LA CORTE SUPREMA de Justicia le están lloviendo por estos días rayos y centellas. Desde el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, que habló de la "sevicia" de algunas decisiones contra congresistas vinculados a la parapolítica, hasta el propio presidente Álvaro Uribe, que les pidió a los magistrados mayor objetividad de sus fallos y no "abrirles las puertas a las tentaciones de la inestabilidad institucional", los altos funcionarios del Gobierno les han declarado la guerra a una de las instituciones más respetadas del país.

Nunca se había visto que los más altos dignatarios del Ejecutivo la emprendieran contra los órganos de Justicia que investigan a los congresistas por el escándalo de la parapolítica. La situación es de tanta gravedad, que el ex ministro Alberto Casas ha dicho en forma reiterada que es  "la peor crisis desde el 9 de abril".

El más reciente capítulo del enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte Suprema fue el pasado martes, cuando el Presidente compareció a las 9:00 a.m. ante la Comisión de Acusación de la Cámara para ratificar su denuncia contra el ex presidente de la Corte, César Julio Valencia, por injuria, que no tiene implicaciones penales, y retiraron el de calumnia, que sí las tiene.

El origen de la denuncia fue una entrevista de Cecilia Orozco, publicada en enero en El Espectador: el magistrado dijo que el Presidente lo había llamado el 26 de septiembre desde Nueva York para expresarle su molestia por las supuestas dádivas que el magistrado auxiliar Iván Velásquez -jefe de la comisión que investiga la parapolítica- estaría ofreciéndole a un ex paramilitar llamado 'Tasmania' para que declarara contra Mario Uribe y el propio Jefe del Estado, y que también le había manifestado su preocupación porque la Corte había llamado a indagatoria al senador, primo suyo. Uribe reconoce haber llamado a Valencia, pero niega que haya tocado el tema de su pariente. Y Valencia sostiene que uno de los propósitos de la llamada era interceder por el entonces senador.

Ante la gravedad de las acusaciones y el nivel de los  protagonistas -que descartaron la conciliación-, el asunto pasó a mayores y hoy está en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara donde, en la accidentada audiencia del martes, Uribe, exaltado, mostró su malestar y descalificó las acciones de la defensa de Valencia, encabezada por Ramiro Bejarano: "Nunca han aportado una sola prueba que demuestre que intercedí por el senador Mario Uribe, son leguleyadas". Y en la noche, en entrevista en RCN, aseguró que si le prueban que intercedió por su primo renunciaría a la Presidencia.

El florero

El detonador del enfrentamiento entre el Presidente y la Corte fue una declaración de Uribe en junio de 2006, durante la celebración de los 120 años del alto tribunal, cuando dijo que los únicos fallos intangibles debían ser los de la Corte Constitucional.

La declaración marcó un giro en la posición presidencial frente al llamado 'choque de trenes' y el malestar que produjo en la Corte Suprema quedó expreso en una entrevista que María Isabel Rueda le hizo al entonces presidente del alto tribunal, Yesid Ramírez, quien dijo que el Presidente había faltado a su palabra de respaldar a la Corte Suprema y al Consejo de Estado en el tema de las tutelas contra sentencias, e interpretó el cambio como la respuesta al fallo favorable de la Corte Constitucional a la reelección. Indignado, Uribe llamó a  Ramírez para protestar y la llamada terminó con el presidente de la Corte tirándole el teléfono al de la República.

Desde entonces, los fallos de la Corte que afectan directa o indirectamente al Gobierno son cuestionados por este, que los considera como palos atravesados en la rueda de su gestión. Entre ellos, el tema más caliente y sensible es la investigación de la parapolítica, que el Ejecutivo interpreta no como un proceso contra los congresistas aliados con los paramilitares, sino como un intento de acorralar al Gobierno por los nexos de sus aliados en el Congreso.

Pero no es el único. La sentencia de la Sala Penal de la Corte que negaba la posibilidad de considerar como sedición -delito político- los delitos de los paramilitares, fue descalificada por el Presidente como sesgada y enemiga de la paz, y algunos funcionario del Gobierno insinuaron que era una retaliación de la Corte con el Presidente por el enfrentamiento que ha sostenido con el magistrado Yesid Ramírez.