Octubre 15 de 2008
Bajo sospecha
La Procuraduría investiga cuántas de las 111 muertes de guerrilleros reportadas por el Ejército en Ocaña son en realidad ejecuciones extrajudiciales.
Francisco Antonio Coronel, quien fue alcalde y personero de Ocaña, recuerda sobrecogido la historia de la muerte de su sobrino Jair Julio. "Su cadáver apareció el 1º de mayo de 2007 en una zona rural de Las Chircas -cuenta-. A su lado había un arma recortada y tenía puestas unas botas militares que eran una talla menor que la suya".
Según un parte de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército, el joven fue dado de baja durante un enfrentamiento con las Farc. Curiosamente, ni sus compañeros de estudio, ni sus colegas de trabajo en las Empresas de Servicios de Ocaña, recuerdan que Jair militara en algún grupo político o ejerciera algún tipo de activismo.
Coronel y el padre de Jair, Rodolfo Julio, un electricista que vive en el barrio Camino Real, han desafiado desde entonces la verdad oficial que figura en el expediente. Según ellos, Jair salió la noche del 30 de abril a una discoteca próxima al cuartel del Batallón Santander y a la medianoche un grupo de desconocidos lo sacó de allí a la fuerza y lo subió a una camioneta oscura.
Cuatro meses después, Cristian Novoa Vega, un joven zapatero de Bucaramanga, corrió la misma suerte. Su madre, Mery Nacy Vega, afirma que la última vez que lo vio con vida fue el 25 de agosto. Estaba en el parque Centenario de la capital santandereana, cuando dos hombres se le acercaron y le ofrecieron una lucrativa oportunidad de trabajo en el Catatumbo. "Ni siquiera lo dejaron ir a la casa a sacar ropa -asegura la madre-. Le dijeron que con lo que iba a ganar podía comprar el primer día lo que necesitara". Una semana más tarde fue reportado muerto en combate. Un comunicado militar lo identificaba como miembro de una columna irregular que había chocado con el Ejército en un lugar entre Ocaña y Acarí.
A los casos de Julio y Vega, se suman en agosto y septiembre del año pasado los de tres jóvenes que luego de haber desparecido fueron presentados como dados de baja en combate. Uno es el de un joven de Ábrego, Norte de Santander, que padecía trastornos mentales, y los otros dos corresponden a discapacitados provenientes de Gamarra y Aguachica, Cesar. Los cinco aparecieron muertos en la misma zona donde en la última semana de septiembre pasado fueron encontrados la mayoría de los cadáveres de 19 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, y Ciudad Bolívar, Bogotá, que desaparecieron a comienzos de este año y cuyos cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Las Chircas -a 15 minutos de Ocaña- en fosas destinadas por las autoridades a los N.N.
Estos casos presentan dos factores comunes. El primero es que aparecen reportados por las unidades militares de Ocaña como dados de baja en combate, al lado de otras 111 muertes en condiciones similares, y el segundo es que son investigados por la Procuraduría y la Fiscalía, que intentan establecer si en realidad fueron el resultado de enfrentamientos con grupos ilegales o si se trata de ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos".
La Procuraduría considera que 111 muertos en combate en esa zona es una cifra inusualmente alta, pues si bien allí tienen presencia grupos guerrilleros, reductos paramilitares y bandas emergentes, las presiones sobre el orden público son menores que las que se presentan, por ejemplo, en Caquetá, Meta y Arauca, donde el número de bajas en combate es significativamente inferior.
Cumbre en Ocaña
Así se lo plantearon al Procurador General Edgardo Maya, miembros de un equipo especial de investigación que visitaron la región para recoger evidencias que respalden el que podría ser uno de los procesos más graves en materia de violación de los derechos humanos. "El hallazgo de cadáveres de jóvenes desaparecidos de Soacha y Ciudad Bolívar hoy conmueve al país pero no es nuevo para la comunidad ocañera -le dijo a CAMBIO un investigador de la Procuraduría-. Los medios de comunicación ahora ponen el foco en el fenómeno porque se trata de posibles víctimas del centro del país, pero la provincia de Ocaña ha visto morir a muchas más personas de regiones que Bogotá considera muy remotas".
Antecedentes y cifras parecen confirmar la descarnada observación del investigador de la Procuraduría. La procuradora de Ocaña, Marcia Karina Carrascal Hadad, convocó el 6 de diciembre del año pasado a representantes de las autoridades y de la sociedad civil a una audiencia en la que fueron ventilados no menos de 55 casos de muertes ocurridas entre 2006 y 2007 y que, al parecer, se dieron fuera de combate pero que se presentaron como resultado de enfrentamientos con grupos armados.
