Reelección está en jaque

La relación entre Mario Uribe Escobar y Álvaro Uribe Vélez no es solo familiar: los dos iniciaron su vida pública en Antioquia y sus vínculos políticos son muy estrechos. Foto: Cortesía El Espectador

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PESE A QUE SUS abogados le reiteraban una y otra vez que la Fiscalía General no tenía pruebas suficientes para detenerlo, el ex senador Mario Uribe Escobar estaba seguro de que tarde o temprano le dictarían medida de aseguramiento y así lo dejó entrever el fin de semana pasado cuando les dijo a algunos amigos: "Yo no me dejo meter a la cárcel ni un solo día".

Fue lo que intentó el martes 22 en la mañana, a eso de las 10:30, cuando se presentó en la sede de la Embajada de Costa Rica en el norte de Bogotá, pocos minutos después de que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Marín, ordenara su captura por concierto para delinquir y pactar acuerdos para promover grupos paramilitares (ver artículo siguiente).

La orden de captura puso fin a una serie de especulaciones, incluida la posibilidad de que la Fiscalía precluyera la investigación por falta de pruebas, hipótesis alimentada desde las altas esferas por el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien había dicho con cierta seguridad en el programa Hora 20 de Caracol Radio, que le satisfacía mucho que el doctor Mario Uribe hubiera podido desvirtuar los cargos que se le imputaban, afirmación que el Fiscal General, calificó como "perversa".

En todo caso, el ex senador Uribe Escobar -que renunció a su investidura  para que su caso pasara de manos de la Corte Suprema a la Fiscalía y así obtener la doble instancia en caso de una decisión adversa- no pudo cumplir la intención de no dejarse meter en la cárcel un solo día. El mismo martes, el gobierno de Óscar Arias le negó el asilo político, argumentando que la solicitud era "improcedente". Costa Rica evaluó el hecho de que siendo Uribe Escobar primo del Presidente de la República, resultaba poco convincente el argumento de que era un perseguido político.

La decisión contra Uribe fue el momento más crítico de una de las peores semanas que ha vivido su primo Álvaro Uribe en sus seis años de mandato. Antes de que la Fiscalía ordenara la captura de su primo, la Corte Suprema les abrió investigación preliminar a Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta del Congreso y muy cercana al Presidente, y a Carlos García Orjuela, cabeza del Partido de La U y uno de los promotores de la segunda reelección. "Capturar a Mario Uribe es metérsele al rancho al Presidente", dijo a CAMBIO un senador liberal.

El Presidente atraviesa por su peor momento. El escándalo de la parapolítica se ha acercado mucho al Gobierno y, como si no fuera suficiente, volvió a salir del closet el fantasma del intercambio de votos por puestos que hizo posible la reforma del "articulito" que abrió paso a su reelección.

Yidis al ataque

La tortuosa semana presidencial estuvo marcada por las explosivas declaraciones de la ex representante santandereana Yidis Medina, quien afirmó a Noticias Uno que altos funcionarios del Gobierno habían adquirido compromisos burocráticos con ella a cambio de que, en la Comisión Primera de la Cámara, votara a favor del acto legislativo que establecía la reelección presidencial inmediata.

Las declaraciones de Medina pusieron en el ojo del huracán a altos funcionarios, entre ellos al ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, al ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez, y al ministro de Protección Social Diego Palacio, pues según ella fueron los que intervinieron para que cambiara su decisión inicial de votar contra la reelección.

La suerte de Medina y de los funcionarios y ex funcionarios del Gobierno dependería de las autoridades judiciales competentes que deben establecer si se configuró o no el delito de cohecho -el que dé u ofrezca prebendas a funcionarios públicos para que hagan o dejen de hacer algo que tenga que ver con sus funciones-, pues como lo advirtió la Corte Suprema el 23 de febrero de 2005 cuando profirió auto inhibitorio a  favor de Medina, en caso de que se verificaran los supuestos ofrecimientos del Gobierno Nacional "se debe perseguir penalmente en los dos extremos, tanto del que ofrece como del que recibe".