Uribe le dio un golpe histórico a la mafia con la extradición de los jefes 'paras'

Los gestos de siete de los 14 paramilitares extraditados el martes 13 de mayo no dejan duda del desconcierto que les causó la sorpresiva decisión presidencial de enviarlos a Estados Unidos. Foto: Policía Nacional

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LA CAPACIDAD DEL PRESIDENTE Álvaro Uribe de sorprender a los colombianos no se agota. Las imágenes de los jefes paramilitares, esposados y en fila para subir al avión que los llevó rumbo a Estados Unidos en la madrugada del martes, difícilmente podrán borrarse de la memoria colectiva. El contraste entre la arrogancia con que ingresaron al proceso de paz en 2003 y el estupor que se veía en sus rostros humillados mientras les tomaban las huellas dactilares antes de abordar el avión, deja en claro el significado de estas extradiciones.

En el campo político, Uribe le dio un vuelco a la agenda. Estaba acorralado y a la defensiva por las vinculaciones de personas cercanas al escándalo de la parapolítica, por las revelaciones sobre la manera como se aprobó la reelección hace cuatros años y por la creciente pugna con la Corte Suprema de Justicia. El convulsionado ambiente ya empezaba a preocupar a sus propios seguidores. El editorial de El Colombiano del martes, por ejemplo, le solicitó al Jefe del Estado desistir de una nueva reelección y preguntó: "Si ya está lesionada la gobernabilidad por tantos corruptos y buen número de malquerientes, ¿cómo sería el panorama si se iniciara un tercer mandato?".

Con la audaz decisión de extraditar a parte de la cúpula paramilitar, Uribe se sacudió de varios fantasmas incómodos. El controvertido proceso de paz había suscitado inquietudes sobre compromisos del Gobierno para no extraditar y sobre intenciones ocultas para darles un tratamiento benigno. Más allá de cómo fueron los tratos iniciales con las Auc, y de las expectativas creadas, después del martes el Presidente tendrá sólidos argumentos para defenderse, en Colombia y en el exterior, de quienes lo cuestionaban por ser duro con la guerrilla y blando con los paramilitares. Ese sambenito quedó enterrado, incluso para una eventual campaña electoral en 2010, si se aprueba la reelección.

Desde el punto de vista judicial y penitenciario, las consecuencias de las extradiciones son muy positivas. Constituyen un golpe histórico al narcotráfico y al paramilitarismo. Mancuso, 'Jorge 40', 'Don Berna' y todos los demás seguramente recibirán condenas altas, entre 20 y 60 años, superiores al máximo de ocho previsto por la Ley de Justicia y Paz.

Las penas serán pagadas en celdas de verdad, sin beneficios ni posibilidades de comunicación entre ellos o con sus antiguos cómplices. Bajo las condiciones de reclusión que impone la justicia del 'Tío Sam', los ex comandantes paramilitares no podrán coordinar, como lo venían haciendo, las versiones que le presentan a la Justicia. Y sus expectativas de negociar deducciones serán mucho más limitadas de lo que han sugerido sus abogados, porque las leyes estadounidenses -las que regulan el famoso plea bargaining o negociación de penas- es flexible con quienes se someten a las autoridades por cuenta propia o con delincuentes de segundo nivel que aportan datos que ayudan a la captura de los capos, y ninguna de las dos condiciones se cumplen en los casos de los 14 paramilitares exportados a Estados Unidos este martes.

La otra dimensión que tiende a ser favorable para el presidente Uribe es la de la comunidad internacional. En Washington, donde siempre se han manifestado opiniones a favor de la extradición de todos los comandantes de las Auc -tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio-, Bush aprovechó la oportunidad para retar al Congreso y solicitarles a los demócratas la aprobación del TLC. Y en otros países, sobre todo de Europa, Uribe sacará la carta de las extradiciones cada vez que alguien salte y lo critique por su magnanimidad con los 'paras'.

No todos los resultados de la decisión presidencial, sin embargo, son benévolos. Las penas que recibirán los extraditados arrojarán un buen balance en términos de Justicia, pero pueden dejar en déficit las esperanzas de las víctimas en materia de reparación y de verdad. Y si hace 20 años la impunidad de los narcotraficantes era una preocupación esencial para los colombianos, ahora frente a los paramilitares también hay anhelos de favorecer a las víctimas. Ese fue el legado del complejo debate que se dio en el Congreso cuando se discutió en 2005 la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, y de la sentencia de la Corte Constitucional que la endureció y le puso dientes.

Al explicar su decisión de extraditar a la cúpula de las Auc, Uribe dijo que "los Estados Unidos han aceptado que el Estado y el pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país, a fin de continuar en la búsqueda de la verdad (...) y que la riqueza que los extraditados entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas". Sin embargo, no hay que hacerse demasiadas ilusiones sobre lo que se puede lograr en esta materia.