Abril 23 de 2008
Los verdugos del cacique
Los testimonios de Mancuso y de 'Pitirri' fueron definitivos para que la Fiscalía ordenara la captura del ex senador Mario Uribe.
A LAS 5:30 P.M. del lunes 21 de abril, el abogado Nodier Agudelo llegó al búnker de la Fiscalía para notificarse de una posible decisión del fiscal delegado ante la Corte Suprema, Ramiro Marín, en el proceso de uno de sus clientes más importantes: el ex presidente del Congreso, Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe. "Todavía no hay nada, doctor", le dijo un funcionario.
Agudelo viajó en la noche a Medellín convencido de que los rumores sobre una posible orden de captura contra su cliente carecían de fundamento. El martes, sin embargo, recibió una sorpresa doble. La orden de captura no solo era un hecho, sino que Uribe, que había dicho a sus allegados que se presentaría voluntariamente, cambió de planes y se refugió en la Embajada de Costa Rica en busca de asilo político.
José del Carmen Ortega, otro de los defensores del dirigente antioqueño, se encargó de los detalles y lo asesoró en la redacción de una carta en la que se declararía perseguido y sin garantías suficientes para enfrentar un juicio público. La decisión de Uribe de buscar asilo para evadir la acción de la Fiscalía causó enorme revuelo y a los pocos minutos la noticia ya estaba en las páginas web de importantes medios internacionales como The New York Times y El País de Madrid, y los analistas comenzaban a barajar hipótesis sobre las consecuencias que podría tener para el Gobierno y concretamente para el Presidente. "El escándalo alrededor del Presidente de Colombia se profundiza", decía el diario español en su página en Internet.
Qué dijo Mancuso
Tras seis meses de practicar pruebas, en medio de críticas sobre dilación del proceso, dos testimonios fueron definitivos para que el fiscal Marín considerara que había razones para ordenar la captura de Uribe, sin beneficio de excarcelación, por concierto para delinquir -"acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley": el de Salvatore Mancuso y el de Jairo Castillo Peralta, más conocido como 'Pitirri'.
El 15 de mayo de 2007, en una de las primeras audiencias ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso dijo que el senador Uribe Escobar lo había buscado en por lo menos dos ocasiones, para pedirle que le ayudara a conseguir votos en Córdoba y el noreste antioqueño, y citó como testigo de los encuentros a la representante Eleonora Pineda.
Y aunque meses después, el 23 de agosto, el ex jefe paramilitar intentó retractarse cuando el expediente aún se encontraba en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía no la aceptó como válida. En esa oportunidad, el ex jefe paramilitar aseguró que era él quien le había pedido a Pineda que le presentara a Mario Uribe, porque quería que fuera uno de los aliados del proyecto que tenían en mente las Auc para su desmovilización en busca de contribuir a la paz y terminar con la violencia.
Qué dijo 'Pitirri'
El 18 de septiembre, la representante Pineda confirmó el encuentro de Uribe con Mancuso, pero no logró convencer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que la llamaron a declarar de que ella era quien lo había promovido y que Uribe había ido prácticamente a ciegas. "Solo le dije con quién nos veríamos cuando llegamos a un sitio conocido como El 15, en Córdoba, donde la presencia armada comenzaría a hacerse notoria", declaró.
Contra los pronósticos de la defensa del ex senador, el fiscal Marín ponderó las declaraciones del controvertido testigo Jairo Castillo Peralta, 'Pitirri', ex integrante de las Auc de Sucre con un extenso prontuario criminal.
'Pitirri' fue interrogado el 14 de mayo de 2007 por delegados de la Corte Suprema que viajaron a Montreal, Canadá, donde vive desde hace dos años en calidad de testigo refugiado. Reunidos en una oficina federal de la Policía Montada, Castillo relató pormenores de dos reuniones en noviembre de 1998, en las que Uribe y emisarios de las Auc identificaron varios predios en La Mojana -entre Sucre, Antioquia y Bolívar, en los municipios de Caucasia, Majagual, Guaranda y Nechí- y según 'Pitirri' diseñaron un plan para apoderarse de ellos.
El plan de desalojo de los dueños u ocupantes de los predios -dijo el testigo-, quedó a cargo de Éder Pedraza Peña, jefe paramilitar de Sucre conocido como 'Ramón Mojana'. "Yo fui a las dos reuniones porque, con Giovanny Pedraza, hermano de 'Mojana', manejaba las finanzas del grupo que operaba en la región", dijo entonces el testigo.
