Uribe le dio un golpe histórico a la mafia con la extradición de los jefes 'paras'

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Aunque existen instrumentos para asegurar que los extraditados continúen colaborando, son engorrosos, lentos y costosos, y con la prontitud con que se concretaron las extradiciones no es posible que los gobiernos de Bogotá y Washington hayan tenido tiempo de acordar en detalle nuevos métodos de colaboración. Los que existen están planeados para la cooperación judicial normal, y las exigencias de justicia y paz con los paramilitares se salen de los parámetros conocidos. Y dependen de la opinión autónoma de los jueces estadounidenses.

Una inquietud más tiene que ver con el futuro de la parapolítica. Si las víctimas de las violaciones de los derechos humanos por parte de las Auc son los grandes perdedores..., los congresistas, empresarios y otros de sus posibles colaboradores son los principales beneficiarios. Es poco probable que desde las celdas de las cárceles estadounidenses, los paramilitares puedan estar disponibles para entregar testimonios en los procesos de estos últimos, o en otros que la Justicia abra en el futuro.

Las víctimas y los defensores de derechos humanos no se resignan a que autores de crímenes de lesa humanidad sean procesados solo por narcotráfico, aun si por este último delito terminan pagando más tiempo de cárcel. Si desde un punto de vista pragmático lo importante  es la condena y los años de prisión, no es fácil aceptar la impunidad en que pueden quedar delitos distintos del narcotráfico. Algo que no tiene mucha importancia en la cultura anglosajona -Al Capone fue condenado por evasión de impuestos- pero que deja abiertas heridas muy profundas en Colombia.

PASANDO LA RAYA
POR EDUARDO CIFUENTES,
EX PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

El Presidente es director de las relaciones internacionales, pero no es juez interno. El Gobierno aduce que la extradición no es solamente un instrumento de cooperación internacional sino un medio para manejar el orden público. El Presidente, según esta tesis, sería amo y señor de dos esferas: la internacional y la interna. La extradición potenciaría la esfera del poder presidencial a expensas de la judicial. Esta tesis no es aceptable. Si un sindicado, privado de la libertad, delinque, su conducta debe ser investigada y sancionada por los jueces. El nuevo delito requiere de investigación y sentencia. El Presidente no puede dictaminar por sí y ante sí que alguien cometió un delito.  No hay nada más contradictorio que contribuir a que en otro país se reduzca la impunidad y propiciar que en el propio ella aumente. Si los jefes paramilitares continuaban delinquiendo, la Ley de Justicia y Paz imponía la pérdida de los beneficios y, por consiguiente, resultaba obligatorio su traslado a la justicia ordinaria. La lucha contra la impunidad derivada de los delitos de lesa humanidad corresponde a una obligación internacional en virtud del Estatuto de Roma. De ahí que dilatar y dificultar la investigación de estos delitos en Colombia compromete la responsabilidad internacional del Estado colombiano. En particular, las dificultades concretas de autoridades y víctimas de los delitos de lesa humanidad, para poner fin a esa impunidad, obliga a considerar como puramente formalista el planteamiento según el cual la extradición es compatible con su investigación y juzgamiento. En la realidad de los hechos, no lo es. Debilitar la investigación de los delitos de lesa humanidad y la protección de las víctimas constituye la máxima afrenta a la dignidad de las víctimas y comporta un quebrantamiento del orden público tanto internacional como interno.

En suma, se ha acudido a un reforzamiento del poder presidencial que en lo internacional desconoce un compromiso de mayor jerarquía y que, en lo interno, crea y sigue alimentando la impunidad. Muchas veces el esplendor mediático que tanto nos sirve a los colombianos para mitigar nuestro justificado y radical rechazo a las Farc, nos lleva a ser indulgentes con las decisiones del Gobierno.

NO ES EL FIN DEL CAMINO
POR IVÁN CEPEDA

La extradición de los jefes paramilitares se produce en momentos en que avanzaban procesos de investigación que involucran a personalidades cercanas al Gobierno. En estas investigaciones están comprometidas personas que han ejercido labor parlamentaria pero también aquellas que han acompañado a Uribe en su carrera política, y en la coalición de Gobierno. Por eso las extradiciones intentan dejar en el silencio los elementos de verdad para esclarecer la parapolítica.

Hay que revisar por qué las extradiciones se dan cuando el proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz está llegando a la etapa de acusaciones en la que los jueces deberán producir las condenas y entrar a dilucidar incidentes de gravedad. Extraditar a los acusados implica coartar el derecho de la sociedad y las víctimas a la verdad y a la justicia. Cabe en esta coyuntura discernir si esas extradiciones son el resultado de un pacto de silencio e impunidad que se ha tejido a espaldas de la sociedad, y si las víctimas y sus organizaciones pondrán en marcha todos los procesos necesarios para evitar ante los tribunales de Estados Unidos que sus derechos sean mancillados.

La ejecución de las extradiciones viola los derechos de las víctimas, no solo a la luz de los preceptos constitucionales sino también de los compromisos adquiridos en tratados como el Estatuto de Roma que dio vida a la Corte Penal Internacional. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha informado, e informará, al fiscal de ese tribunal internacional sobre estos hechos y acudirá a todas las instancias necesarias que puedan contribuir a la realización plena de la verdad y la justicia en Colombia. No es el fin del camino para las víctimas. Las miles de familias que aguardan a que les revelen el paradero de sus seres queridos desaparecidos, los millones de desplazados que esperan la restauración de su ciudadanía, las comunidades que han padecido el horror y la muerte, no desistirán en su empeño de obtener justicia.