Uribe distrae la atención en el momento más crítico de su presidencia

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Luego el turno fue para el Partido Liberal. Acusó a su jefe único, el ex presidente César Gaviria, de haberse aliado con 'Los Pepes' para acabar con Pablo Escobar y de haber permitido que la Constituyente del 91 prohibiera la extradición, y al Partido como institución lo responsabilizó por el crecimiento tanto del paramilitarismo como de la guerrilla, con el argumento de que sus gobiernos no los habían perseguido. También se fue de frente contra el senador Juan Fernando Cristo, de quien dijo que debía explicaciones sobre el manejo de dineros del narcotráfico en 1991.

Cristo, quien recibió el respaldo de la junta de parlamentarios liberales, reaccionó diciendo: "El Presidente me inspira miedo y es el único responsable de cualquier daño físico o moral que me pueda ocurrir a mí o a mi familia".

Por su parte, el ex presidente Gaviria emitió un comunicado en su calidad de jefe del Partido Liberal. Señaló que su gobierno se opuso a  la eliminación de la extradición y que si  la Constituyente votó en contra de lo que pensaba el Gobierno "no fue por influencia del narcotráfico, sino porque la mayoría ciudadana compró la tesis de que el terrorismo era igual a extradición".

Destacó que la Constitución del 91 tiene un origen limpio en sus decisiones, dijo que el presidente Uribe no puede enlodarlo con "sus rabietas" y agregó: "Nunca  escuché en aquellos años un solo comunicado o una sola declaración o intervención del entonces senador Álvaro Uribe a favor de la extradición de narcotraficantes colombianos". Para finalizar, le exigió a Uribe explicaciones sobre el ingreso a la Casa de Nariño de "reconocidos delincuentes del paramilitarismo, con el fin de realizar maniobras contra la Corte Suprema de Justicia".

Según el ex ministro de Defensa Rafael Pardo, "los ataques del Presidente contra los gobiernos liberales y los voceros del liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización y solo tienen el propósito de convertir en político un escándalo judicial que lo envuelve cada vez más". 

También hubo perdigones contra los tribunales de justicia internacional, aunque de más bajo calibre. Al juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de Madrid, y al fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo (que hace poco le envió una carta al Presidente en la que llama la atención sobre la posibilidad de que queden sin castigo los autores de crímenes de lesa humanidad y sus aliados políticos), les advirtió que el Gobierno no tiene nada que ocultar y que "todo obedece a una simple conjura contra la Política de Seguridad Democrática".

No se refirió, sin embargo, a los interrogantes planteados por el fiscal Moreno sobre cómo podría asegurarse el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes de las Auc y sus aliados políticos, y sobre las extradiciones de los jefes paramilitares que podrían ser un obstáculo para el avance del proceso de Justicia y Paz, y la reparación de las víctimas.

Tampoco se salvaron de los ataques presidenciales los medios de comunicación. Nuevamente el chivo expiatorio fue  el director de Noticias Uno, Daniel Coronell, a quien tiene graduado de enemigo desde la primera campaña presidencial.

La reelección

El ambiente está caliente y revuelto. Acusaciones y recriminaciones van y vienen. Hay sensación de crisis institucional y el Presidente, símbolo de la unidad nacional, lejos de jugar un papel de catalizador está haciendo de agitador, basado en sus altos índices de popularidad que, sin embargo, no le dan patente de corso para deslegitimar a la Corte y a la oposición sin grave riesgo para el Estado de derecho.

Más aún, podría costarle caro a su imagen el hecho de estar casando peleas con todo el que se le atraviese, en momentos en que la opinión pública se pregunta por qué funcionarios de Palacio reciben abogados de jefes paramilitares para obtener información, en lugar de remitirlos a las autoridades competentes, y por qué ad portas de la discusión en el Congreso de las reformas política y de la Justicia mantiene al Ministro del Interior,  a quien la oposición no reconoce como interlocutor válido en el tema. Todo esto se suma al escándalo de la 'Yidispolítica' que ha puesto entre los palos a ministros y ex ministros, a funcionarios y ex funcionarios de la Casa de Nariño y que llevó ya al propio presidente a comparecer ante la Comisión de Acusación de la Cámara. 

El clima de polarización política y los ánimos caldeados, además, se convierten en una amenaza para la buena marcha de la legislatura que está en curso, y que tiene la responsabilidad de tramitar importantes proyectos, en especial las reformas política y judicial, que fueron radicadas el martes por parte del ministro del Interior. La gobernabilidad puede verse afectada.