A la reunión asistieron representantes de derechos humanos de Naciones Unidas y el comandante de la Brigada 30 del Ejército, general Paulino Coronado. Pero fue notoria la ausencia del coronel Santiago Herrera Fajardo, entonces comandante de la Brigada Móvil 15, unidad sobre la cual recaían más del 90 por ciento de las denuncias. El Coronel, hoy Jefe de Estado Mayor de la Quinta División y antes Ayudante del Comando del Ejército, fue incluso señalado por algunos de sus subalternos de acciones irregulares, violatorias de los derechos humanos.
Gloria Flórez, directora de la ONG Corporación Minga, también estuvo presente en ese y otros encuentros similares posteriores, y sostiene que los recientes casos de los jóvenes desaparecidos de Soacha y Ciudad Bolívar son semejantes a muchos que han denunciado familias campesinas de las regiones de Ocaña y el Catatumbo, que han perdido a sus hijos en las mismas circunstancias.
Tanto Flórez como Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, un prestigioso tanque de pensamiento del oriente del país, destacan que mientras el coronel Herrera estuvo al frente de la Brigada Móvil 15, las denuncias en su contra se repetían sin obtener respuesta, pero que abrigan la esperanza de que la reciente apertura de las Fuerzas Armadas podría crear un mejor clima para acelerar las investigaciones sobre cientos de casos que hoy permanecen bajo sospecha y en el misterio. Y reconocen que el general Coronado, comandante de la Brigada 30, no solo siempre ha estado abierto al diálogo, sino que se presenta en todos los escenarios donde se ventilan los casos más graves de violación de los derechos humanos y facilita la tarea de los investigadores.
Hechos recientes parecen confirmarlo. La semana pasada, los comandantes de la II División del Ejército, general Joaquín Castro Franco; de la V Brigada, Ricardo Antonio Vargas, y de las demás unidades que tienen jurisdicción en Norte de Santander, pusieron a disposición de los enviados de la Procuraduría las órdenes de las operaciones que sustentan los resultados obtenidos en la lucha contra los diferentes grupos armados ilegales, y expresaron su disposición a someter, incluso a la justicia civil, a los militares que hayan podido incurrir en procedimientos que vio-len las políticas de la institución. El general Orlando Quiroga, inspector del Ejército, informó a los investigadores que no tiene inconveniente en aceptar el poder preferente del Procurador para que la investigación en el campo disciplinario sea única e independiente.
Hipótesis y verdades
La versión de los mandos militares sobre los jóvenes que desaparecieron de Soacha y Ciudad Bolívar a comienzos del año es que fueron abatidos en marzo en el curso de cinco operaciones distintas realizadas por el Ejército en Ocaña, Acarí y Ábrego contra bandas criminales emergentes, una de ellas conocida como 'Águilas negras'.
El Batallón Santander, con sede en Ocaña, aportó a los comisionados de la Procuraduría y la Fiscalía el testimonio de un comerciante que estuvo secuestrado a comienzos de 2007, que habría reconocido a uno de los jóvenes muertos como miembro de la banda de 'Los Rolos', que le cobró a su familia 35 millones de pesos por su liberación.
Pero la versión no concuerda con los elementos que sustentan la hipótesis que manejan los órganos de control. Según los investigadores, 'Los Rolos' son una banda encabezada por dos militares retirados que prestaron servicio en unidades de la Brigada Móvil 15 y que los reclutaron con falsas promesas. "El señuelo fue la promesa de una jugosa gratificación a cambio de cuidar un embarque de droga", sostiene uno de los investigadores. Los reclutadores los habrían llevado a la zona donde aparecieron como muertos en combate. "Les habrían servido como carne de cañón en enfrentamientos simulados", señala el funcionario.
El corto lapso transcurrido entre la desaparición y la fecha de la muerte de los jóvenes fortalece la presunción de que fueron objeto de un engaño. Por ejemplo, Eduardo Garzón Páez, de 33 años, salió de su casa a las 8:30 de la mañana del martes 4 de marzo y, según el parte militar, murió a las 2:45 a.m. en un combate en una zona rural de Santander, a más de 400 kilómetros de Bogotá. "No puedo creer que Eduardo viajara 11 horas hasta Santander y en menos de 24 horas estuviera en un combate", le dijo a CAMBIO Ana Adelina Páez, madre de Eduardo.
