Presidente duró una semana madurando la idea

El dispositivo para trasladar a Bogotá a los paramilitares no produjo una sola fuga de información. Foto: Efe

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EL MIÉRCOLES 7 DE MAYO, antes del mediodía, mientras el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', viajaba en un avión de la DEA rumbo a Estados Unidos, el presidente Álvaro Uribe citó de urgencia en la Casa de Nariño a los altos mandos militares y de Policía, así como a un par de funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia. En la reunión les dijo en tono grave que estaba tranquilo porque la extradición de 'Macaco' significaba el desmantelamiento de su organización, pero que estaba preocupado porque buena parte de los comandantes paramilitares seguían delinquiendo desde las cárceles y estaban burlando la Ley de Justicia y Paz. "No voy a aguantar más esto", advirtió el presidente  Uribe y antes de terminar la improvisada cumbre pidió a los altos mandos intensificar los controles en las cárceles de Bogotá, Itagüí y Barranquilla, donde estaban recluidos los jefes paramilitares.

Se reservó, sin embargo, comentarles la idea que venía madurando por obra de los informes que estaba recibiendo de los organismos de Inteligencia del Estado y otras fuentes sobre la falta de control en las cárceles y las actividades de los jefes paramilitares que violaban los acuerdos. Mantuvo en secreto su decisión de extraditar a los paramilitares cuyas extradiciones estaban suspendidas desde 2004 debido al proceso de negociación.

Cuarenta y ocho horas después, el Presidente citó a una reunión en la base militar de Catam a los mismos funcionarios y a dos asesores de Acción Social para que explicaran las razones del fracaso de la entrega de bienes al Fondo de Reparación. "Allí quedó claro que los paramilitares no habían entregado ni siquiera el 10% de lo que habían prometido", le dijo a CAMBIO uno de los asistentes.

Uribe reiteró su preocupación por el incumplimiento de los compromisos por parte  de los paramilitares y los asistentes a la reunión se dieron cuenta de que el Presidente estaba decidido a tomar determinaciones de fondo, como la extradición masiva de los jefes de las Auc. Minutos después, habló varias veces con el embajador de los Estados Unidos, William Brownfield, a quien le dijo que estaba dispuesto a la extradición de los jefes paramilitares pero con la condición de que su gobierno se comprometiera con las víctimas a devolverles los bienes que la Justicia estadounidense les incautara en el proceso. Brownfield reiteró el compromiso de su gobierno y del Departamento de Justicia, y acto seguido Uribe se reunió en privado con el director de la Policía, general Óscar Naranjo, para afinar los detalles de la extradición.

Posteriormente, Naranjo empezó a dar las primeras instrucciones: agentes de la Dijin debían rodear las cárceles donde estaban recluidos los jefes paramilitares. Por su parte, el Ministerio de Justicia inició una frenética carrera para tener listos los actos administrativos necesarios para legalizar la extradición de 14 de los 18 jefes de las Auc. Y Estados Unidos también se movió con rapidez: en la tarde del sábado 10 de mayo llegó a Bogotá un avión ATR 43 con 15 agentes de la DEA a bordo en el que trasladarían a los extraditados. El aparato fue parqueado en uno de los hangares de la terminal de la Policía Antinarcóticos. Los agentes de la DEA se dirigieron a la sede de la Embajada estadounidense.

La suerte está echada

El domingo 11, mientras el país celebraba el Día de la madre, el Presidente y la cúpula militar se reunieron de nuevo en Catam para definir los últimos detalles del traslado simultáneo de los detenidos a Bogotá. Una y otra vez, Uribe insistió en la urgencia de mantener en absoluto secreto la operación para evitar filtraciones que pudieran entorpecer la operación. Del plan solo estarían enterados, aparte de Mindefensa y la cúpula militar y de Policía, el ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín, el viceministro de Justicia Guillermo Reyes, y el director del Inpec, general (r) Eduardo Morales. "Fue tal la reserva del operativo, que ni siquiera los directores de las cárceles se enteraron de lo que iba a ocurrir", precisó a CAMBIO un funcionario que participó en la operación. 

