Bajo sospecha

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El corto lapso transcurrido entre la desaparición y la fecha de la muerte de los jóvenes fortalece la presunción de que fueron objeto de un engaño. Por ejemplo, Eduardo Garzón Páez, de 33 años, salió de su casa a las 8:30 de la mañana del martes 4 de marzo y, según el parte militar, murió a las 2:45 a.m. en un combate en una zona rural de Santander, a más de 400 kilómetros de Bogotá. "No puedo creer que Eduardo viajara 11 horas hasta Santander y en menos de 24 horas estuviera en un combate", le dijo a CAMBIO Ana Adelina Páez, madre de Eduardo.

A favor de la versión oficial está el hecho de que en las actas de los levantamientos de los cuerpos, practicados por el CTI, no hay elementos que permitan suponer que los combates fueron simulados o que la escena donde encontraron los cadáveres hubiera sido manipulada. Pero para los investigadores de la Procuraduría eso no necesariamente implica que sea la verdad. "Eso no significa mucho, sobre todo si se tiene en cuenta que las autoridades de Ocaña y Ábrego sostienen que, por los menos tres de las controvertidas operaciones fueron presentadas a la opinión como éxitos conjuntos del Ejército y el CTI".

El mismo factor tiempo que en algunos casos juega a favor de la hipótesis que maneja la Procuraduría, en otros conspira contra su posible demostración.  Según la Procuraduría,  los sitios donde supuestamente se presentaron los combates nunca estuvieron custodiados o protegidos y personas distintas a los investigadores que también tienen interés en los procesos, han tenido acceso a ellos. Según un miembro de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, cuando la comisión especial llegó a uno de esos sitios, allí se encontraban representantes de la Defensoría Militar, una red de abogados pagados con cargo a la nómina del Ejército, que actúan en previsión de posibles demandas contra oficiales. "Estaban haciendo mediciones, interrogando personas y recogiendo sus propias evidencias -le dijo a CAMBIO el funcionario-. Sin embargo, eso no es posible  impedirlo porque la Ley 906 (Código de Procedimiento Penal) les permite a las partes hacer sus propias averiguaciones de cara a las audiencias donde se valoran las pruebas".

Como quiera que sea, en el informe que el Procurador General recibió el jueves 9 de octubre de la comisión de investigadores, hay un aparte que llama la atención y es el que hace referencia a que si los hechos que son analizados a la luz de los trágicos antecedentes que se registran en la provincia de Ocaña, "se podría estar en presencia de una trata de personas con fines criminales".

Un inquietante cuadro que encontrará la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la juez sudafricana Navi Pillay, ex presidenta del Tribunal Penal Internacional de Ruanda, quien se reunirá el 20 de octubre con autoridades que aún no tienen respuestas claras y definitivas sobre las muertes de jóvenes presentados como dados de baja en enfrentamientos del Ejército con grupos armados ilegales. Mientras el ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo que se resistía a creer lo que le habían dicho a raíz de los hallazgos de Ocaña, "que hay unidades militares que piden cuerpos", el fiscal general, Mario Iguarán, no descartó que "podrían corresponder a un horroroso y tenebroso fenómeno de ejecuciones extrajudiciales". Y, como dice el refrán, "cuando el río suena, piedras lleva".

¿Mal nacional?

Casos como los de los jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar podrían estarse replicando en otras partes del país. Con base en informes cruzados de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo,  El Tiempo publicó en su edición de este miércoles un informe según el cual en Antioquia, Risaralda, Tolima, Huila y Santander, hay por lo menos 100 casos que son investigados por indicios que apuntan a que podría tratarse de ejecuciones extrajudiciales.

Entre las historias más dramáticos está la de Fernel Andrés Londoño, un soldado licenciado tras haber perdido un brazo en un combate con las Farc. El 17 de enero de este año,  Londoño salió de su casa en La Virginia, Risaralda, para unirse con amigos con los que iba a acampar. Al día siguiente, los jóvenes aparecieron muertos y el Ejército los reportó como guerrilleros "dados de baja en combate tras 15 días de seguimiento e inteligencia".

Entre 40 casos denunciados en Antioquia, figuran los Carmen Julia Giraldo y Carlos Andrés Palacio, vendedores ambulantes del Parque Berrío de Medellín, muertos en similares circunstancias después de que un desconocido les ofreció trabajo en una finca.

Pese a que las investigaciones parecen lentas frente al ritmo en que crecen las denuncias, hay pistas claras en el caso de los jóvenes de Soacha. La Noche, el programa de RCN Televisión, presentó el testimonio de un joven que se salvó de ir con los amigos que luego aparecieron muertos cerca de Ocaña y Cimitarra, que dijo que ellos fueron engañados por un hombre que tiene nexos con el Ejército y acceso al DAS. Según el joven, el reclutador les habría ofrecido 80 millones de pesos por trabajar en la "vuelta de un secuestro",  y  entregado armas para hacerlo. La Fiscalía se comprometió a darle protección al testigo y a verificar denuncias.