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Vea los mapas de las dos bases.
EL MARTES 22 DE ABRIL, el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, se reunió con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y le comunicó una noticia que lo tomó por sorpresa. Según el diplomático, Washington había observado un avance significativo de las Fuerzas Militares en materia de respeto a los derechos humanos, así como en los esquemas de planeación y ejecución de las operaciones de la Fuerza Aérea, y por eso el Departamento de Estado había decidido levantarle el veto o descertificación que desde enero de 2003 pesaba sobre la base aérea de Palanquero, en Puerto Salgar, Cundinamarca.
Brownfield le anunció que esa base, que los militares identifican como Base Aérea Germán Olano o Comando Aéreo de Combate Uno, Cacom 1, la misma desde la cual en 1999 despegaron los aviones que bombardearon el caserío de Santo Domingo, en Tame, Arauca, y causaron la muerte a 18 campesinos (que fue el motivo de la descertificación), volvería a recibir asistencia en la lucha contra el narcoterrorismo.
La noticia pasó prácticamente desapercibida, sepultada por el escándalo de la 'Yidispolítica', la filtración a cuentagotas del contenido del computador de 'Raúl Reyes' y las extradiciones de los jefes paramilitares. Sin embargo, la noticia fue interpretada en círculos militares y diplomáticos como una señal en el sentido de que la decisión estadounidense sería el primer paso para ambientar el traslado a Palanquero de la base de Manta, Ecuador, desde donde operan los vuelos de vigilancia del narcotráfico.
'Bye, bye' Manta
El acuerdo de la llamada Forward Operating Location en Manta sobre el Pacífico -aprobado en 1998 por el entonces presidente Jamil Mahuad- vence en 2009 y el presidente Rafael Correa no solo prometió no renovarlo, sino que convirtió su eliminación en bandera de su Presidencia. "Prefiero cortarme un brazo antes que renovar el contrato para que los Estados Unidos sigan disponiendo de la base de Manta", dijo el 5 de marzo de 2007, cinco semanas después de su posesión y en vísperas de la conferencia mundial 'No a Bases Militares de Intervención', celebrada en Quito por iniciativa de algunas ONG.
Correa echó sus cartas desde la campaña y su plan para el desmonte de la base, concebida en el marco de la lucha contra el narcotráfico para operaciones de interdicción, se ha ido cumpliendo. En el seno de la Asamblea Constituyente, que delibera en Manta, el Movimiento País, la organización política que lo llevó al poder, impuso sus mayorías y la Asamblea Constituyente aprobó cinco artículos sobre soberanía territorial, de los cuales el quinto prohíbe bases militares o instalaciones con propósitos militares en el territorio ecuatoriano.
La aprobación se dio en el marco del debate sobre la participación de Estados Unidos en los ataques de Colombia a las Farc en territorio ecuatoriano y del riesgo que corre Ecuador de ser involucrado en una guerra contra el narcotráfico que, si bien es una prioridad, la existencia de la base militar envía el mensaje de que los ecuatorianos no pueden ocuparse de sus asuntos y aceptan la intervención extranjera. "Es una decisión histórica en medio de tantas presiones y en el marco de la lucha por la conquista de nuestra soberanía", le dijo a CAMBIO la diputada María Augusta Calle, coordinadora de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración, quien ha sido el peón de brega de Correa en la Asamblea, y en los últimos días ha hecho noticia, no propiamente por sus logros políticos.
Por su parte, el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, le dijo a esta revista a mediados de abril que "Ecuador necesita de una fuerza militar y de unos servicios de inteligencia que no estén sujetos a intereses foráneos sino a objetivos nacionales". El Ministro coincide con analistas ecuatorianos que se oponen a la permanencia de la base, en que esta es un pivote del Plan Colombia, útil al proyecto geoestratégico de Estados Unidos, la llamada "Iniciativa Regional", es decir, la plataforma para eventuales intervenciones militares en cualquier lugar de América Latina.
El artículo que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano hace parte de la nueva Constitución que debe ser sometida a plebiscito aprobatorio el 29 de julio, y aunque algunos sostienen que Correa, su principal impulsor, no las tiene todas consigo porque sus niveles de popularidad han caído paulatinamente, entre abril y mayo, varios analistas ecuatorianos consideran que, en términos generales, el acuerdo de la llamada Forward Operating Location ha sido considerado por los ecuatorianos como un error y que por eso estarían de acuerdo si Correa decide no renovarlo.