 El lunes, agotados los trámites administrativos, dos grupos de agentes de la Dijin viajaron simultáneamente a Barranquilla y Medellín. A las 00:15 a.m. del martes fue ocupada la cárcel Modelo de Barranquilla, donde su director recibió la orden de entregar a Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40'; Hernán Giraldo, Nodier Giraldo y Eduardo Vengoechea.

Notificado sobre su traslado a Bogotá, 'Jorge 40' empezó a dar muestras evidentes de preocupación, se tocaba la barba una y otra vez, se movía de un lado a otro. Muy pronto se dio cuenta de que el traslado era solo un pretexto, que su suerte estaba echada, que lo esperaba la extradición. Entonces, repitió varias veces que el Gobierno los había engañado, que no había honrado su palabra de no extraditarlos. "Por cobardes negociamos y por eso nos están extraditando -dijo-. Esto lo hace Uribe para tapar los escándalos que se le vienen encima". Poco después, Tovar, los Giraldo y Vengoechea fueron llevados al Ernesto Cortissoz donde un avión de la DEA los llevó a Bogotá. Eran las 3:00 a.m.

El mismo camino

Al mismo tiempo que en Barranquilla cinco jefes paramilitares eran notificados de su traslado a Bogotá, en Itagüí otro grupo de la Dijin hacía lo propio con Salvatore Mancuso, Ramiro 'Cuco Vanoy', Diego Luis Arroyave, Edwin Mauricio Gómez, Martín Peñaranda y Guillermo Pérez Alzate que, sin embargo, debieron esperar varias horas porque el mal tiempo impedía el despegue del helicóptero que los llevaría del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín al José María Córdoba de Rionegro.

Contrario a lo que ocurrió en la cárcel de Barranquilla, en Itagüí no hubo sobresaltos. Mientras se cumplían los requisitos administrativos, los jefes paramilitares, sorprendidos, se cruzaban miradas en silencio. Solo cuando llegaron al aeropuerto en una tanqueta de la Policía, entendieron que estaban en la antesala de la extradición. Por lo menos así lo entendió Mancuso que, entre murmullos, dijo que el avión que los esperaba tenía matrícula gringa. Sin duda era una señal inequívoca de que sería entregado a la Justicia estadounidense. 

A esa misma hora, Diego Fernando Murillo, 'Don Berna'; Francisco Zuluaga, 'Gordolindo', y Manuel Torregrosa Castro eran trasladados de La Picota en Bogotá a la base militar de Catam.

A las 5:30 a.m., la primera parte de la operación había finalizado: los 14 extraditables estaban en Catam. El frío era intenso, la expresiones eran de desconcierto. Algunos hablaron mientras se tomaban un tinto. El general Naranjo llamó una vez más al presidente Uribe. Habían estado en permanente contacto mientras  se desarrollaba en sigilo la operación. Quince minutos después, el viceministro de Justicia Guillermo Reyes con unos documentos en mano, les notificó a los 14 capos la decisión del Gobierno de extraditarlos a los Estados Unidos, donde serían procesados en cortes de Washington, Nueva York, Miami y Houston.

El silencio era como de cortar con cuchillo. Ni murmullos, ni protestas, ni reclamos... "La cara de la mayoría era de impresión -dijo un oficial de la Policía que presenció la escena-. La hombría de algunos se vio menguada cuando vieron a los oficiales de la DEA acercarse para llevarlos hasta el avión". Otros se echaron la bendición y rezaron en silencio, mientras Francisco Zuluaga, 'Gordolindo', y Nodier Giraldo expresaban su complacencia de viajar a Estados Unidos para saldar de una vez por todas sus deudas con la Justicia.

El resto es historia. A las 6:30 a.m. del martes 13 de mayo, los otrora poderosos jefes paramilitares abordaron el avión ART 43 rumbo a Estados Unidos mientras la noticia se extendía como pólvora por el mundo entero. Al mediodía, el presidente Uribe, en una breve alocución, explicó las razones de la decisión:  "Algunos de ellos habían reincidido en el delito (...) otros no cooperaban debidamente con la Justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas". Aseguró que garantizaría esta reparación e insistió en que el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a cumplir los acuerdos de cooperación judicial. Amanecerá y veremos, pues en el pasado todo ha quedado en el papel.