El agua al cuello

Guillermo León Valencia Cossio, el depuesto director seccional de Fiscalías de Medellín. Foto: Luis Lizarazo García

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En el curso de un mes, el nombre de Alicia Domínguez, fiscal 29 especializada de Medellín, apareció dos veces en letras de molde. La primera vez fue el 30 de julio, cuando algunos medios destacaron el reconocimiento que el DAS le hizo a la funcionaria por el apoyo a las investigaciones que terminaron con la entrega de 'Karina', jefe del frente 47 de las Farc. La segunda fue hace dos semanas, en una entrevista en El Tiempo, cuando el hoy  ex director de la Fiscalía de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, interrogado sobre sus vínculos con la 'Oficina de Envigado' sacó a colación el nombre de Domínguez y la llamó "interdicta" (incapacitada para administrar sus bienes, ya sea por algún tipo de demencia o porque dilapida los bienes que posee). 

La descalificación de Domínguez en esos términos causó sorpresa y desconcierto en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, pero no así en círculos judiciales de Antioquia, pues sabían que desde hacía dos años Valencia venía buscándole el pierde a la Fiscal porque se había negado a seguir sus instrucciones para tomar decisiones irregulares. Según funcionarios judiciales, Valencia estaba ya contra los palos cuando dio la entrevista y por eso decidió atacarla aunque no le preguntaron por ella. Fue una muestra de desesperación para golpear a personas que, según él, habrían podido filtrar información en su contra.

Las fuentes consideran que si la Fiscalía decide evaluar también lo que ocurrió durante su administración con procesos contra narcotraficantes y paramilitares, sobre todo de Urabá, podría enredarle aún más la vida a Valencia. La Fiscal se ha abstenido de hablar sobre el tema, pero fiscales e investigadores que han trabajado cerca de ella cuentan que Valencia la convirtió en blanco de ataques y persecución porque se negó a hacerle favores non sanctos.

Por ejemplo, Domínguez se negó a enviar a la Unidad contra el Lavado de Activos de la Fiscalía en Bogotá una constancia en el sentido de que el terreno rural donde encontraron un laboratorio para procesar cocaína pertenecía a personas honorables sin problemas judiciales. Le dijo a Valencia que interferir en el proceso de extinción de dominio del terreno no solo era ilegal sino inmoral. También se negó a aceptar que una amiga de Valencia, la ex fiscal Lizeth María Álvarez Anaya, se posesionara como abogada de la controvertida Convivir Papagayo, dentro del proceso No. 1041768 sobre aportes millonarios de empresarios bananeros a grupos paramilitares. Álvarez había tenido a cargo el proceso hasta mediados de este año, cuando renunció al cargo porque tenía varias investigaciones en su contra, una de ellas por delitos contra la administración pública.

Cuando Valencia Cossio se enteró de que la ex fiscal había sido rechazada como abogada de Papagayo, le envío a Domínguez un memorando en el que le exigía explicar su actuación. La Fiscal debió recordarle a su jefe que, según las normas vigentes, Álvarez -hoy dedicada a litigar a favor de paramilitares y mafiosos- estaba impedida durante un año para actuar como parte en procesos que habían estado a su cargo.

Valencia Cossio ordenó entonces abrirle procesos disciplinarios e intentó atribuirle irregularidades inexistentes en decenas de procesos muy sensibles. "En medio de esa situación, la doctora Alicia sufrió una crisis por estrés -le contó a CAMBIO un funcionario de la Policía Judicial-. Nos decía que temía ser capturada como consecuencia de algún montaje del señor Valencia, y su médico tuvo que darle una incapacidad laboral. Valencia utilizó lo ocurrido para regar la versión de que la doctora Alicia estaba loca y por eso fue que la llamó interdicta".

Los casos antes relatados no fueron los únicos relacionados con paramilitares en los que Valencia Cossio intervino con la intención de alterar el curso y los resultados de los procesos. También figura uno especialmente delicado y que en el ámbito judicial se conoce como el "proceso madre" de la relación entre bananeros y las Auc. Se trata de un proceso por constreñimiento y estafa iniciado en 2003 contra Felipe Echeverri, entonces miembro de la junta directiva de Augura. Echeverri y otros empresarios del sector, como Pedro Hazbum, fueron sindicados de apropiarse ilegalmente de 104 hectáreas de terrenos de la Nación en Urabá y de venderlos luego a pequeños productores campesinos que trabajaban bajo presión paramilitar.

La investigación fue asumida primero por la Fiscalía de Fredonia y luego pasó a la Fiscalía 29 Especializada de Medellín, que calificó el delito como concierto para delinquir. Cuando el proceso estaba cerca del llamamiento a juicio, Valencia lo reasignó al fiscal de Derechos Humanos Jorge Morales, un oficial de la reserva del Ejército.