Mayo 14 de 2008
Uribe le dio un golpe histórico a la mafia con la extradición de los jefes 'paras'
El Presidente cambió a su favor la agenda política, pero las víctimas son las grandes perdedoras.
LA CAPACIDAD DEL PRESIDENTE Álvaro Uribe de sorprender a los colombianos no se agota. Las imágenes de los jefes paramilitares, esposados y en fila para subir al avión que los llevó rumbo a Estados Unidos en la madrugada del martes, difícilmente podrán borrarse de la memoria colectiva. El contraste entre la arrogancia con que ingresaron al proceso de paz en 2003 y el estupor que se veía en sus rostros humillados mientras les tomaban las huellas dactilares antes de abordar el avión, deja en claro el significado de estas extradiciones.
En el campo político, Uribe le dio un vuelco a la agenda. Estaba acorralado y a la defensiva por las vinculaciones de personas cercanas al escándalo de la parapolítica, por las revelaciones sobre la manera como se aprobó la reelección hace cuatros años y por la creciente pugna con la Corte Suprema de Justicia. El convulsionado ambiente ya empezaba a preocupar a sus propios seguidores. El editorial de El Colombiano del martes, por ejemplo, le solicitó al Jefe del Estado desistir de una nueva reelección y preguntó: "Si ya está lesionada la gobernabilidad por tantos corruptos y buen número de malquerientes, ¿cómo sería el panorama si se iniciara un tercer mandato?".
Con la audaz decisión de extraditar a parte de la cúpula paramilitar, Uribe se sacudió de varios fantasmas incómodos. El controvertido proceso de paz había suscitado inquietudes sobre compromisos del Gobierno para no extraditar y sobre intenciones ocultas para darles un tratamiento benigno. Más allá de cómo fueron los tratos iniciales con las Auc, y de las expectativas creadas, después del martes el Presidente tendrá sólidos argumentos para defenderse, en Colombia y en el exterior, de quienes lo cuestionaban por ser duro con la guerrilla y blando con los paramilitares. Ese sambenito quedó enterrado, incluso para una eventual campaña electoral en 2010, si se aprueba la reelección.
Desde el punto de vista judicial y penitenciario, las consecuencias de las extradiciones son muy positivas. Constituyen un golpe histórico al narcotráfico y al paramilitarismo. Mancuso, 'Jorge 40', 'Don Berna' y todos los demás seguramente recibirán condenas altas, entre 20 y 60 años, superiores al máximo de ocho previsto por la Ley de Justicia y Paz.
Las penas serán pagadas en celdas de verdad, sin beneficios ni posibilidades de comunicación entre ellos o con sus antiguos cómplices. Bajo las condiciones de reclusión que impone la justicia del 'Tío Sam', los ex comandantes paramilitares no podrán coordinar, como lo venían haciendo, las versiones que le presentan a la Justicia. Y sus expectativas de negociar deducciones serán mucho más limitadas de lo que han sugerido sus abogados, porque las leyes estadounidenses -las que regulan el famoso plea bargaining o negociación de penas- es flexible con quienes se someten a las autoridades por cuenta propia o con delincuentes de segundo nivel que aportan datos que ayudan a la captura de los capos, y ninguna de las dos condiciones se cumplen en los casos de los 14 paramilitares exportados a Estados Unidos este martes.
La otra dimensión que tiende a ser favorable para el presidente Uribe es la de la comunidad internacional. En Washington, donde siempre se han manifestado opiniones a favor de la extradición de todos los comandantes de las Auc -tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio-, Bush aprovechó la oportunidad para retar al Congreso y solicitarles a los demócratas la aprobación del TLC. Y en otros países, sobre todo de Europa, Uribe sacará la carta de las extradiciones cada vez que alguien salte y lo critique por su magnanimidad con los 'paras'.
No todos los resultados de la decisión presidencial, sin embargo, son benévolos. Las penas que recibirán los extraditados arrojarán un buen balance en términos de Justicia, pero pueden dejar en déficit las esperanzas de las víctimas en materia de reparación y de verdad. Y si hace 20 años la impunidad de los narcotraficantes era una preocupación esencial para los colombianos, ahora frente a los paramilitares también hay anhelos de favorecer a las víctimas. Ese fue el legado del complejo debate que se dio en el Congreso cuando se discutió en 2005 la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, y de la sentencia de la Corte Constitucional que la endureció y le puso dientes.
Al explicar su decisión de extraditar a la cúpula de las Auc, Uribe dijo que "los Estados Unidos han aceptado que el Estado y el pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país, a fin de continuar en la búsqueda de la verdad (...) y que la riqueza que los extraditados entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas". Sin embargo, no hay que hacerse demasiadas ilusiones sobre lo que se puede lograr en esta materia.
Aunque existen instrumentos para asegurar que los extraditados continúen colaborando, son engorrosos, lentos y costosos, y con la prontitud con que se concretaron las extradiciones no es posible que los gobiernos de Bogotá y Washington hayan tenido tiempo de acordar en detalle nuevos métodos de colaboración. Los que existen están planeados para la cooperación judicial normal, y las exigencias de justicia y paz con los paramilitares se salen de los parámetros conocidos. Y dependen de la opinión autónoma de los jueces estadounidenses.
