio con vida fue el 25 de agosto. Estaba en el parque Centenario de la capital santandereana, cuando dos hombres se le acercaron y le ofrecieron una lucrativa oportunidad de trabajo en el Catatumbo. "Ni siquiera lo dejaron ir a la casa a sacar ropa -asegura la madre-. Le dijeron que con lo que iba a ganar podía comprar el primer día lo que necesitara". Una semana más tarde fue reportado muerto en combate. Un comunicado militar lo identificaba como miembro de una columna irregular que había chocado con el Ejército en un lugar entre Ocaña y Acarí.
A los casos de Julio y Vega, se suman en agosto y septiembre del año pasado los de tres jóvenes que luego de haber desparecido fueron presentados como dados de baja en combate. Uno es el de un joven de Ábrego, Norte de Santander, que padecía trastornos mentales, y los otros dos corresponden a discapacitados provenientes de Gamarra y Aguachica, Cesar. Los cinco aparecieron muertos en la misma zona donde en la última semana de septiembre pasado fueron encontrados la mayoría de los cadáveres de 19 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, y Ciudad Bolívar, Bogotá, que desaparecieron a comienzos de este año y cuyos cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Las Chircas -a 15 minutos de Ocaña- en fosas destinadas por las autoridades a los N.N.
Estos casos presentan dos factores comunes. El primero es que aparecen reportados por las unidades militares de Ocaña como dados de baja en combate, al lado de otras 111 muertes en condiciones similares, y el segundo es que son investigados por la Procuraduría y la Fiscalía, que intentan establecer si en realidad fueron el resultado de enfrentamientos con grupos ilegales o si se trata de ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos".
La Procuraduría considera que 111 muertos en combate en esa zona es una cifra inusualmente alta, pues si bien allí tienen presencia grupos guerrilleros, reductos paramilitares y bandas emergentes, las presiones sobre el orden público son menores que las que se presentan, por ejemplo, en Caquetá, Meta y Arauca, donde el número de bajas en combate es significativamente inferior.
Cumbre en Ocaña
Así se lo plantearon al Procurador General Edgardo Maya, miembros de un equipo especial de investigación que visitaron la región para recoger evidencias que respalden el que podría ser uno de los procesos más graves en materia de violación de los derechos humanos. "El hallazgo de cadáveres de jóvenes desaparecidos de Soacha y Ciudad Bolívar hoy conmueve al país pero no es nuevo para la comunidad ocañera -le dijo a CAMBIO un investigador de la Procuraduría-. Los medios de comunicación ahora ponen el foco en el fenómeno porque se trata de posibles víctimas del centro del país, pero la provincia de Ocaña ha visto morir a muchas más personas de regiones que Bogotá considera muy remotas".