Si Colombia no evita la impunidad de los crímenes atroces, la CPI se hace cargo

El juez español Baltasar Garzón y el fiscal de la CPI, Luis Moreno, durante la exhumación de víctimas de los paramilitares en Turbo, Urabá. Foto: Guillermo Ossa

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El lunes pasado, a las 7:30 a.m., el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, puso las cartas sobre la mesa en la reunión con el vicepresidente Francisco Santos, el canciller Jaime Bermúdez y el ministro del Interior Fabio Valencia, cuando les dijo que el Gobierno debe colaborar con la Justicia para evitar que queden en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y que si no muestra voluntad o no tiene capacidad para hacerlo, la Corte no vacilará en actuar.

Está previsto en el Tratado de Roma que dio origen a la CPI y que opera bajo el principio de complementariedad, es decir, que puede intervenir cuando un Estado no puede o no quiere juzgar a los responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad.

La reunión marcó el inicio de una visita de tres días, durante los cuales Moreno, quien estuvo acompañado por el juez español Baltasar Garzón, también se reunió con las altas Cortes, varias ONG y asociaciones de víctimas, y además presenció la dramática exhumación de 22 cadáveres en la zona de Urabá.

En cada evento el mensaje fue el mismo: la CPI garantiza la no impunidad para los responsables de crímenes atroces. "Vamos a investigar quiénes promovieron los máximos crímenes cometidos por los paramilitares -dijo-. Si lo hacen bien no nos metemos". Moreno aseguró que la CPI les apunta a los líderes pero que no se limita a los que disparan, descuartizan, desaparecen o masacran, porque puede investigar y juzgar a los que financian, encubren o colaboran con los autores de esos crímenes. Un mensaje sobre la importancia que da a las relaciones de paramilitares y políticos.

Desde el año pasado, cuando visitó por primera vez a Colombia y recibió decenas de denuncias, Moreno sigue detalladamente lo que ocurre y por eso puso varias picas en Flandes: para que no quedaran dudas sobre el interés de la CPI en el caso colombiano y para poner presión al aparato de Justicia para que actué de conformidad.

El martes, durante las exhumaciones en Urabá, Moreno sugirió al Gobierno revisar la decisión de extraditar al ex jefe paramilitar Éver Veloza García, 'H.H.', si está colaborando con la Justicia en el esclarecimiento de desapariciones y asesinatos. 

La extradición de los paramilitares es una de las preocupaciones del tribunal internacional. "Despertaron aún más inquietudes -sostiene el analista Pedro Medellín-. La CPI recibió una docena de denuncias de organizaciones de víctimas que expresaban su preocupación porque, a su juicio, la decisión del Gobierno era una denegación de justicia, lo cual  violaría el artículo 28 del Estatuto de Roma y sería la justificación para que la CPI intervenga en el país".

Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, entregó al fiscal Moreno un informe con casos que demostrarían que las extradiciones contribuyen a la impunidad, pues los que empiezan a contar la verdad en las versiones libres son extraditados antes de cumplir seis indagatorias. "El informe se suma a otros suministrados en mayo -le dijo Cepeda a CAMBIO-. Todos demuestran cómo se obstruye el proceso de verdad". 

¿Denegación de justicia?

En similar sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia el 8 de agosto, cuando envió una carta al canciller Jaime Bermúdez con copia al fiscal Moreno en la que dice:  "La intempestiva decisión de extraditar a los jefes de los grupos de autodefensas tiene efectos negativos, tanto respecto de los procesos que siguen en contra de estos dentro de la ley de Justicia y Paz, como en relación con las investigaciones que por la llamada parapolítica vienen adelantándose en disfavor de algunos senadores y representantes".

El juez Garzón propuso repatriarlos temporalmente; una medida que, según él, serviría para que siguieran compareciendo ante la Justicia colombiana por sus crímenes y la parapolítica, mientras son juzgados en Estados Unidos por narcotráfico.

La visita de Moreno y Garzón coincidió con un nuevo y aún más agrio capítulo del choque del Presidente con la Corte Suprema, abierto por la revelación de las reuniones que funcionarios de Palacio tuvieron con hombres de 'Don Berna', que llevaron a dura reacción de la Corte, cuyo presidente dijo que un sector del Gobierno estaba aliado con paramilitares para enlodar al alto tribunal.