Una inquietud más tiene que ver con el futuro de la parapolítica. Si las víctimas de las violaciones de los derechos humanos por parte de las Auc son los grandes perdedores..., los congresistas, empresarios y otros de sus posibles colaboradores son los principales beneficiarios. Es poco probable que desde las celdas de las cárceles estadounidenses, los paramilitares puedan estar disponibles para entregar testimonios en los procesos de estos últimos, o en otros que la Justicia abra en el futuro.
Las víctimas y los defensores de derechos humanos no se resignan a que autores de crímenes de lesa humanidad sean procesados solo por narcotráfico, aun si por este último delito terminan pagando más tiempo de cárcel. Si desde un punto de vista pragmático lo importante es la condena y los años de prisión, no es fácil aceptar la impunidad en que pueden quedar delitos distintos del narcotráfico. Algo que no tiene mucha importancia en la cultura anglosajona -Al Capone fue condenado por evasión de impuestos- pero que deja abiertas heridas muy profundas en Colombia.
PASANDO LA RAYA
POR EDUARDO CIFUENTES,
EX PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
El Presidente es director de las relaciones internacionales, pero no es juez interno. El Gobierno aduce que la extradición no es solamente un instrumento de cooperación internacional sino un medio para manejar el orden público. El Presidente, según esta tesis, sería amo y señor de dos esferas: la internacional y la interna. La extradición potenciaría la esfera del poder presidencial a expensas de la judicial. Esta tesis no es aceptable. Si un sindicado, privado de la libertad, delinque, su conducta debe ser investigada y sancionada por los jueces. El nuevo delito requiere de investigación y sentencia. El Presidente no puede dictaminar por sí y ante sí que alguien cometió un delito. No hay nada más contradictorio que contribuir a que en otro país se reduzca la impunidad y propiciar que en el propio ella aumente. Si los jefes paramilitares continuaban delinquiendo, la Ley de Justicia y Paz imponía la pérdida de los beneficios y, por consiguiente, resultaba obligatorio su traslado a la justicia ordinaria. La lucha contra la impunidad derivada de los delitos de lesa humanidad corresponde a una obligación internacional en virtud del Estatuto de Roma. De ahí que dilatar y dificultar la investigación de estos delitos en Colombia compromete la responsabilidad internacional del Estado colombiano. En particular, las dificultades concretas de autoridades y víctimas de los delitos de lesa humanidad, para poner fin a esa impunidad, obliga a considerar como puramente formalista el planteamiento según el cual la extradición es compatible con su investigación y juzgamiento. En la realidad de los hechos, no lo es. Debilitar la investigación de los delitos de lesa humanidad y la protección de las víctimas constituye la máxima afrenta a la dignidad de las víctimas y comporta un quebrantamiento del orden público tanto internacional como interno.
En suma, se ha acudido a un reforzamiento del poder presidencial que en lo internacional desconoce un compromiso de mayor jerarquía y que, en lo interno, crea y sigue alimentando la impunidad. Muchas veces el esplendor mediático que tanto nos sirve a los colombianos para mitigar nuestro justificado y radical rechazo a las Farc, nos lleva a ser indulgentes con las decisiones del Gobierno.
NO ES EL FIN DEL CAMINO
POR IVÁN CEPEDA
La extradición de los jefes paramilitares se produce en momentos en que avanzaban procesos de investigación que involucran a personalidades cercanas al Gobierno. En estas investigaciones están comprometidas personas que han ejercido labor parlamentaria pero también aquellas que han acompañado a Uribe en su carrera política, y en la coalición de Gobierno. Por eso las extradiciones intentan dejar en el silencio los elementos de verdad para esclarecer la parapolítica.
Hay que revisar por qué las extradiciones se dan cuando el proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz está llegando a la etapa de acusaciones en la que los jueces deberán producir las condenas y entrar a dilucidar incidentes de gravedad. Extraditar a los acusados implica coartar el derecho de la sociedad y las víctimas a la verdad y a la justicia. Cabe en esta coyuntura discernir si esas extradiciones son el resultado de un pacto de silencio e impunidad que se ha tejido a espaldas de la sociedad, y si las víctimas y sus organizaciones pondrán en marcha todos los procesos necesarios para evitar ante los tribunales de Estados Unidos que sus derechos sean mancillados.
La ejecución de las extradiciones viola los derechos de las víctimas, no solo a la luz de los preceptos constitucionales sino también de los compromisos adquiridos en tratados como el Estatuto de Roma que dio vida a la Corte Penal Internacional. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha informado, e informará, al fiscal de ese tribunal internacional sobre estos hechos y acudirá a todas las instancias necesarias que puedan contribuir a la realización plena de la verdad y la justicia en Colombia. No es el fin del camino para las víctimas. Las miles de familias que aguardan a que les revelen el paradero de sus seres queridos desaparecidos, los millones de desplazados que esperan la restauración de su ciudadanía, las comunidades que han padecido el horror y la muerte, no desistirán en su empeño de obtener justicia.