Bajo sospecha

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Antecedentes y cifras parecen confirmar la descarnada observación del investigador de la Procuraduría. La procuradora de Ocaña, Marcia Karina Carrascal Hadad, convocó el 6 de diciembre del año pasado a  representantes de las autoridades y de la sociedad civil a una audiencia en la que fueron ventilados no menos de 55 casos de muertes ocurridas entre 2006 y 2007 y que, al parecer, se dieron fuera de combate pero que se presentaron como resultado de enfrentamientos con grupos armados.

A la reunión asistieron representantes de derechos humanos de Naciones Unidas y el comandante de la Brigada 30 del Ejército, general Paulino Coronado. Pero fue notoria la ausencia del coronel Santiago Herrera Fajardo, entonces comandante de la Brigada Móvil 15, unidad sobre la cual recaían más del 90 por ciento de las denuncias. El Coronel, hoy Jefe de Estado Mayor de la Quinta División y antes Ayudante del Comando del Ejército, fue incluso señalado por algunos de sus subalternos de acciones irregulares, violatorias de los derechos humanos.

Gloria Flórez, directora de la ONG Corporación Minga, también estuvo presente en ese y otros encuentros similares posteriores, y sostiene que los recientes casos de los jóvenes desaparecidos de Soacha y Ciudad Bolívar son semejantes a muchos que han denunciado familias campesinas de las regiones de Ocaña y el Catatumbo, que han perdido a sus hijos en las mismas circunstancias.

Tanto Flórez como Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, un prestigioso tanque de pensamiento del oriente del país, destacan que mientras el coronel Herrera estuvo al frente de la Brigada Móvil 15, las denuncias en su contra se repetían sin obtener respuesta, pero que abrigan la esperanza de que la reciente apertura de las Fuerzas Armadas podría crear un mejor clima para acelerar las investigaciones sobre cientos de casos que hoy permanecen bajo sospecha y en el misterio. Y reconocen que el general Coronado, comandante de la Brigada 30, no solo siempre ha estado abierto al diálogo, sino que se presenta en todos los escenarios donde se ventilan los casos más graves de violación de los derechos humanos y facilita la tarea de los investigadores.

Hechos recientes parecen confirmarlo. La semana pasada, los comandantes de la II División del Ejército, general Joaquín Castro Franco; de la V Brigada, Ricardo Antonio Vargas, y de las demás unidades que tienen jurisdicción en Norte de Santander, pusieron a disposición de los enviados de la Procuraduría las órdenes de las operaciones que sustentan los resultados obtenidos en la lucha contra los diferentes grupos armados ilegales, y expresaron su disposición a someter, incluso a la justicia civil, a los militares que hayan podido incurrir en procedimientos que vio-len las políticas de la institución. El general Orlando Quiroga, inspector del Ejército, informó a los investigadores que no tiene inconveniente en aceptar el poder preferente del Procurador para que la investigación en el campo disciplinario sea única e independiente.

Hipótesis y verdades

La versión de los mandos militares sobre los jóvenes que desaparecieron de Soacha y Ciudad Bolívar a comienzos del año es que fueron abatidos en marzo en el curso de cinco operaciones distintas realizadas por el Ejército en Ocaña, Acarí y Ábrego contra bandas criminales emergentes, una de ellas conocida como 'Águilas negras'.

El Batallón Santander, con sede en Ocaña, aportó a los comisionados de la Procuraduría y la Fiscalía el testimonio de un comerciante que estuvo secuestrado a comienzos de 2007, que habría reconocido a uno de los jóvenes muertos como miembro de la banda de 'Los Rolos', que le cobró a su familia 35 millones de pesos por su liberación.

Pero la versión no concuerda con los elementos que sustentan la hipótesis que manejan los órganos de control. Según los investigadores, 'Los Rolos' son una banda encabezada por dos militares retirados que prestaron servicio en unidades de la Brigada Móvil 15 y que los reclutaron con falsas promesas. "El señuelo fue la promesa de una jugosa gratificación a cambio de cuidar un embarque de droga", sostiene uno de los investigadores. Los reclutadores los habrían llevado a la zona donde aparecieron como muertos en combate. "Les habrían servido como carne de cañón en enfrentamientos simulados", señala el funcionario.