A favor de la versión oficial está el hecho de que en las actas de los levantamientos de los cuerpos, practicados por el CTI, no hay elementos que permitan suponer que los combates fueron simulados o que la escena donde encontraron los cadáveres hubiera sido manipulada. Pero para los investigadores de la Procuraduría eso no necesariamente implica que sea la verdad. "Eso no significa mucho, sobre todo si se tiene en cuenta que las autoridades de Ocaña y Ábrego sostienen que, por los menos tres de las controvertidas operaciones fueron presentadas a la opinión como éxitos conjuntos del Ejército y el CTI".
El mismo factor tiempo que en algunos casos juega a favor de la hipótesis que maneja la Procuraduría, en otros conspira contra su posible demostración. Según la Procuraduría, los sitios donde supuestamente se presentaron los combates nunca estuvieron custodiados o protegidos y personas distintas a los investigadores que también tienen interés en los procesos, han tenido acceso a ellos. Según un miembro de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, cuando la comisión especial llegó a uno de esos sitios, allí se encontraban representantes de la Defensoría Militar, una red de abogados pagados con cargo a la nómina del Ejército, que actúan en previsión de posibles demandas contra oficiales. "Estaban haciendo mediciones, interrogando personas y recogiendo sus propias evidencias -le dijo a CAMBIO el funcionario-. Sin embargo, eso no es posible impedirlo porque la Ley 906 (Código de Procedimiento Penal) les permite a las partes hacer sus propias averiguaciones de cara a las audiencias donde se valoran las pruebas".
Como quiera que sea, en el informe que el Procurador General recibió el jueves 9 de octubre de la comisión de investigadores, hay un aparte que llama la atención y es el que hace referencia a que si los hechos que son analizados a la luz de los trágicos antecedentes que se registran en la provincia de Ocaña, "se podría estar en presencia de una trata de personas con fines criminales".
Un inquietante cuadro que encontrará la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la juez sudafricana Navi Pillay, ex presidenta del Tribunal Penal Internacional de Ruanda, quien se reunirá el 20 de octubre con autoridades que aún no tienen respuestas claras y definitivas sobre las muertes de jóvenes presentados como dados de baja en enfrentamientos del Ejército con grupos armados ilegales. Mientras el ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que se resistía a creer lo que le habían dicho a raíz de los hallazgos de Ocaña, "que hay unidades militares que piden cuerpos", el fiscal general, Mario Iguarán, no descartó que "podrían corresponder a un horroroso y tenebroso fenómeno de ejecuciones extrajudiciales". Y, como dice el refrán, "cuando el río suena, piedras lleva".
¿Mal nacional?
Casos como los de los jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar podrían estarse replicando en otras partes del país. Con base en informes cruzados de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, El Tiempo publicó en su edición de este miércoles un informe según el cual en Antioquia, Risaralda, Tolima, Huila y Santander, hay por lo menos 100 casos que son investigados por indicios que apuntan a que podría tratarse de ejecuciones extrajudiciales.
Entre las historias más dramáticos está la de Fernel Andrés Londoño, un soldado licenciado tras haber perdido un brazo en un combate con las Farc. El 17 de enero de este año, Londoño salió de su casa en La Virginia, Risaralda, para unirse con amigos con los que iba a acampar. Al día siguiente, los jóvenes aparecieron muertos y el Ejército los reportó como guerrilleros "dados de baja en combate tras 15 días de seguimiento e inteligencia".
Entre 40 casos denunciados en Antioquia, figuran los Carmen Julia Giraldo y Carlos Andrés Palacio, vendedores ambulantes del Parque Berrío de Medellín, muertos en similares circunstancias después de que un desconocido les ofreció trabajo en una finca.
Pese a que las investigaciones parecen lentas frente al ritmo en que crecen las denuncias, hay pistas claras en el caso de los jóvenes de Soacha. La Noche, el programa de RCN Televisión, presentó el testimonio de un joven que se salvó de ir con los amigos que luego aparecieron muertos cerca de Ocaña y Cimitarra, que dijo que ellos fueron engañados por un hombre que tiene nexos con el Ejército y acceso al DAS. Según el joven, el reclutador les habría ofrecido 80 millones de pesos por trabajar en la "vuelta de un secuestro", y entregado armas para hacerlo. La Fiscalía se comprometió a darle protección al testigo y a verificar denuncias.
