Agosto 27 de 2008
Si Colombia no evita la impunidad de los crímenes atroces, la CPI se hace cargo
Ese es el mensaje del Fiscal de la Corte Penal Internacional.
El lunes pasado, a las 7:30 a.m., el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, puso las cartas sobre la mesa en la reunión con el vicepresidente Francisco Santos, el canciller Jaime Bermúdez y el ministro del Interior Fabio Valencia, cuando les dijo que el Gobierno debe colaborar con la Justicia para evitar que queden en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y que si no muestra voluntad o no tiene capacidad para hacerlo, la Corte no vacilará en actuar.
Está previsto en el Tratado de Roma que dio origen a la CPI y que opera bajo el principio de complementariedad, es decir, que puede intervenir cuando un Estado no puede o no quiere juzgar a los responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La reunión marcó el inicio de una visita de tres días, durante los cuales Moreno, quien estuvo acompañado por el juez español Baltasar Garzón, también se reunió con las altas Cortes, varias ONG y asociaciones de víctimas, y además presenció la dramática exhumación de 22 cadáveres en la zona de Urabá.
En cada evento el mensaje fue el mismo: la CPI garantiza la no impunidad para los responsables de crímenes atroces. "Vamos a investigar quiénes promovieron los máximos crímenes cometidos por los paramilitares -dijo-. Si lo hacen bien no nos metemos". Moreno aseguró que la CPI les apunta a los líderes pero que no se limita a los que disparan, descuartizan, desaparecen o masacran, porque puede investigar y juzgar a los que financian, encubren o colaboran con los autores de esos crímenes. Un mensaje sobre la importancia que da a las relaciones de paramilitares y políticos.
Desde el año pasado, cuando visitó por primera vez a Colombia y recibió decenas de denuncias, Moreno sigue detalladamente lo que ocurre y por eso puso varias picas en Flandes: para que no quedaran dudas sobre el interés de la CPI en el caso colombiano y para poner presión al aparato de Justicia para que actué de conformidad.
El martes, durante las exhumaciones en Urabá, Moreno sugirió al Gobierno revisar la decisión de extraditar al ex jefe paramilitar Éver Veloza García, 'H.H.', si está colaborando con la Justicia en el esclarecimiento de desapariciones y asesinatos.
La extradición de los paramilitares es una de las preocupaciones del tribunal internacional. "Despertaron aún más inquietudes -sostiene el analista Pedro Medellín-. La CPI recibió una docena de denuncias de organizaciones de víctimas que expresaban su preocupación porque, a su juicio, la decisión del Gobierno era una denegación de justicia, lo cual violaría el artículo 28 del Estatuto de Roma y sería la justificación para que la CPI intervenga en el país".
Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, entregó al fiscal Moreno un informe con casos que demostrarían que las extradiciones contribuyen a la impunidad, pues los que empiezan a contar la verdad en las versiones libres son extraditados antes de cumplir seis indagatorias. "El informe se suma a otros suministrados en mayo -le dijo Cepeda a CAMBIO-. Todos demuestran cómo se obstruye el proceso de verdad".
¿Denegación de justicia?
En similar sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia el 8 de agosto, cuando envió una carta al canciller Jaime Bermúdez con copia al fiscal Moreno en la que dice: "La intempestiva decisión de extraditar a los jefes de los grupos de autodefensas tiene efectos negativos, tanto respecto de los procesos que siguen en contra de estos dentro de la ley de Justicia y Paz, como en relación con las investigaciones que por la llamada parapolítica vienen adelantándose en disfavor de algunos senadores y representantes".
El juez Garzón propuso repatriarlos temporalmente; una medida que, según él, serviría para que siguieran compareciendo ante la Justicia colombiana por sus crímenes y la parapolítica, mientras son juzgados en Estados Unidos por narcotráfico.
La visita de Moreno y Garzón coincidió con un nuevo y aún más agrio capítulo del choque del Presidente con la Corte Suprema, abierto por la revelación de las reuniones que funcionarios de Palacio tuvieron con hombres de 'Don Berna', que llevaron a dura reacción de la Corte, cuyo presidente dijo que un sector del Gobierno estaba aliado con paramilitares para enlodar al alto tribunal.
Un plato fuerte para el Fiscal de la CPI, que en la reunión con la Corte Suprema oyó el memorial de agravios de los magistrados que denunciaron maniobras de cabecillas de grupos ilegales e incluso de sectores institucionales para deslegitimar sus decisiones y entorpecer los procesos de Justicia y Paz y de la parapolítica, a lo que sumaron su preocupación por los ataques del presidente Uribe contra la Corte. En resumen, dijeron que no tienen suficientes garantías para ejercer sus funciones.
El clima político estaba tan caldeado que Moreno fue testigo de los ánimos alterados del Presidente, quien en distintos escenarios defendió la transparencia del Gobierno y no pudo ocultar su preocupación por las implicaciones de la visita del fiscal de la CPI. "Muchos mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional -dijo Uribe el lunes-. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución".
Acosado por la prensa, Moreno fue moderado y diplomático en sus respuestas pero no dejó duda de que la CPI no se quedará con los brazos cruzados en el caso de la parapolítica: "Le dijimos al Gobierno que estamos preguntando por estos hechos. Por ejemplo, ha ocurrido con Álvaro García, quien además de concierto para delinquir, debe responder por masacres, al igual que ocurre con el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana".
Según Medellín, a la CPI, más que juzgar miles de crímenes, le interesan casos ejemplarizantes. "Es probable que en este tema se detenga en los máximos responsables -afirma-. Le importa la lógica, el porqué se cometió un crimen por encima de quien es el verdugo y por eso tiene tanta preocupación por la parapolítica".
Pero también están en la mira de la CPI las redes de apoyo que tienen las Farc en países vecinos y en México, Dinamarca, Holanda y Suiza. Moreno dijo que han recibido denuncias en ese sentido y aseguró: "Estamos chequeando dos temas: si hay grupos que están trabajando en proyectos delictivos de las Farc en otros países y si hay investigaciones nacionales sobre eso".
La visita de Moreno fue un campanazo de alerta en el sentido de que la CPI no tolerará la impunidad de crímenes atroces. Ya lo había advertido en su anterior visita al país: "La CPI representa un nuevo derecho: o se encargan los tribunales nacionales o nos encargamos nosotros".