El primer encuentro se habría realizado en Majagual, en la casa de Olegario Otero, un ganadero que figura en listas de financiadores y proveedores de armamento para grupos ilegales. Testimonios verificados por investigadores de la Policía Judicial confirmaron que entre los asistentes a esta reunión con Uribe -presentado por 'Mojana' como "un importante abogado"- estaban los hermanos Fabio y Gustavo Mejía, dos ganaderos que promovieron la creación de grupos de autodefensa para liberarse del acoso de la guerrilla, y un hombre conocido como 'Samuel', de quien solo se sabe que es ex oficial del Ejército, graduado como piloto, que entonces era instructor de paramilitares.
La segunda reunión habría tenido lugar en el Hotel Piscis de Caucasia. En ella estaban el dueño del establecimiento, un representante de Inversiones Pedraza que manejaba en la población hospedajes conocidos como "autohoteles", y el comandante de la Policía local. La versión que 'Pitirri' dio a los delegados de la Corte fue trasladada al despacho del fiscal Ramiro Marín.
En el inventario de bienes figuran las fincas La Alemania y La Chipa, en San Marcos, Sucre. La primera pertenecía a una familia de apellido Julio que, tras ser desplazada de la región, la dejó a cargo del administrador Rafael Zuleta, quien fue perseguido por los paramilitares y que, al parecer con la complicidad de autoridades judiciales, fue procesado como "auxiliador de la guerrilla". La Chipa fue vendida muy por debajo de su precio real. Ninguno de estos predios aparece a nombre de Mario Uribe.
La defensa de Uribe anunció que apelaría de la decisión. Si lo hace, y la Fiscalía confirma la medida de aseguramiento, se abrirá una etapa para la calificación del mérito del sumario. Al cabo de esta, el organismo investigador decidirá si dicta resolución de acusación contra el dirigente, es decir, si lo lleva a juicio o si, por el contrario, archiva el expediente.
Aunque un viejo aforismo indica que en política nunca está dicha la última palabra, el proceso penal parece señalar el fin de la carrera pública (ver recuadro) de un hombre que se abrió paso de la mano del hoy presidente Álvaro Uribe, y quien, por paradojas del destino, fue uno de los redactores en la Comisión Primera del Senado de la legislación penal que hoy se vuelve en contra suya.
MANCORNAS
La carrera política de Mario Uribe empezó en 1980 en Andes, su tierra natal. Allí llegó con listas propias al Concejo y logró acumular un capital político que, cuatro años después, le permitiría hacerse a un escaño en la Asamblea departamental y en 1986 a una curul en la Cámara de Representantes, en fórmula con su primo Álvaro Uribe Vélez, quien llegó al Senado.
Los dos empezaron su trayectoria política dentro del movimiento del cacique liberal Bernardo Guerra Serna, pero luego decidieron armar rancho aparte. Cuando Álvaro logró la Gobernación del departamento (1995-1997), Mario ocupó su curul en el Senado. Desde 1997 hasta 2007 fue reelegido en forma sucesiva. Renunció a la curul en octubre del año pasado, cuando la Corte lo llamó a indagatoria.
Atado políticamente al destino de Álvaro Uribe, fundó con este en 2001 el partido Colombia Democrática, por fuera del tradicional Partido Liberal, y luego buscaron el apoyo de otros partidos y movimientos para impulsar la candidatura de Álvaro a la Presidencia de la República. Como alfil del Presidente en el Congreso, fue uno de los ponentes del proyecto de Justicia y Paz, duramente criticado por la oposición.
La suerte que tuvo al ver hecha realidad la reelección de su primo, fue inversamente proporcional a la que habría de correr en el Congreso, donde no solo vio caer, uno tras otro, en el proceso de la parapolítica, a sus com-pañeros de lista en el Senado -Miguel de la Espriela y Álvaro García-, lo mismo que al representante Eric Morris y a muchos aliados, sino que terminó él mismo tras las rejas. El campanazo de alerta se lo dio la Corte el lunes, cuando ordenó la detención de Ricardo Elcure, quien ocupaba provisionalmente su curul. El martes, tras el frustrado intento de asilo, acabó detenido en el búnker de la Fiscalía.