La Corte Suprema de Justicia tiene la palabra

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En resumen, el Presidente tiene casada pelea con la Corte y, concretamente con cuatro magistrados. Con Valencia Copete porque dijo que las llamadas del Presidente podrían considerarse como obstrucción a la Justicia; con Sigifredo Espinosa, entonces presidente de la Sala Penal, que respaldó a Valencia y a quien de paso Uribe le sacó en cara que había ido a Palacio a pedirle un favor personal; con Yesid Ramírez, por el cuestionamiento al cambio de posición sobre la tutela contra sentencias, y con Iván Velásquez, a quien denunció penalmente en la Fiscalía por supuestos ofrecimiento de prebendas a un desmovilizado para que declarara contra él y contra el senador Mario Uribe.

Las relaciones entre el Presidente y la Corte están rotas y el clima está muy enrarecido por las recientes declaraciones del Presidente y el ministro Holguín cuestionando la imparcialidad de la Corte. Además, la decisión del ex senador Mario Uribe de renunciar al fuero para no tener que enfrentarse a la Corte fue un mensaje en el mismo sentido.

Desde hace dos años, al menor pretexto, Corte y Presidencia se muestren los dientes. El último fue la decisión de la Sala Penal de condicionar las extradiciones de los ex jefes paramilitares a que hayan confesado sus delitos y reparado a las víctimas. El Gobierno, que considera que la decisión viola compromisos internacionales, le endilgó la responsabilidad al magistrado Yesid Ramírez, considerado por el Presidente como su más encarnizado opositor dentro del alto tribunal.

Fallos y fallas

La Corte Suprema vive un momento histórico y por eso está bajo la lupa de la opinión pública. Cualquier error que cometa desgasta su credibilidad. De ahí que episodios como los que reveló Semana en los últimos días sobre viajes y agasajos a los magistrados que fueron pagados por un misterioso personaje, Ascensio Reyes, que se mueve como Pedro por su casa en los altos círculos del poder judicial, hayan despertado todo tipo de suspicacias y dado papaya para que defensores del Gobierno y detractores de la Corte enfilen baterías y tiendan un manto de duda sobre el alto tribunal.

Uno de ellos, el ex ministro Fernando Londoño, en una reciente columna publicada en El Colombiano y El País, titulada Que la Corte explique, cuestiona ciertos comportamientos de la Corte y pide, entre otras, "que la Corte explique las amistades de algunos magistrados con Giorgio Sale (...) parte de la mafia italiana y activo militante del paramilitarismo", y advierte que "son muchos los asuntos sobre los que algunos magistrados deben explicaciones a la opinión nacional".

Los magistrados deberían saber que invitaciones, regalos, agasajos, contactos y algunas cosas más cosas más, podrían no encuadrar en lo que la propia jurisprudencia de la Corte califica como "razonables", y que respuestas como los que dio un magistrado sobre los cuestionados viajes -"No teníamos por qué ponernos en la tarea de averiguar quién corría con todos esos gastos"- son imperdonables y, además, del mismo tenor de los que han dado algunos de los congresistas que ellos han mandado a la cárcel. Razón tiene Néstor Morales en su columna del El Siglo este miércoles, cuando dice que la Corte no puede medir con una vara a los congresistas y con otra distinta -más laxa- a sus propios miembros.

En momentos en que el escándalo de la parapolítica está en un momento de máxima ebullición, los magistrados de la Corte deben moverse como gatos entre cristales. Cualquier paso equivocado puede minar su credibilidad. No caben la ingenuidad o la falta de precaución como excusa para comportamientos que, cuando se trata de congresistas, la opinión no vacila en calificar como actos de corrupción.

Es necesario que la Corte esté libre de toda sospecha y que renuncie a cualquier comportamiento que pueda despertar alguna sospecha. "La situación sería otra, si esta Corte fuera como la que fue inmolada en la toma del palacio de Justicia -dice el es fiscal Alfonso Gómez Méndez-. Recuerdo que una vez, su presidente Alfonso Reyes Echandía, rechazó una achiras que le llevaron de regalo, con el argumento de que los magistrados no debían recibir dádiva alguna, por insignificante que fuera, porque lesionaba la majestad de la Corte"