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"La situación en los últimos años empeoró porque se detectó la presencia de grupos armados de Colombia. Eso pone en riesgo la vida de estas personas -señala Kevin Sánchez, del servicio Jesuita de Refugiados que los atiende en Darién-. Sin embargo esta comunidad, en su mayoría de afrodescendientes e indígenas embera, ha demostrado una gran resistencia en medio de sus adversidades". Uno de ellos es Deisy Valencia, de Juradó, bajo protección temporal desde hace cuatro años, en Darién, luego de que las Farc secuestraron a su hermano y posteriormente obligaron a la familia a abandonar la región. "Esta es la hora que no tengo permiso de trabajo pero a mis niños no les ha faltado un solo día la comida -comenta-. Pero no espero volver a Colombia. Todos los días pienso en lo que nos pasó y eso me da miedo, aunque esta no será mi casa jamás". Mientras que Arelys, quien huyó de Riosucio, Chocó, luego de que las Auc la retuvieron tres días en 2007, está desesperada: "Nos estamos quedando sin ropa y sin comida y si me voy para Colombia me terminan matando".
LEY MIGRATORIA
El gobierno de Panamá promulgó en febrero pasado una nueva ley migratoria para restringir la entrada y salida de los extranjeros y su estancia en el país. En ese sentido, la nueva norma clasifica en cuatro categorías a los extranjeros que entran a Panamá: no residente, residente temporal, residente permanente y extranjeros bajo protección de este país, y en este renglón entran los considerados "refugiados, asilados, apátridas o acogidos por razones humanitarias".
A este último grupo pertenecen 828 refugiados colombianos que se mantienen desde hace más de 10 años en las comunidades Boca de Cupe, Jaqué y Puerto Obaldía, en Darién.