Dedo acusador
El sargento (r) Alexander Rodríguez Sánchez, quien hizo parte de las unidades de contraguerrilla de la Brigada Móvil 15 del Ejército, es considerado como uno de los principales testigos de cargo dentro de la investigación de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía sobre posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército en la zona de Ocaña. CAMBIO conoció una declaración que Rodríguez rindió en mayo pasado ante la fiscal 42 especializada en la que hizo afirmaciones como las siguientes:
La costumbre de matar personas inocentes y presentarlas como subversivos, fue impuesta por el entonces comandante de esa unidad, coronel Santiago Herrera. Para justificar las muertes, el oficial conseguía que el B-2 (servicio de Inteligencia) abriera carpetas con observaciones sobre supuestos antecedentes de las víctimas. Para eludir responsabilidades, el coronel grababa luego radiogramas en los que simulaba instruir a sus tropas para que se abstuvieran de usar sus armas contra la población civil y para observar rigurosamente el protocolo de procedimiento en todas sus operaciones.
El 6 de octubre de 2007, una patrulla de la Brigada detuvo en el municipio de El Tarra al joven campesino Villamir Rodríguez Figueroa y luego le disparó en medio de la simulación de un combate. El radioperador del pelotón reportó de inmediato la "baja". Sin embargo, la víctima, que no murió, consiguió huir y reapareció luego en un hospital. El caso comenzó a ser objeto de burlas por parte de soldados que le pusieron a Rodríguez el remoquete de 'Lázaro'. Para tapar su "error", los mismos militares que participaron en el montaje asesinaron al día siguiente a Rodríguez Figueroa".
Del grupo que hacía las ejecuciones hacían parte también el capitán Weiman Navarro, un sargento de apellido Ordóñez y dos cabos de apellidos Vargas y Barbosa.
"El sargento sufre un desequilibrio mental"
Santiago Herrera Fajardo
Coronel
CAMBIO: ¿Qué le responde usted al sargento (r) Rodríguez que lo acusa de ejecuciones extrajudiciales cuando comandó la Brigada Móvil No. 15?
Coronel Herrera: El sargento Alexander Rodríguez, retirado discrecionalmente del Ejército a finales del año pasado, recibió no menos de 87 sanciones disciplinarias durante sus 14 años de servicio. Presentaba severos problemas de comportamiento que no lo hacen digno de crédito.
¿Qué tipo de problemas?
Un desequilibrio mental que incluso lo llevó a cortarse las venas después de que su esposa lo demandó por alimentos y lo cambió por otra persona. Varias veces le dimos permisos para que atendiera con tranquilidad su situación, pero llegó un momento en que no pudo manejarla y se desquició. Eso lo ha podido constatar la Fiscalía que, según un oficio del 21 de abril de 2008, lo retiró de su programa de Protección de Testigos.
¿Cómo explica, entonces, que el 12 de mayo de 2008 hiciera imputaciones contra usted y otros oficiales y suboficiales ante una fiscal de Derechos Humanos?
No me explicó cómo reapareció porque estaba perdido, pero lo cierto es que hasta la fecha ni la Fiscalía ni la Procuraduría me han llamado a declarar, y que ninguno de los hombres que han estado bajo mi mando ha sido nunca privado de la libertad.
Investigadores de la Procuraduría dicen que es inusualmente alto un número de 111 bajas de la Brigada bajo su mando, y que varias de ellas han sido denunciadas como producidas fuera de combate.
Eso no es cierto. Puedo probar que mientras comandé la Brigada, entre julio de 2006 y noviembre de 2007, mis unidades produjeron 41 bajas. De ellas, sólo un caso, la muerte de José Gilberto Martínez Guzmán, ha sido objeto de monitoreo por parte de Naciones Unidas durante una audiencia especial. Fue un episodio ocurrido a 250 kilómetros de donde estaba mi puesto de mando. Por los demás casos no he recibido tacha alguna.
¿Qué cree que hay detrás de los cuestionamientos en su contra?
La guerra no solo se libra en los campos de batalla. También en los escenarios políticos y jurídicos. Eso lo saben bien enemigos que, a punta de infamias, han buscado manchar una carrera impecable de 28 años al servicio del Ejército. Aunque no he sido sancionado ni investigado, esos enemigos ya consiguieron mi salida del cargo de ayudante del Comando del Ejército, al que llegué después de haber comandado la Brigada Móvil. Pero mi trayectoria me respalda.